Todo comenzó el sábado 13 de julio, con un video y una carta. Ambos documentos, el audiovisual y manuscrito, hablaban de lo mismo: Sebastián Piñera, el Presidente del país, planea hacer un corralito al dinero ahorrado para las pensiones. Es decir, años de ahorro podrían caer en una especie de cárcel financiera, igual como la de los argentinos tras la crisis de 2001, desde la cual nadie podría tocar o mover su propio dinero. El temor subió como la espuma y el video circuló rápidamente por cadenas de WhatsApp, acumulando más de 100 mil visitas en YouTube, mientras que la carta llenó las casillas electrónicas de nerviosos diputados y diputadas que no sabían bien qué estaban leyendo.
Ambos mensajes forman parte de una aparente campaña viral que busca alertar sobre el proyecto de reforma previsional del gobierno que se discute en el Congreso. Pero no del proyecto completo, sino que más bien de un par de sus artículos: el 23 y 35, que apuntan a regular los cambios de fondo, los que hoy se pueden realizar hasta en 4 días. De acuerdo a ambos registros, Piñera subió hasta 40 días ese plazo de traspaso entre fondos, y diputados y diputadas aprobaron aquello en la Comisión de Trabajo y Seguridad Social de la Cámara casi sin darse cuenta, cercenando así la libertad de los y las cotizantes para mover su dinero ahorrado desde uno a otro fondo.
El responsable de la viralización fue Gino Lorenzini, el dueño de Felices y Forrados, una empresa de asesoría previsional que basa su negocio, precisamente, en recomendaciones para cambiarse de fondo. Y por esa asesoría cobran una membresía, por lo que limitar la forma en cómo se cambian de fondo las personas, o entregarla a las AFP, afecta directamente el negocio de Felices y Forrados.
¿Pero se está tramando realmente un corralito financiero con el ahorro previsional? Gael Yeomans, diputada de Convergencia Social, partido del Frente Amplio (FA), y presidenta de la Comisión de Trabajo de la Cámara, dice que no.
“Hablar de días, es especulación. No aprobamos un plazo, eso lo debe dictar el superintendente”, explica Yeomans.
Efectivamente, el proyecto que fue aprobado en la Comisión de Trabajo y que ahora pasará a la Comisión de Hacienda, establece, en su artículo 35, que “la transferencia se materializará en el plazo que establezca una norma de carácter general de la Superintendencia”.
Pero Yeomans dice que el superintendente hoy ya “tiene las atribuciones para limitar el traspaso de fondos según su criterio y de forma discrecional. Lo que se aprobó fue establecer un marco mínimo en la ley para limitar al superintendente en sus atribuciones y que, cuando dicte esa norma, lo haga según los criterios establecidos en la legislación”.
Osvaldo Macías, titular de la Superintendencia de Pensiones (SP), plantea algo similar. De acuerdo a su versión, y contrario a lo que circula en el video y la carta que llegó a diputados, el proyecto de ley no habla de plazos en los cambios de fondos.
“Esta Superintendencia aclara que lo propuesto en los artículos que forman parte del proyecto de reforma previsional en ningún caso establecen períodos específicos para traspasar los fondos de pensiones de los afiliados y afiliadas, al tiempo que precisamos con claridad absoluta que la eventual elaboración de los reglamentos que ahí se plantean corresponderá analizarlo en su momento. Como ya se ha señalado, el proyecto en cuestión está en proceso de discusión y trámite legislativo”, dijo la SP, en una respuesta por escrito a El Desconcierto.
Sin embargo, el proyecto sí innova en una materia que cambia la forma en cómo conocemos hasta ahora la relación entre afiliados y AFP: de acuerdo al artículo 23 del texto que se discute en el Congreso, las AFP ahora deberán consultar periódicamente a sus cotizantes si desean o no permanecer en el fondo. De no contestar, las administradoras deberán trasladarlo automáticamente al fondo que les corresponda por riesgo y edad.
Ganó Piñera
Ambos cambios, el que establecerá la SP en términos de plazos y la nueva potestad de las AFP para cambiar de fondos a sus afiliados, son los que fueron aprobados por la Comisión de Trabajo y que ahora pasarán a la de Hacienda. Y, en efecto, cambian la relación de los afiliados con las AFP. Pero las modificaciones esenciales que propone el gobierno al sistema son otras; y esas también fueron aprobadas en la Comisión de Trabajo este mes.
Se trata, fundamentalmente, de la creación de un nuevo ente público para administrar el 4 por ciento de cotización adicional (al 10 por ciento actual). Dicho ente excluirá a las AFP y licitará entre otros privados, como administradoras de fondos, cajas de compensación y aseguradoras, la gestión de ese cuatro por ciento. Aquello, que fue aprobado con votos de parlamentarios socialistas y demócrata cristianos tras una negociación, es similar a la propuesta original de Piñera, pues mantiene la administración en empresas privadas, con fines de lucro y lógica de capitalización individual.
En efecto, pues en su primera propuesta de cambios al sistema previsional, Piñera buscaba que ese cuatro por ciento adicional fuera administrado por una serie de firmas financieras a elección del cotizante, y también bajo la lógica de la capitalización individual. Con lo aprobado el pasado 18 de julio por la Comisión de Trabajo, solo cambia la inclusión de un ente público que, básicamente, dicen sus críticos, se dedicará a levantar bases de licitación y sesionará de forma limitada.
Quienes aprobaron esos cambios en la oposición apuestan, según dicen, por avanzar en una discusión mayor: incluir un pequeño reparto en el 4 por ciento adicional, en el debate que se dará en la Comisión de Hacienda. Aquello, sin embargo, atacaría el corazón de la reforma y Piñera no parece estar dispuesto en avanzar en un sistema previsional de carácter solidario.
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