Luego de una jornada completa de debate el miércoles y el ritmo frenético que impuso el presidente de la Cámara de Diputados Iván Flores (DC) a la votación al día siguiente, finalmente se aprobó ayer en su primer trámite constitucional el proyecto de Modernización Tributaria, que seguirá en las próximas semanas su debate en el Senado.
Y mientras el Ejecutivo saborea la aprobación de la primera gran reforma estructural de la actual administración, 5 expertos tributarios ponderan su significado y valoran lo que salió despachado de la Cámara, al tiempo que dan luces sobre qué elementos deberían abordarse –o reabordarse- en lo que sigue.
Lo bueno
Uno de los elementos destacados por los expertos es que comienza a acotarse la incertidumbre que dominó la tramitación de la reforma, que cumplió un año en debate, justo en momentos en que precisamente es la incertidumbre la que domina en el entorno, como consecuencia de la guerra comercial entre EEUU y China.
Según Ignacio Gepp de Puente Sur, “la reforma tiene el espíritu correcto, a saber que a la economía y al ambiente de negocios hay que ayudarlo para que esos negocios generen crecimiento”. En esa línea, agrega que el diseño del Ejecutivo “entiende que a la inversión en Chile, por su ubicación geográfica, pequeño mercado interno, etc. hay que ayudarla”.
Desde esa lógica, complementa Joseph Courand socio de Tax & Legal de Deloitte, que si bien permite la equidad tributaria horizontal, “el beneficio que la re-integración puede tener a nivel de inversión, es más discutible ya que esto va a depender del destino que la van a dar los dueños de las empresas al ahorro de impuestos que obtienen”, sostiene.
Así, destaca otro de los mecanismos que propone la iniciativa del gobierno: la depreciación de activos fijos en 50% para el régimen general y de 100% para la Araucanía, por dos años. “La integración no es un mecanismo que incentive la inversión, existiendo otros que son más eficientes y directos como la depreciación instantánea, la reducción del impuesto corporativo, el otorgamiento de créditos fiscal para la adquisición de activos fijos o para inversiones vinculadas a innovación y desarrollo, entre otros”, afirmó.
Otro de los puntos destacables, a juicio de Rodrigo Benítez, socio Tax & Legal de BDO es la regulación de los servicios digitales que pasarán a ser gravados con el 19% de IVA. “Es una excelente medida para regular la economía digital y las nuevas plataformas de manera de tener certeza del tratamiento tributario que les corresponde” ya que “se iguala la cancha entre las empresas chilenas que prestan servicios digitales y las empresas extranjeras”.
Esto, a su juicio, pondrá presión sobre las empresas de manera que “las más eficientes se determinarán no por los impuestos que pagan si no que por el éxito de los sistemas que utilizan”.
Lo no tan bueno
Si bien no es un tema estrictamente tributario, la extensa tramitación dejó en evidencia dos factores gravitantes en la forma en que se desarrolló el debate: lo político y el entorno externo.
A juicio de Álvaro Moraga, socio de Moraga y Cía “el mercado está sumido en un pesimismo generalizado, lo cual es fruto más de percepciones que de realidades”, y en ese sentido “esta noticia es, por lejos, la mejor del año en materia pro inversión y pro crecimiento. Ahora solo falta que el Senado ratifique “.
La gran dificultad de aquello es que “el problema que tiene la reforma no es del proyecto en sí mismo, sino que es político. No hay conciencia en el mundo político que estos acuerden requieren amplios consensos y debates técnicos que permitan una política tributaria a largo plazo”.
Lo que debería reponer
Aunque queda mucho paño qué cortar todavía, para Soledad Recabarren de Recabarren y Asociados plantea que hubo dos temas que Hacienda debiera evaluar su reposición: las normas de término de giro y las normas de donaciones.
Esto, explica, porque lo primero “la norma fue redactada para ajustarse a un sistema integrado, hay que revisarlo en detalle, y presentar una indicación que haga aplicable esta norma de manera coherente con un sistema integrado”, mientras que respecto de lo segundo, “se establecía la posibilidad de pagar el impuesto a plazo en 3 años, esto era relevante para medianas empresas que se heredaban no tenían caja disponible tenía que vender la empresa para pagar el impuesto”. En ese contexto, afirma, “debería a lo menos insistirse”.
La tramitación de la reforma en el Senado debiera iniciarse la primera semana de septiembre.
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