El pasado 31 de diciembre, la red de colegios particulares subvencionados Alicante, despidió alrededor de 100 trabajadores con la excusa de que aumentaban los costos de parte de los empleadores, producto de una Ley interpretativa que busca igualar el derecho a descanso de los Asistentes de educación en relación a los docentes de establecimientos que se acogen a la gratuidad, municipales o particular subvencionados.
Según relata Melvin Velásquez, presidente del Sindicato Colegio Alicante de Puente Alto, el sostenedor argumentó la decisión de externalizar servicios porque con dicha ley aumentan los costos.
En ese sentido, Guido Crino, empresario de la educación, presidente de la Federación de Instituciones de Educación Particular, señaló que:
“Con esta ley, se incrementan el número de semanas de vacaciones. De tres, como lo establece el Código del Trabajo, el próximo año serán 11, entre enero, febrero y las vacaciones de invierno” y que la ley no incluye recursos para financiar los cambios.
Además, alega que reciben un financiamiento menor en 642 mil millones menos que los establecimientos municipales, omitiendo las cifras estratosféricas que han recibido con la red de colegios. Este alegato implica una exigencia hacia el Estado para hacerse cargo de lo que las empresas privadas no están dispuestas a pagar, dando nuevas razones del por qué la necesidad de poner fin al negocio educativo y que esta se rija por el financiamiento público basal, poniendo fin al subsidio a los privados.
En tanto, Melvin Velazquez señaló: “El empleador nos dijo que era un tema económico, porque la ley les subirá los costos. Pero esta ley es un acto de justicia, porque iguala las condiciones de los trabajadores. No es atendible el argumento económico, porque un colegio puede cerrar en enero y febrero. Esto no les iba a significar un costo”
Estas desvinculaciones asociadas a la intención de abaratar costos a través de la contratación de empresas externas, que mantienen trabajadores con sueldos miserables y un trabajo inestable, se dan en el marco de la crisis social que remeció las conciencias de trabajadores, jóvenes, estudiantes y pobladores, que cuestionan la herencia de dictadura que también se expresa en el código laboral y la existencia del subcontrato.
En vista de lo anterior, es que en lugares de trabajo como el GAM, o la Universidad Pedagógica se encuentran haciendo una campaña contra el subcontrato, poniendo como demanda el paso a planta.
También está el caso de la USACH, que el pasado 2 de enero las y los trabajadores de aseo de la universidad pasaron a ser contratados directamente por la universidad, luego de una larga lucha por el fin a la subcontratación en la universidad por parte del Sindicato de Aseo y estudiantes de la universidad.
Lo anterior son muestras del cuestionamiento a la externalización producto de que esto sólo va en beneficio de los empleadores que buscan abaratar gastos a costa de la precarización del trabajo que le toca afrontar a los trabajadores.