Eran cerca de 30 jóvenes los que este jueves esperaban sentados en una vereda de la Villa Olímpica, en Ñuñoa, por la decisión de la Asamblea Coordinadora de Estudiantes Secundarios (Aces). Se trataba de un grupo de hombres y mujeres jóvenes, cercanos a la mayoría de edad. Abundaban los pañuelos verdes y la ropa deportiva, los pelos decolorados, tatuajes y piercings. Adentro de la sede vecinal, la directiva de Aces, liderada por sus voceros, Víctor Chanfreau y Ayelén Salgado, preparaba los últimos detalles de su declaración pública. Iban a responder al gobierno, que el día anterior había anunciado la invocación de la Ley de Seguridad del Estado en contra de sus dirigentes por sus llamados “subversivamente eficientes” -según el documento- a boicotear la Prueba de Selección Universitaria (PSU).
A las 21 horas, se escucharon aplausos mientras se abrían las puertas de la sala principal. Siempre escoltados por otros estudiantes, los voceros caminaron hasta otra sala y se pararon frente a las cámaras de televisión. Dijeron que las amenazas no iban a detenerlos; que las movilizaciones seguirían en contra de las jornadas recuperativas de la PSU e hicieron un llamado para manifestarse en la Plaza Baquedano al día siguiente.
Detrás de los voceros había un lienzo blanco, con las letras de “Aces” en rojo y de “Chile” en negro. La elección de los colores podría ser accidental, aunque no por ello menos simbólica. Las banderas rojinegras representan la convergencia de las señas anarquistas y socialistas, pero en Chile remiten particularmente al Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR), una de las principales inspiraciones políticas para las figuras que han ejercido la vocería de Aces en la última década.
Representatividad
Uno de cada cuatro locales de la PSU quedó inutilizado durante los dos días de rendición de la prueba. De casi 300 mil alumnos inscritos para dar el examen, casi 40 mil no rindieron el de Lenguaje, 82 mil el de Matemática y 34 mil el de Ciencias; la prueba de Historia fue suspendida por filtración.
Los llamados más insistentes a boicotear la prueba emanaron de la Aces, en palabras de Víctor Chanfreau y Ayelén Salgado, sus voceros desde abril de este año. Si bien la oposición a este instrumento de admisión universitaria ha sido una de las demandas históricas de los secundarios, nunca se habían tomado las sedes, retirado los facsímiles e impedido el normal desarrollo de las jornadas.
El gobierno respondió con igual fuerza. La ministra de Educación, Marcela Cubillos, responsabilizó directamente a los líderes de Aces. Pocas horas después se presentó la denuncia ante el Ministerio Público, que designó al fiscal metropolitano Occidente, José Luis Pérez Calaf, como investigador responsable.
La presión de las autoridades sobre Aces ha provocado muestras de solidaridad dentro del movimiento secundario. Rodrigo Pérez, presidente del Centro de Estudiantes del Instituto Nacional (Cein), dice haberle enviado un mensaje de apoyo a Víctor Chanfreau después de enterarse de la denuncia. Pese a esto, Pérez cuestiona el protagonismo que ha alcanzado Aces en las últimas semanas. “Aunque compartimos las reivindicaciones que plantean y los métodos, si tenemos una queja es que se adjudican una representatividad que no tienen. Las movilizaciones han sido autogestionadas, autoconvocadas”, señala.
Aunque Cones también comparte el rechazo a la PSU, nunca se sumó enfáticamente a la “funa” y respetó la autonomía de sus 24 federaciones a lo largo del país. “Aces siempre ha sido más reaccionario. Nosotros creemos que las soluciones se encuentran conversando, si no la encontramos así, entonces nos movilizamos”, dice Valentina Miranda, su presidenta.
Ayelén Salgado, vocera de Aces, responde que estos cuestionamientos no vienen al caso, pues “hoy estamos siendo perseguidos políticamente y nosotros sabemos a quiénes representamos”.
Desde el denominado Bloque Secundario de los liceos emblemáticos, Pérez justifica su autonomía argumentando que Cones y Aces están cooptados. “Siendo sumamente transparente, la desconexión que existe entre los emblemáticos con estas organizaciones es por el partidismo político de ambos”, agrega Pérez. “En Cones se trata del PS y PC, y con Aces es la Unión Rebelde. Representan políticas de antaño”.
Rebeldes
Para Eloísa González, vocera de Aces en 2012, su organización se refundó en 2011, cuando los elementos más institucionales del movimiento secundario, como las juventudes comunistas y socialistas se retiraron de la asamblea y se agruparon en Cones. A partir de entonces, Aces siempre ha representado posiciones más insurrectas o disruptivas, bajo la creencia de que los pactos con el Estado (2000, 2006 y 2001) no cambiaron el modelo educativo de forma sustancial. “Es una camada que luego de eso ingresa a la universidad y es muy crítica de los partidos, de las organizaciones históricas, que luego constituyen el Frente Amplio, así que plantean construir alternativas políticas diferentes”, dice González, que entonces comenzó a articularse con otros antiguos representantes de Aces, como Gabriel Iturra y Damián Brito, para formar algo nuevo.
Ese movimiento se llama Unión Rebelde (UR), aunque en sus orígenes, en 2014, fue bautizada como Juventud Rebelde. Era un claro homenaje a la “Juventud Rebelde Miguel Enríquez” del MIR. A lo largo de la última década, la mayoría de los voceros de Aces, como Lorenza Soto, Diego Arraño y Amanda Luna Cea, han militado en Unión Rebelde tras salir de la educación media. Hoy también es el caso del propio Víctor Chanfreau, nieto de Alfonso René Chanfreau, mirista desaparecido por la Dina en 1974. “Varios de nosotros y nosotras venimos de familias que lucharon contra la dictadura, como el Víctor, por ejemplo, cuyo abuelo es detenido desaparecido, entonces hay un historial ahí que te empuja a un compromiso muy grande respecto de la lucha que se está dando”, explica González.
A pesar de la herencia mirista de Unión Rebelde, para González lo que se rescata es la matriz de su pensamiento, adaptada a los nuevos tiempos; persisten las ideas de poder popular, de un trabajo territorial lejos de la institucionalidad y de un uso de la violencia o coacción para determinados fines políticos, como ha ocurrido en el caso de la PSU. De ahí se explica que varios de sus militantes -como el propio Chanfreau- tengan antecedentes penales por desórdenes públicos y daños simples.
Tanto Chanfreau como González acusaron maltrato policial cuando fueron detenidos en noviembre de 2018, por protestar la muerte de Camilo Catrillanca afuera de la Dirección General de Carabineros.
Todas estas ideas se intersectan, además, con el “feminismo de clases”, que se afirmó tras un doloroso proceso de denuncias de 17 militantes mujeres por machismo, acoso y abusos sexuales, en 2017. Hubo bajas voluntarias, una investigación interna, nuevos protocolos y expulsiones.
Ese mismo año abandonaron el nombre de Juventud Rebelde -también adjudicada por otra facción mirista- y el movimiento pasó a llamarse Unión Rebelde.
Más allá de la denominación, el grupo ha protagonizado algunas de las manifestaciones más osadas de los últimos cinco años, ocupando el Patio de los Cañones de La Moneda (2016) o tomándose la sede del comando de Sebastián Piñera (2017).
Respecto de la influencia de UR en Aces, González asegura que la asamblea “siempre ha sido autónoma, porque tiene su patrimonio y camino propio”, pero reconoce que hay una historia común y que a muchos integrantes de UR “la Aces nos marcó como personas o como sujetos políticos hasta el día de hoy”.