“Garantizar un plebiscito seguro y participativo”. Como un mantra han repetido esa frase en las últimas semanas autoridades de gobierno, del Servel y del Congreso. A 69 días de la consulta nacional y ante la amenaza de posibles rebrotes de los contagios por coronavirus, el nivel de participación que existirá ese día se ha instalado como una preocupación en el mundo político.
De hecho, el objetivo de la reforma que esta semana podría convertirse en ley y que amplía las facultades del Servel, es que el organismo pueda dictar medidas sanitarias para evitar que las personas se contagien yendo a votar y que esa posibilidad no se convierta en un desincentivo para los electores, como ha ocurrido en otros países que han desarrollado comicios en medio de la pandemia.
En ese contexto, un grupo de senadores de RN, liderados por Francisco Chahuán -defensor del “rechazo”-, presentó la semana pasada una reforma constitucional que busca fijar un piso mínimo de participación, del 50% del padrón, para validar la inédita consulta constitucional que se acordó el 15 de noviembre entre diez partidos.
Y el tema tiene enfrentadas a las colectividades que firmaron ese histórico pacto: mientras en sectores de la UDI, RN y Evópoli dicen que el porcentaje de ciudadanos que concurra a las urnas tendrá un impacto en la “legitimidad” del plebiscito, la oposición rechaza lo que consideran una “maniobra” para aplazar el referéndum.
“Estamos en un proceso constituyente justamente porque se considera que la actual Constitución tiene un pecado de origen. Resulta contradictorio que no vaya a tener legitimidad con una baja participación”, dice la presidenta de la UDI, Jacqueline van Rysselberghe, mientras que el senador Juan Antonio Coloma recalca que “si estamos de acuerdo en que el plebiscito es muy relevante, admitamos que su legitimidad debería descansar en algunos de los espacios de participación más grande que se pueda plantear uno”. El legislador apunta a la última elección presidencial como referente, en cuya segunda vuelta votó un 49,02% del padrón.
En sectores de RN hay una mirada similar, pese a lo que declaró ayer el ministro Cristián Monckeberg -militante de ese partido- en entrevista con La Tercera. “El porcentaje de participación no es la regla para validar o no un proceso electoral”, sostuvo. Para Chahuán, en cambio, “tiene que haber un piso mínimo, porque no estamos definiendo cualquier cosa”.
El jefe de bancada de Evópoli, Luciano Cruz-Coke, quien también está por el “rechazo”, agrega que “nadie quiere indicar con el dedo el gran problema político que podría generar, en términos de legitimidad, una baja participación”. El parlamentario subraya que quienes más votan son quienes están entre la población de riesgo. Y, en ese contexto, dice que “hay que volver a juntarse y planificar bien una nueva fecha”.
Para la oposición, sin embargo, lo planteado por la centroderecha se trataría de un “intento desesperado” para mantener la actual Carta Fundamental. “Los mismos que se opusieron al voto obligatorio para el plebiscito pretenden cuestionar su legitimidad sobre la base de la participación”, sostiene el timonel del PS, Álvaro Elizalde, quien es enfático en señalar que si bien se deben “realizar todos los esfuerzos para un plebiscito seguro y participativo”, agrega que en ningún caso “el porcentaje de participación puede representar una excusa para cuestionar el resultado y legitimidad de este evento”.
Su par del PPD, Heraldo Muñoz, afirma que “este es un intento desesperado por descalificar políticamente el proceso constitucional, en caso que el ‘rechazo’ sufra una derrota contundente”.
Misma posición tiene la presidenta de RD, Catalina Pérez. “Si el oficialismo pretende instalar la legitimidad del plebiscito en torno a la participación, legislemos esta semana y restablezcamos el voto obligatorio, junto con garantizar que este 25 de octubre se contará con las medidas adecuadas para una participación segura y masiva”, advierte, mientras que el líder DC, Fuad Chahin, sostiene que “es una situación totalmente inexplicable y que demuestra mala fe”.
En la oposición, en todo caso, el tema genera inquietud. Y admiten, en privado, que un alto nivel de rebrotes en los contagios podría, eventualmente, obligar a aplazar el plebiscito, pero no a establecer un piso de participación. Para eso, sostienen que el 24 de septiembre debiera ser la fecha límite para tomar una decisión.
En paralelo, el gobierno sigue preparando una campaña para incentivar la asistencia a las urnas. El tema fue abordado ayer por el ministro del Interior, Víctor Pérez, quien fue consultado en Canal 13 sobre la opción de fijar un piso de participación. “Uno puede discutir todas las ideas, pero creo que ya pasó el tiempo (…). Las reglas están claras y establecidas, y esas son las reglas que hay que cumplir”, dijo.