Por Daniel Labbè, periodista
El teniente coronel de Fuerzas Especiales de Carabineros Claudio Crespo –hoy formalizado como responsable de los disparos que dejaron ciego de por vida al joven Gustavo Gatica– está lejos de ser el único responsable de uno de los hechos más brutales de represión policial que se ha conocido en el marco del estallido social.
Si hoy estos uniformados golpean, insultan, torturan y disparan a los ojos de otras personas, sabiendo que están siendo registrados por reporteros de medios de comunicación independientes que casi se han transformado en sus sombras, es porque se ha podido evidenciar que al interior de Carabineros existe todavía una suerte de cultura de legitimación de violaciones a los derechos humanos en función del restablecimiento del sagrado orden público.
Y lo mismo parece ocurrir con la autoridad política que –al menos en teoría– está por sobre los altos mandos de Carabineros, como la del ministro del Interior.
¿Es posible afirmar que el general director de Carabineros, Mario Rozas, o los ministros del Interior Andrés Chadwick y Gonzalo Blumel, desconocían el brutal actuar de Claudio Crespo a cargo de Fuerzas Especiales de Valparaíso durante el periodo del Movimiento Estudiantil?
Resulta demasiado generoso pensar que a Crespo le encargaron la represión de la Plaza de la Dignidad en Santiago, en medio del proceso de movilización ciudadana más importante y desequilibrante en términos políticos que ha conocido Chile en los últimos 35 años, en desconocimiento del prontuario con que cargaba el oficial tras su paso por la ciudad puerto.
“Crespo torturaba sistemáticamente a menores de edad en su zorrillo. Lo digo habiendo atendido como médico a muchas de sus víctimas a través de la Comisión Ética Contra la Tortura”, me señaló para una nota que publiqué sobre el oficial en 2018 en El Ciudadano el doctor Aníbal Vivaceta, respecto al actuar del uniformado durante el tiempo del Movimiento Estudiantil. En ese periodo, el facultativo pudo cubrir, además, la represión policial en el puerto como integrante del medio de fotoperiodismo Huella Digital.
“Detrás de la reja él me empezó a insultar, como sabiendo bastantes cosas de mí, como que yo hacía clases, que me juntaba a tomar café con mis estudiantes ‘terroristas’. (…) Se sube como encima de la reja y me levanta del cuello con una mano y me deja caer. Me dice que ya me va a pillar”, narró por su parte sobre Crespo la docente de la Universidad de Playa Ancha, Lorena Godoy, en el marco de otro artículo de mi autoría publicado en junio de este año en el medio Mural.
La instalación de Claudio Crespo al mando de la represión en la Plaza de la Dignidad en medio del estallido social puede leerse, entonces, sin culpa como un “merecido premio” a su actuar.
En ese sentido, la agudización de la violencia estatal en manos de miembros de Fuerzas Especiales post 18 de octubre de 2019 está en absoluta sintonía con lo expresado por el general director de Carabineros, Mario Rozas, cuando a poco andar del estallido social le garantizó a sus subordinados lo siguiente: «A nadie voy a dar de baja por procedimiento policial. Aunque me obliguen, no lo voy a hacer».
Una cultura de la impunidad que también quedó de manifiesto en estos días cuando el mismo general Rozas intentó infructuosamente homenajear a Rodolfo Stange, rebautizando a la Academia de Ciencias Policiales de Carabineros con el nombre de este integrante de la Junta Militar de Augusto Pinochet.
El problema, en el fondo, pasa porque en Chile no se reconoce –menos se defiende–la expresión de la disidencia a través de la manifestación y la protesta como un derecho de los ciudadanos, sino que se le enfrenta desde una criminalización que alcanza peligrosos niveles de deshumanización a manos de agentes del Estado.
Se trata de un escenario delicado también porque –aunque afortunadamente debilitada tras el estallido social– esta suerte de “cultura Claudio Crespo” ha conseguido permear a ciertos sectores de la sociedad que se suman a la distorsión y criminalización de la expresión de protesta a través de justificaciones oídas una y otra vez: «Quién lo mandó a protestar», «quizás qué estaba haciendo»…
Una práctica estatal-policial que, así como en épocas pasadas estuvo reducida a la figura del “enemigo interno” –el comunismo durante la dictadura o los mapuches en la transición–, hoy ha sido ampliada por la máxima autoridad del país, el presidente Sebastián Piñera, a toda la ciudadanía que se manifieste al margen de lo que se considere “pacífico”, con la imborrable declaración de guerra en contra de la población por representar “un enemigo poderoso que no respeta a nadie ni a nada”.
Mientras esa cultura continúe, mientras se perpetúen lógicas autoritarias heredadas del pinochetismo, mientras no se reforme a Carabineros en base a un actuar conforme a los derechos humanos, mientras en Chile una cuchara de palo y una olla sean vistos como “armas” y sigan siendo empatados con lacrimógenas, perdigones y balas, los Claudio Crespo que están esperando por su oportunidad continuarán no sólo cegando a los Gustavo Gatica o a las Fabiola Campillai, sino que a todo un país en su búsqueda de un ejercicio pleno del derecho a disentir.