Alarmante son las cifras que dejó el estudio elaborado por el Ministerio de Desarrollo Social, el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) y el Instituto Nacional de Estadísticas (INE), que durante todo julio encuestó a familias chilenas para medir y evidenciar los estragos socioeconómicos que ha dejado la crisis y la pandemia.
Los datos entregados evidencian que los estratos más bajos han sido los más golpeados: un 59.4% de los hogares en Chile han disminuido sus ingresos durante la emergencia, mientras que de ese porcentaje un 3.1% declaró que sus ingresos se redujeron a cero.
Esto ha tenido diversas implicancias en la vida de las familias trabajadoras, precarizando la salud y la alimentación. Un 65.6% declara haber postergado tratamientos de salud durante la pandemia, mientras que 54.6% de los hogares encuestados indica haber rebajado su gasto en alimentación para “ahorrar”, sumado a la interrupción del pago de servicios básicos (luz, agua, gas, teléfono, etc.) por parte del 44.1% de las familias.
En el periodo previo a la pandemia, se estima que a un 16,5% de las familias “no les alcanzaba”, mientras que hoy, en tiempos de coronavirus, el sondeo señala que un 48,8% de los hogares declara que “no le alcanza” para financiar sus gastos. Esto ha implicado un fuerte endeudamiento donde el 40% de los encuestados reconoce que se endeudó durante la pandemia, ya sea pidiendo préstamo o crédito a un banco u otra entidad financiera, a familiares, amigos, vecinos o conocidos, retiró dinero de una tarjeta de crédito o de casa comercial o usó una línea de crédito.
En la misma línea, la cesantía es igual o más alarmante, pues un 38,4% de los hogares disminuyó el número de personas trabajando. Las mujeres son las más golpeadas, entre el 30% y el 40% de los hogares de los dos más bajos quintiles con jefaturas de hogar femenina se encuentran desempleadas. Los más golpeado por esta crisis son los hogares liderados por mujeres y sobre todo quienes corresponden a los quintiles más vulnerables.
Mientras no sean los capitalistas los que paguen la crisis, seguirán siendo las familias trabajadoras y los sectores populares los que deban hacerse cargo de los costos y quienes se vean perjudicados, mientras las grandes fortunas chilenas siguen aumentando sus patrimonios, los principales grupos económicos amasan ganancias y mantienen sus bolsillos llenos, y las trasnacionales continúan saqueando nuestros recursos naturales.
Debemos luchar por una salida a la crisis desde la clase trabajadora, por no a los despidos y suspensiones sin sueldo, manteniendo íntegramente el salario; por la derogación de la ley de protección del empleo, que ha causado estragos con los despidos masivos, y por un sueldo mínimo igual a la canasta familiar de $500 mil; como también la medida de impuesto extraordinario a las grandes fortunas, para garantizar un ingreso de emergencia de $500.000 a todas y todos los más de 3 millones de trabajadores informales, para que ninguna familia pase hambre, ni ninguna penuria.