Durante las últimas semanas, municipios de la zona oriente de Santiago han realizado diversas propuestas y tomado medidas ante lo que llaman la “regularización” de las empresas de Delivery, dado el aumento del trabajo de reparto.
A través de un comunicado, Agrupaciones de Trabajadoras y Trabajadores de Reparto congregadas en la Mancomunal (MAREA), llamaron a las autoridades locales a generar una mesa de trabajo con las dirigencias de las y los repartidores con el objetivo de mejorar las condiciones laborales y al mismo tiempo no afectar esta fuente de empleo, que ha tomado mayor relevancia durante esta pandemia.
Además, piden considerar el aporte esencial de las y los repartidores, quienes durante la crisis sanitaria han debido arriesgarse a contagios de COVID19; a la delincuencia por la exposición en horarios de toque de queda, por calles solitarias y el aumento significativo de violencia hacia estos trabajadores/as.
Por lo mismo, y frente a las declaraciones de la alcaldesa de Providencia, Evelyn Matthei asegurando que: “si no quieren pagar impuestos en Chile, ¡que se vayan (empresas de Delivery)”, las Agrupaciones de Repartidores piden redireccionar el debate hacia la regularización de éstas como empresas comerciales y con deberes laborales con sus trabajadoras y trabajadores.
Servio Hernández, vocero de MAREA señaló que “Hay que tener mucho cuidado con ese tipo de opiniones, porque estamos hablando de una masa laboral de más de 10 mil trabajadores solamente aquí en Santiago. ¿Qué hacen esos trabajadores si las empresas se van? La solución para ese fraude empresarial que cometen las empresas de Delivery, está en regularizarlas como cualquier otra empresa comercial en un país: Las empresas deben hacerse responsables”.
Daniel Lara, vocero de Rider Unidos Ya, aseguró que “es indispensable facilitar una Mesa Técnica de trabajo donde participe el equipo municipal, la dirigencia de los trabajadores de reparto y los establecimientos o locales. Pero, además, deberían participar los directivos de las empresas para que sepan la realidad y se metan las manos a los bolsillos e inviertan en seguridad social de sus repartidores y que habiliten espacios en conjunto con los municipios. Se necesita un plan piloto y por eso, nosotros estamos abiertos a marcar un precedente desde la comuna de Providencia”.
Fernando Gallardo, vocero Agrupación Repartidores Penquistas señaló que “saludamos el llamado que hace la alcaldesa Matthei al resto de las autoridades para que tomen en cuenta y apuren el tránsito del Estado respecto a la regulación de este mercado. Como bien dice ella los impuestos deben ser con respeto a la legislación chilena, si viene cualquier empresa extranjera a invertir en el país, a ocupar mobiliario público o a generar complicaciones en la urbanidad, creemos que debe colaborar con el pago de impuestos para así resolver esas problemáticas que vienen aparejadas con el fenómeno de la Gig Economy. Por eso hacemos un llamado a apurar los procesos para regular el trabajo de aplicación para que una vez por todas tengamos nuestras necesidades básicas cubiertas por estas empresas, además de derechos individuales y colectivos”.
Andrés Segura, vocero de Ni Un Repartidor Menos Chile dijo que “estamos ocupados y preocupados de la regularización de las aplicaciones a nivel mundial. Estamos a disposición de la alcaldesa para aportar y trabajar con ella en lo que sea posible para regularizar y entregar una mejor calidad de trabajo para las y los trabajadores. Ya se acabó el boom de trabajar en APP’s solamente para tener un ingreso extra, desde la pandemia se empezó a notar que el sistema Delivery pasó a ser esencial, pero precarizado y las Aplicaciones no han dado ninguna respuesta”.
Pago de patentes
Frente la propuesta de los municipios de la zona oriente de Santiago respecto a establecer un sistema de patentes y registro, las agrupaciones de trabajadoras y trabajadores de reparto se OPONEN tajantemente a esta medida.
“¿Cómo es posible que las comunas más ricas del país propongan pagos a costa de los ya empobrecidos y precarizados repartidores? Podrían avanzar con espacios sanitarios o de descanso para colación dado que el trabajo de reparto es esencial para el comercio local y su buen funcionamiento podría traer beneficios directos en cuanto al fomento de empleo y las PYME. Sin embargo, decide optar por castigos a las y los trabajadores”, señalan las agrupaciones de la Mancomunal de Repartidores.
Y agregan que “la responsabilidad de ordenar el reparto y fiscalizar si las personas repartiendo cumplen con los recorridos es de las empresas (tras las APP’s), no de los repartidores de ir a los municipios a decirle a la autoridad que trabajan para un tercero. Tampoco creemos que deba estar entre las responsabilidades de los municipios el organizarles a las empresas de APP registros de sus trabajadores, de su producción y su plan de negocios. Somos trabajadores y trabajadoras, y es responsabilidad de las empresas proteger nuestros derechos”.
Asimismo, aseguran que, de existir voluntad por parte de los municipios para regular a las aplicaciones, lo primero que se debe exigir es que las empresas tras las APP’s reconozcan la relación laboral con sus trabajadoras y trabajadores.