Jorge Bermúdez, contralor general de la República, tiene las cifras claras: cuando asumió el cargo, a fines de 2015, al organismo recibía, en promedio, dos mil denuncias anuales por irregularidades administrativas. Y hoy, dice en tono firme, han llegado más de 35 mil. “Hemos tenido un aumento exponencial de los requerimientos de las personas respecto de hechos que ellos consideran irregulares”. Fue en base a este incremento sostenido de casos y por la segunda etapa de su plan estratégico, que la Contraloría realizó una consulta para conocer la percepción sobre la corrupción en el Estado. Y los resultados, dice Bermúdez a La Tercera, son decidores.
¿Por qué Contraloría ordenó este estudio?
Estamos trabajando en el nuevo plan estratégico, entonces queríamos tener una idea de qué se espera de una institución como la Contraloría. Saber si la gente espera que la Contraloría sea el organismo que tenga que también participar de la lucha contra la corrupción. Si tenemos que hacer alianzas con otros (organismos), qué es lo que le falta a la Contraloría para poder seguir haciendo su pega. Creo que esto permite comprobar que el tema de la corrupción, y la lucha contra la corrupción, es un tema que le importa a la ciudadanía. Es un tema muy importante para la gente, que subyace en muchos de los reclamos que se han hecho a propósito del último año en nuestro país. Y también uno puede sacar como conclusión que esto debería ser un tema que debería estar presente en la discusión constitucional. No me puedo imaginar una nueva Constitución sin un par de artículos, por lo menos, dedicados a la Contraloría, en una norma dedicada, por ejemplo, a la integridad pública, a la lucha contra la corrupción. Yo creo que va por ahí lo que debe (ocurrir) a partir de este estudio.
¿El combate de la corrupción debe ser materia de la nueva Constitución?
Exactamente. Pongámoslo en positivo: la integridad pública, la probidad, el principio de probidad, son temas que tienen que estar en la Constitución. Si bien es cierto hoy está consagrada la transparencia, la probidad, eso tiene que mantenerse, pero tiene que profundizarse en la Constitución. Y también tiene que haber una especie de sistema -o reconocerse como un sistema- de instituciones de lucha contra la corrupción. La Contraloría no es, ni puede convertirse en el único organismo que lucha contra la corrupción. De hecho, no lo es. Hay que entender que fuertemente nos dedicamos a esto, esa es nuestra orientación, pero tenemos que trabajar en conjunto con otras instituciones.
El estudio dice que una de cada dos personas fue víctima y/o testigo de corrupción. ¿Ha visto corrupción en la Contraloría?
Ninguna institución está exenta del fenómeno de la corrupción. Donde hay un poco del poder público o privado, puede darse una situación de corrupción o de abuso de este poder. Entonces, algunas de las medidas controversiales que he adoptado están en esta línea. Estamos tratando de tomar todos los resguardos para que eso no ocurra al interior de la propia institución.
Transparencia Internacional ubica a Chile en el lugar 26 del ranking mundial de Percepción de Corrupción. ¿Cree que el estudio genera una imagen peor de la que realmente hay?
Estos estudios muestran una percepción que existe, son una foto del momento y, por lo tanto, esto puede ir cambiando. Ojalá fuera cambiando para mejor. Nos ha ocurrido como país lo contrario, hemos ido cambiando para peor. Pero miro el lado positivo: hoy el tema se discute, lo estamos hablando. A lo mejor antes lo que hacíamos era poner un poquito las cosas bajo la alfombra o el ‘esqueleto en el clóset’, pero no se quería discutir el tema, nos hacíamos un poco el autoengaño de pensar que éramos un país súper íntegro, pero en realidad la práctica no era así, no era tanto (…) lo que la gente identifica como corrupción es la posición de poder en que se beneficia a alguien. Y esto me parece que es bien importante, porque es una señal para quienes están en posición de poder, yo incluido.
¿Faltan recursos y herramientas para que la Contraloría ataque este problema?
Hoy día la legislación se ha quedado corta respecto de estas situaciones de corrupción. Lo que nos falta son herramientas, y eso también lo dice el estudio. Por ejemplo, como Contraloría no tenemos acceso a las cuentas bancarias de los servicios públicos. No estoy hablando de la cuenta del funcionario, estoy hablando de la cuenta del servicio público. Por lo tanto, no podemos ir y pedir un estado de cuenta sobre la cuenta de remuneraciones de Carabineros de Chile o de un ministerio. No se puede hacer, a pesar de que es solo plata pública. Ahí tenemos un déficit tremendo para realizar nuestra labor. Hay que perfilar bien las facultades de la Contraloría, de cara a la discusión constitucional que viene. Hay que perfilar bien cómo quieres diseñar este órgano de control interno.
¿Aumentó la corrupción en pandemia?
Es difícil el control público en tiempos de pandemia (…). Acá estamos aplicando legislación de emergencia, y eso es súper relevante que lo tengan en la mira, donde el 99% de las compras por Covid se han hecho por trato directo. Esa es una tremenda alerta, respecto de la cual nosotros hemos tratado de fiscalizar, hemos hecho todo lo humanamente posible desde el punto de vista de la fiscalización y hemos innovado.