Tras 18 días de desacuerdos, y reunidos por el organismo fiscalizador, la empresa y los trabajadores de Aguas Andinas acercaron posiciones y llegaron a una solución.
Después de extensas jornadas de conversaciones, dirigentes sindicales y la gerencia de la empresa Aguas Andinas terminaron en forma exitosa una negociación que implicó poner fin a las tomas de los centros de pagos que los trabajadores mantenían desde el 14 de julio.
La solución fue conseguida gracias a la intervención mediadora del director de la Región Metropolitana Poniente, Jorge Meléndez, y del coordinador de Relaciones Labores, Max Álvarez.
El conflicto involucró a 600 afiliados a los sindicatos 1 y 2 de trabajadores y al sindicato de profesionales.
Los trabajadores consiguieron un reajuste de porcentaje variable para cada sindicato, en un rango del 2% al 4%, con un promedio del 3,2%; el pago de un bono de término de conflicto de $1.800.000, más un préstamo blando otorgado por la empresa. Otros beneficios, también solicitados en su pliego de peticiones y obtenidos, fueron las gratificaciones para Navidad y Fiestas Patrias; incremento en el bono de locomoción y aumento en el número de becas para los hijos.
Las acciones de la Dirección Regional Metropolitana Poniente del Trabajo para tratar de lograr un acuerdo habían comenzado el viernes 25 de julio. Ese día el Director Regional y el Coordinador de Relaciones Laborales se reunieron en el hall central de las oficinas de la Inspección Provincial del Trabajo de Santiago con más de 20 dirigentes de los sindicatos en paro. Entre estos últimos participaron los presidentes de los sindicatos de trabajadores -Víctor Navarrete, Héctor Triviño y Carlos Salgado- y el del sindicato de Profesionales y Técnicos, Pedro Sepúlveda.
Esta reunión permitió que los trabajadores abandonaran la toma del edificio principal de Aguas Andinas, y que los representantes de la empresa se sentaran a la mesa de negociación propuesta por la Dirección Regional del Trabajo, la que comenzó el 28 de este mes.
Dado que se trataba de dependientes de una empresa de utilidad pública, los trabajadores tenían prohibición de ejercer derecho a huelga y, por lo mismo, en caso de no llegar a acuerdo, deberían haberse sometido obligadamente a un arbitraje.
Como originalmente los puntos de ambas partes estaban muy distantes, la mediación de oficio de la Dirección del Trabajo buscó un acercamiento, logrando allanar el camino para la resolución del conflicto, actuación que fue valorada por los actores laborales involucrados.
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