Durante la Comisión de Salud, los senadores recibieron la propuesta del gobierno para continuar con la tramitación del proyecto que suspende las alzas de los planes de salud durante el estado de excepción. Sin embargo, el Ejecutivo, y de manera «sorpresiva», presentó indicaciones que avanzan en regular mediante un indicador estipulado por la Superintendencia de Salud las alzas de los planes y dejar sin efecto la subida de precios postergada durante 2020 y que está próxima a aplicarse.
El miércoles en la Comisión de Salud del Senado, el superintendente de Salud, Patricio Fernández, comunicó a los presentes cuál era la postura que había tomado el gobierno frente al proyecto -ya aprobado en general por los diputados- que busca suspender, durante la vigencia del Estado de Excepción Constitucional de Catástrofe por Pandemia, la facultad de las isapres de modificar el precio base de los planes de salud.
A dicha moción, el senador Rabindranath Quinteros (PS), con el apoyo de su par de la DC, Carolina Goic, y del PPD, Guido Girardi, introdujo una indicación que buscaba suspender de manera permanente la facultad autorregulatoria que disponen -hasta ahora- las isapres para elevar los precios. Un punto que en el sector de las aseguradoras privadas de la salud ya estaba en “análisis”,
Y la respuesta del gobierno, comentan algunos de los senadores, fue sorpresiva. Fernández explicó que, con ciertos cambios, patrocinarían dos modificaciones relevantes. Lo primero es que será la Superintendencia de Salud, como entidad regulatoria, la que fijará anualmente un indicador de la variación porcentual máxima que las aseguradoras podrían -si procede- aplicar a los precios de los planes.
“Será en base a la variación de los costos de las prestaciones de salud, de la variación experimentada en la frecuencia de uso de las mismas y la variación de uso de subsidios por incapacidad laboral (licencias médicas)” con respecto a los últimos tres años, detalló el superintendente.
También se tomará en cuenta la incorporación de nuevas prestaciones, el uso de la modalidad libre elección y cualquier otro parámetro que sirva para la contención de costos en salud.
De prosperar la indicación, las aseguradoras quedarían impedidas de la potestad que actualmente disponen para subir anualmente los precios.
Fernández también agregó que, en una indicación transitoria, el gobierno se abre a dejar sin efecto el ajuste de precios que las isapres postergaron el 2020 -a raíz de la emergencia sanitaria- y que comenzará a aplicarse en los próximos meses. Una medida inédita, plantean quienes conocen de este tema.
Tras la sorpresiva propuesta del gobierno, el presidente de la comisión, senador Quinteros, citó a una sesión extraordinaria a las 15 horas de ayer para votar las indicaciones, donde se aprobaron las propuestas del Ejecutivo.
“Estoy convencido de que la salud es un derecho, no estoy en contra de lo privado, pero para mí al menos debe ser complementario. Hoy diariamente hay más de 600 reclamaciones contra las alzas, y la verdad fue una grata sorpresa que hayan accedido a la indicación que presentamos de que se suspenda de manera permanente la facultad de autorregularse”, explica el parlamentario.
Tras la aprobación, la senadora Goic aseguró que “acá no se podían seguir tolerando situaciones abusivas para los afiliados, esto pasa por entender que no se deben seguir postergando estas discusiones. Y que si las isapres quieren permanecer en términos de seguros privados, tienen que entender que se debe avanzar en aportar a la seguridad social. Esto no puede ser regulado como cualquier negocio”.
El exsuperintendente de isapres y académico de la U. Andrés Bello Héctor Sánchez explica que “el indicador de los precios es una propuesta antigua, de Jaime Mañalich, en su primer período. No hubo acuerdo político en ese entonces. Me parece que es necesario que, en definitiva, se regule por ley el aumento de precios, sobre todo en períodos tan críticos. Sin embargo, la iniciativa que plantea el gobierno está llegando tarde. Mi reparo es que las isapres son determinantes en el aumento de frecuencia de uso de las prestaciones y no me parece razonable como solución”. Sobre ese punto, el académico apuntó a que la medición, al considerar el aumento de la frecuencia de uso del sistema, sería inflacionaria y no iría en la dirección de hacer una contención de costos.
Por otro lado, la directora ejecutiva de Politopedia, Victoria Beaumont, quien analiza políticas públicas en salud, asevera que este escenario, en materia regulatoria de la salud privada, “es inédito”.
“Esto genera, a mi juicio, ciertas complicaciones: son dos años en que las isapres no van a reajustar sus precios, sumando que ya comprometieron eliminar el alza del período 2021-2022. Por lo tanto, esos dos años que no reajustan van a tener un tremendo desafío, porque lo que estamos viendo es que hay una tendencia de reactivación de las prestaciones”, comenta.
Beaumont concluye que “lo que estamos viendo es que hay una tendencia de reactivación al sector prestador. Nuestros cálculos indican que si bien el año pasado hubo una baja significativa de prestaciones hospitalarias, no significa que haya habido costo cero, porque la licencia médica tuvo un alza de costos importante. El ministerio ya está tomando decisiones de empezar a abrir la oferta, por ejemplo en cirugía mayor ambulatoria, activando el sector. Y cuando se empieza a activar el sector va a haber mayor gasto. Esta indicación está dejando sin efecto el alza 2020-2021 y ya de antemano les estás diciendo que no van a poder subir sus precios más que el promedio de los últimos tres años, dictado por la superintendencia”.
Fuente: La Tercera