La respuesta de Piñera ante fiscalía por caso de lesa humanidad

En su testimonio de 11 carillas, y al que tuvo acceso La Tercera, el Mandatario detalló al Ministerio Público que no hubo por parte del gobierno “ninguna advertencia concreta y específica» que previera los hechos ocurridos el 18 de octubre de 2019. Consultado por la fiscalía sobre su frase «estamos en guerra ante un enemigo poderoso», explicó que se trató de una alocución retórica y que no se refería a los manifestantes.

El 19 de julio, el Presidente de la República, Sebastián Piñera, declaró en calidad de querellado ante la fiscalía. Lo hizo en el marco del caso en que investigan eventuales delitos de violaciones a los derechos humanos durante las manifestaciones del estallido social y el rol de las autoridades ante acusaciones de delitos de lesa humanidad.

En su testimonio de 11 carillas, al que accedió La Tercera, el Mandatario detalló al Ministerio Público que no hubo por parte del gobierno “ninguna advertencia concreta y específica sobre un desenlace de hechos como los vividos el 18 de octubre de 2019?.

Agregó que el entonces ministro de de Defensa, Alberto Espina, le informó que “habían antecedentes” de “probablemente la Unidad de Inteligencia del Ejército”, en que “se daba cuenta que habían ingresado al país ciudadanos extranjeros, principalmente cubanos y venezolanos, que podrían haber participado en hechos de violencia. Yo le pedí que esos antecedentes los pusiera en poder de la fiscalía”.

En esa línea aclaró, eso sí, que la decisión de decretar el estado de emergencia no tuvo nada que ver con ese informe y que se relacionó al estado grave de alteración del orden público.

Ante la pregunta de la fiscalía respecto a las querellas presentadas en su contra por delitos de lesa humanidad y qué podía responder frente a esta imputación, Piñera contestó que “de parte del Presidente por razones de formación familiar y de valores, el respeto irrestricto a los derechos humanos ha sido una constante en mi vida”.

Agregó que “en consecuencia, cuando ocurren los hechos del 18 de octubre y conocemos una violencia inusitada en las calles, que provoca la superación de las fuerzas de orden público, tomo la decisión de adoptar el estado de emergencia constitucional. Desde ese mismo momento, mi preocupación principal fue cómo recuperar el orden público y, al mismo tiempo, garantizar el respeto por los derechos humanos”.

Piñera profundizó en esta idea, planteando que “las decisiones buscaron compatibilizar esos dos objetivos y por eso se adoptaron una serie de medidas (…) más aún, antes del 18 de octubre el respeto de los derechos humanos fue una preocupación permanente de nuestro gobierno”.

Más adelante fue consultado sobre cuál fue el propósito de la frase “estamos en guerra contra un enemigo poderoso”, que pronunció el 20 de octubre de 2019: “Nunca se acordó expresar esa frase en ningún comité comunicacional o político del gobierno. Es una frase retórica, no literal, que ocupo con mucha frecuencia. Suelo decir que estamos en guerra contra el Covid, contra el narcotráfico, contra la pobreza, procurando así identificar males que hay que combatir”.

Explicó que ese día fue a una reunión en las dependencias de las Fuerzas Armadas en la que estaba el ministro de Defensa, el comandante en jefe del Ejército y el jefe de la Defensa. Indicó que a la salida de esa reunión hizo una declaración en la que reafirmó el compromiso del gobierno a resguardar el orden público. “Yo me estaba refiriendo a la violencia y destrucción y no, por cierto, a los manifestantes. De hecho, en esa misma declaración hago un reconocimiento y valoración del derecho de la manifestación pacífica de los ciudadanos”.

Además, consultado si existió coordinación con el Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) y si en especial se les preguntó por el número de querellas por lesionados y con trauma ocular, el Mandatario sostuvo que “el ministro del Interior frente a este tipo de hechos solicitaba información a Carabineros, al INDH y al Minsal, los cuales entregaban información acerca de los hechos, denuncias y querellas. El Gobierno pedía esta información para evaluar la situación, para corroborar información, que a veces era confusa y contradictoria, y para asegurar el objetivo de respeto a los derechos humanos de todos”.

Fuente: La Tercera