Tasa de sindicalización bordea el 20% tras implementación de Reforma Laboral

Uno de los objetivos centrales de la Reforma Laboral es el de fomentar la sindicalización y la negociación colectiva como una herramienta de diálogo social, que permita a trabajadores y empleadores decidir conjuntamente diversos aspectos de las condiciones laborales al interior de la empresa. De acuerdo a un primer balance del Gobierno de la nueva legislación que partió el 1 de abril, ya se observan avances en esa materia.

Para medir los cambios en las relaciones colectivas tras la reforma, el Ministerio del Trabajo consensuó 214 indicadores, con frecuencia de medición anual y semestral. Algunos ya eran medidos antes de la nueva ley y otros se están construyendo ahora. Los indicadores ya medidos hoy llegan a 55.

A tres meses de la implementación de la iniciativa legal, los números ya disponibles muestran algunos ajustes en la tasa de sindicalización.

La también llamada densidad sindical, que es el ratio entre la población afiliada a sindicatos activos y la fuerza de trabajo con potencial de sindicalización, a junio de 2017 subió levemente a 19,8% desde el 19,5% registrado en diciembre de 2016. Dicha medición incluye a asalariados del sector privado y personal de servicio.

Previamente en la encuesta Casen de 2015 se había informado que el porcentaje de densidad sindical se situaba en 13,2%. Esa cifra se calculó sobre una muestra de 266.968 personas en hogares, incluyendo a trabajadores de empresas privadas, públicas y trabajadores de servicio doméstico puertas afuera.

El promedio de sindicalización de los países que integran la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) durante 2014 llegó a 16,7%, aunque con una gran varianza. Algunas naciones, como el caso de Francia, Turquía y Estonia muestran tasas de un dígito, mientras en el otro extremo, Noruega y Suecia registran porcentajes superiores al 50%.

Según los mismos registros de la cartera del Trabajo, la tasa de sindicalización ha mostrado un crecimiento de más de tres puntos en los últimos tres años y medio, desde el 16,2% de diciembre de 2013 al 19,8% de junio de este año. En ese período ya se conocía el programa de gobierno de la entonces presidenta electa Michelle Bachelet, que consideraba el fortalecimiento de las organizaciones sindicales, y en diciembre de 2014 comenzó el debate legislativo de la Reforma Laboral.

 Los indicadores también muestran que si se añaden los empleados asalariados del sector público, el nivel de densidad sindical sube a 20,7%.

Por otro lado, la sindicalización en mujeres llega a 20,6% y en el caso de los hombres a 19,3%.

Cobertura

En otra área clave sobre las que impacta la Reforma Laboral, se observa que la cantidad de trabajadores cubiertos por un instrumento colectivo suscrito varió de 6,5% en diciembre de 2016 a 11,1% en junio de este año. De acuerdo a la información recopilada por la OCDE, el promedio para los países de la organización de trabajadores asalariados cubiertos por acuerdos negociados colectivamente, es del 53,6%.

La proporción de empleados cubiertos por un instrumento negociado por un sindicato asciende al 93%, mientras la proporción de trabajadores amparados por acuerdos de grupos negociadores se sitúa en 6%.

 En los datos del Ministerio del Trabajo también se observa que la variación en la cantidad de sindicatos vigentes mostró a junio una leve alza de 0,6% y los trabajadores afiliados a una organización de este tipo experimentaron una variación de 0,4%.

Asimismo, la proporción de sindicatos de empresa o establecimiento se mantuvo en 62,6%. En tanto, la proporción de sindicatos interempresa -organizaciones a las que la reforma les dio titularidad para negociar colectivamente- subió 0,3 puntos porcentuales a 11,4% en junio. La proporción de trabajadores afiliados a una organización interempresa se situó en 17%.

Por otro lado, el ratio de mujeres que son parte de directorios sindicales frente al número total de trabajadores en directorios de ese tipo, alcanzó a junio un 34%.

En su última sesión de junio, el Consejo Superior Laboral, organización tripartita que creó la nueva ley, acordó entregar en abril de 2018, cuando la reforma cumpla un año desde que entró en vigencia, un informe donde se hará un balance general a través de los indicadores. El documento será expuesto en las comisiones de Trabajo del Congreso.

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