Por Raúl Requena/Sociólogo-Consultor Director Programa Laboral Fundación Progresa
Los progresistas relacionamos reforma laboral con pacto social, cuyas cláusulas incluyen consensos sobre lo que pueden y deben hacer empleados y empleadores en materia laboral, social y económica. Es una idea común en los países miembros de la OCDE.
Pero toda reforma o pacto se afirma en la confianza.Según la OCDE, sólo un 13% de la población en Chile confía en las demás personas, muy por abajo del promedio regional que alcanza el 59%. Esto impide mejores acuerdos entre empleados y empleadores. La reforma debe servir para acabar con la desconfianza y desigualdad.
Un pacto social va más allá de una reforma laboral común. Se trata de lograr consensos sociales y políticos sobre el rol de la empresa y los trabajadores, es un diseño claro y consensuado de una ruta de navegación de mediano y largo plazo.
En el actual momento de la economía nacional, expresado por una desaceleración del crecimiento, el contexto para grandes reformas es reducido; sin embargo, no podemos olvidar que en los últimos 20 años Chile ha sido uno de los 25 países que más ha crecido a nivel mundial y regional. Es además, según OIT, el país con mayores grados de formalidad laboral en América Latina. Entre 1990 y 2013 Chile cuadruplicó su ingreso per cápita, situándose en la categoría de países de ingresos altos.
No obstante el crecimiento, en muchas empresas no se respeta la legislación laboral, generándose un obstáculo para la existencia de un sistema laboral justo. Sin embargo, la idea de una reforma laboral encuentra hoy un ambiente favorable en el país. Al menos dos razones explican aquello. Por un lado, la evidencia de que las buenas prácticas laborales constituyen una eficaz herramienta de contención ante los efectos nocivos de la desaceleración. Por otro, el convencimiento de que una adecuada reforma respaldada por una enérgica fiscalización, contribuye a la equidad y el desarrollo productivo.
¿Qué tipo de reforma se necesita para lograr ese pacto social, que ha demostrado ser eficaz en otros países? Considerando que el modelo de crecimiento se ha distinguido por una marcada desigualdad, la reforma bien podría ser integral o abordar áreas como la capacitación o la lucha contra la desigualdad mediante el fortalecimiento de la negociación colectiva. Una mejor responsabilidad social es un factor clave en la reforma. Es vital para instalar practicas laborales razonables.
¿A que nos referimos con practicas laborales razonables? El reemplazo de trabajadores que están en huelga viola los principios de libertad sindical del Convenio 87 de la OIT. Tenemos la peor distribución del ingreso entre los países de la OCDE y una de las más bajas tasas de sindicalización, apenas un 14% y solo el 15% de las empresas negocia colectivamente.
La reforma debe revertir esta situación. Es preciso mejorar las remuneraciones y la participación para que el trabajador se sienta incluido. Es decir, fortalecer la titularidad en la negociación colectiva y el derecho a huelga. El desafío es equiparar las fuerzas de los actores.
Apoyamos una reforma que permita a los ciudadanos vivir mejor y que las empresas tengan mayor capacidad. Suponemos que este propósito es compartido por todos. Estamos convencidos de que con sindicatos representativos y con una negociación colectiva equilibrada, Chile puede corregir la inequidad generada en la distribución del ingreso y de paso saldar, en parte, la deuda con el sindicalismo, principal actor en la recuperación de la democracia
¿Cuál es la reforma laboral que Chile necesita? Apoyamos la titularidad sindical, simplificación de la negociación colectiva, y piso mínimo, entre otros. Un pacto que ayude a aumentar la productividad, que promueva al capital y trabajo como las grandes palancas para cerrar la brecha de inequidad. Una reforma orientada a incluir más mujeres y jóvenes.
Somos una sociedad desconfiada, Chile necesita más diálogo social, y eso tiene nombres propios: prácticas laborales razonables, pacto social o reforma laboral, pero no cualquiera. Apoyamos una reforma que perfile un nuevo pacto social, con temas que no afectan la competitividad y supervivencia de las empresas.
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