El caso Penta y sus serias implicancias político-empresariales son apenas la última parte de una cadena de eventos que comenzó cinco años atrás, cuando un funcionario común y corriente del SII, el fiscalizador Iván Alvarez, descubrió que podía robarle al Fisco sin ser detectado.
La noche de La Reina estaba iluminada por las brasas. Al fondo del patio de la casa de calle Echeñique, Sergio Díaz preparaba el fuego para el asado que su esposa, Mitzi Carrasco, ofrecía a sus compañeros de trabajo del Servicio Metropolitano Oriente de Impuestos Internos. Uno de los invitados que se movían por la terraza caminó hasta el quincho. Se presentó como Iván Alvarez, ingeniero comercial, fiscalizador del departamento de Operación Renta y pololo de Marcela Rodríguez, compañera de módulo de Mitzi en la unidad IVA. Cervezas en mano, hicieron lo único que dos desconocidos pueden hacer en esas incómodas instancias sociales: hablar de trabajo. Díaz le comentó a su invitado que era contador. Al final del asado, ambos intercambiaron tarjetas.
Díaz se sorprendió con el llamado de Alvarez una semana después. Se juntaron en un café de Manuel Montt, cerca de las oficinas de ambos en Providencia. La cita se repitió un par de semanas después en un restorán. Esa vez, Alvarez tenía una propuesta de negocios. Desde un primer momento dejó en claro que no era estrictamente legal, pero que era seguro. Las dudas que Díaz pudo tener fueron opacadas por la apremiante situación económica que estaba viviendo a mediados de 2009. Mantener el acomodado estilo de vida de su familia se hacía cada día más difícil: dos casas en Echeñique -una bajo arriendo- y un departamento en el condominio San Alfonso del Mar de Algarrobo.
“Tenía deudas, debía muchos dividendos en mis tres casas, así como líneas de crédito y préstamos bancarios”, declararía después ante la fiscalía.
Para convencerlo, Alvarez ofreció demostrar sus habilidades. Le pidió su RUT, la clave de acceso a su sitio personal del Servicio de Impuestos Internos (SII) y le dijo que sólo con eso podría obtener una devolución del Fisco. Díaz no entendió la explicación técnica y simplemente confió. Algunos días después, entró al portal y se encontró con un mensaje que decía “su solicitud ha sido aprobada”. El 17 de septiembre de 2009, Tesorería le envió dos cheques que sumaban $ 39.685.544, suficiente para pagar sus deudas.
Cinco años después, Díaz asegura estar arrepentido de tocar ese dinero. Haberlo hecho lo insertó dentro de una compleja red de corrupción que tocaría a altos empresarios y políticos chilenos y cuyas consecuencias públicas todavía son incalculables. El daño privado también lo es. Después de casi 10 meses en prisión preventiva, Díaz tiene sus tres propiedades embargadas, sus cuentas corrientes intervenidas y está recluido en la Capitán Yáber, lejos de su familia. De acuerdo con sus abogados, Eduardo Riquelme y Vinko Fodich, del estudio FAR, también debe pagar dos millones mensuales hasta completar los $ 648 millones en devoluciones que le exige el Estado; a la fecha, lleva $ 398 millones.
Su colaboración podría ser insuficiente. Los cargos por fraude tributario reiterado y soborno, podrían mantenerlo preso por muchos años más.
EL ASCENSO
No recuerda su nombre. O al menos, Iván Alvarez dice no recordar a la persona que le dio la idea para desarrollar la trampa con la cual defraudaría al Estado por miles de millones de pesos sin moverse del escritorio. Los interrogatorios y diligencias realizados durante las últimas semanas por el fiscal Carlos Gajardo son consecuencia del esquema que Alvarez puso en movimiento. Este comenzó pequeño, pero terminaría siendo anzuelo para peces gordos.
Cierto día de 2009, ese contribuyente anónimo se acercó al SII para preguntar por una devolución. Alvarez se dio cuenta de numerosas inconsistencias en su declaración de renta -conocida como Formulario 22-. Había créditos con derecho a devolución que el año anterior no existían, pero observó que el sistema informático sólo le impugnaba el ítem “gastos rechazados”. Si se hubiera rectificado ese casillero puntual, las demás irregularidades hubieran sido omitidas y la devolución se hubiera entregado. Alvarez arregló el formulario y negó el dinero, pero el error del sistema le quedó grabado.
Hijo del medio de dos funcionarios de la FACh -René Alvarez y Nuria Díaz-, criado en un hogar calificado de “clase media” por el informe psicosocial, Alvarez había estudiado en la Universidad Mayor y trabajado en un par de constructoras y la consultora de auditoría Grant Thornton antes de ser contratado por el SII en 2003. Desde entonces, su salario de funcionario estatal grado 15 -luego 14- osciló entre un millón y $ 1,5 millones. Ya estaba listo para aspirar a algo más.
Usando el simulador, comenzó a alterar diferentes códigos del formulario 22. Abultó costos para generar pérdidas aparentes y las hizo consistentes al ingresar un Fondo de Utilidades Tributarias (FUT) inexistente. Todo esto permitía crear, prácticamente de la nada, un Pago Provisional por Utilidades Absorbidas (PPUA), es decir, una devolución del Fisco al contribuyente. “Me di cuenta que aumentando el crédito por impuesto de primera categoría hasta $ 10.000.000, el sistema no lo observaba. Si era $ 10.000.001, salía observada y el sistema no permitía la devolución”, declaró después Alvarez a la fiscalía. Mientras la cifra se mantuviera bajo la línea de “corte”, era inadvertida.
El experimento le permitió determinar los criterios que eran detectados por el sistema para así evadirlos. Sin embargo, para poder aplicar su método necesitaba contribuyentes de primera categoría, que obtuvieran rentas a partir de capitales o empresas. Usaría sus claves para ingresar por el sistema “Mi SII” en Internet, preferentemente desde su casa. “Decidí buscar personas que pudieran estar de acuerdo en entregarme parte de los dineros que el sistema les devolviera”, manifestó.
Para agrandar el alcance del negocio, Alvarez recurrió a varios contadores. Sergio Díaz fue el primero, quien, a la postre, entregaría los datos de 21 contribuyentes. Ambos solicitaban entre el 10% y el 30% de la devolución y se repartían equitativamente el dinero. Pocos días después se sumó Juan Carlos Prieto, quien habitualmente iba a realizar rectificaciones al SII. Este le aportó ocho clientes. “Creo que recibí la suma de $ 60 millones y me la gasté toda”, dijo Prieto al ser interrogado.
Con esta nueva fuente de ingresos en marcha, Alvarez se atrevió a vivir a lo grande: a fines de 2009 adquirió un departamento en Concón, a un valor de $ 71,7 millones, cuyo pie fue pagado parcialmente con un crédito de consumo de Penta Vida. Luego, en 2010, se compró un Mazda CX-7 de $ 16,3 millones. Tres años después, le obsequió un BMW 116i de $ 14,3 millones a su mujer, la funcionaria del SII, Marcela Rodríguez. Los viajes de la pareja se incrementaron, con vacaciones en República Dominicana, Cuba, Aruba y Perú. “De repente me daba cuenta de que salíamos más de lo habitual a comer o que íbamos más a la playa, pero nada más”, aseguró Rodríguez, quien ha sostenido desde el principio que no sabía nada sobre la actividad criminal de su pareja.
-Creo que en total yo saqué unos $ 140 o $ 150 millones por estos hechos. Esa plata está gastada en restoranes, ropa y estilo de vida en general. No queda ni un peso -advirtió Alvarez en uno de sus últimos testimonios.
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La casa de Jorge Valdivia Rodríguez en calle Nicanor Plaza era un hogar, una oficina, un club social y un mercado persa lleno de cachureos y pequeños altares religiosos. La personalidad del dueño atraía a toda clase de invitados. “El guatón tenía ángel -dice un amigo-. Hacía leso a Pedro, Juan y Diego, pero todos siempre volvían. Era un cuentero”. Su encanto provenía de las historias que narraba: decía que había pertenecido a la CNI, cuando en realidad sólo arreglaba sus autos; decía que era padre del futbolista homónimo cuando no tenían parentesco; decía que era novio de la hermana del director regional Oriente del SII, Bernardo Seaman, cuando sólo eran amigos.
Los asados eran comunes y nunca cortos en alcohol. también había drogas y mujeres. Iván Alvarez estuvo ahí un par de veces. Se integró al círculo de Valdivia en 2009, cuando lo conoció en los pasillos del SII Metropolitano Oriente. Se lo presentó a algunos de sus colegas fiscalizadores, aunque no se acuerda si fue Francisco Roblero, Julio Cuevas o Rodrigo Padilla. El “guatón” era conocido de muchas personas y pasaba mucho tiempo en el lugar. Se presentó como martillero, aunque en la práctica nunca remató nada y usaba el título para hacer más expedita la compraventa de diversos bienes, especialmente autos chocados.
Al igual que Alvarez, Valdivia tenía un iPhone, por lo que comenzaron a hablar de tecnología. Las conversaciones se mantuvieron cada vez que el martillero aparecía por los pasillos del Servicio. Alvarez le ofreció aplicar su fórmula. En cosa de días, Valdivia recibió $ 80.959.765 en devoluciones por los años tributarios 2007 y 2008, a título personal y de dos empresas individuales de responsabilidad limitada (EIRL), una de ellas de su hijo, Francisco Javier. El trato incluía el pago del 15% de la plata a Alvarez. Este se realizó siempre en efectivo, afuera de algún café de Providencia, a lo largo de varias semanas. La operación se repitió posteriormente para los años tributarios 2009 y 2010.
En alguna de las reuniones en la casa de Nicanor Plaza, Alvarez conoció al contador de Valdivia, Orlando Carvajal. Este se enteró de las rectificaciones en una reunión con un ejecutivo del Banco Itaú en la que se le negó un crédito a Valdivia por las supuestas pérdidas de sus sociedades. Cuando Carvajal le pidió explicaciones, Valdivia le habló de la trampa y lo invitó a sumarse. Le ofrecieron $ 500 mil por cada clave de contribuyente que entregara. Tentado por el dinero fácil, lo hizo sin siquiera preguntar a sus clientes. “Me dio vergüenza, pena, sabía que había algo ilícito y que era gente pobre que había metido en problemas”, manifestó estando en prisión preventiva.
Otros conocidos de Valdivia que extendieron la red de captadores de contribuyentes fueron Horacio Mayquel -también en prisión preventiva- y Jorge Conrado Civit -fallecido en 2013-. Este último viajó a Concepción junto a Carvajal en 2012 para compartir el truco con su sobrino, Francisco Civit, un comerciante de quesillo artesanal quien, a su vez, facilitó los datos de 13 contribuyentes más. Casi todas las devoluciones fueron cercanas a los $ 10 millones. La mitad del dinero era depositado en la cuenta corriente de Carvajal, para dividirla con Jorge Conrado Civit. Su sobrino se quedaba con el 5%.
A partir de los contactos de Valdivia, el fraude diseñado por Alvarez alcanzó nuevas alturas. No sólo por el reclutamiento de sus amigos directos, sino también por su empleador, el gerente de Inversiones Penta III, Hugo Bravo. “Jorge Valdivia colaboraba con la empresa Penta. No sé qué hacía, pero incluso le pagaba los partes a la esposa de Carlos Alberto Délano”, reveló Horacio Mayquel en su declaración. De acuerdo con cercanos, Valdivia llevaba más de 10 años como asistente de Bravo, cobrándole a Penta una remuneración de dos millones a través de boletas de sus sociedades y realizando todo tipo de trámites para él, desde comprarle una escopeta de regalo a su hijo, hasta realizar seguimientos a su esposa, Paulina Restovic, por sospechas de infidelidad.
Hasta hace poco, el SII calculaba que el perjuicio fiscal por el fraude alcanzaba el monto de $ 2.706.332.393. No contabilizaban aún las supuestas devoluciones que habrían conseguido las sociedades de Penta y Hugo Bravo gracias a Valdivia y Alvarez, que en 2011 se trasladó a la Dirección de Grandes Contribuyentes. Hoy se calcula que estas se empinan sobre los $ 2.000 millones.
El negocio se cerró recién en octubre de 2012, cuando el SII finalmente bloqueó la posibilidad de rectificar en línea la cifra del código 167, “PPUA con derecho a devolución”. Luego de tres años de perfecto funcionamiento, la máquina defraudatoria diseñada por Alvarez comenzaba a oxidarse.
LA CAÍDA
Las pistas llegaron desde afuera de Santiago. Algunos directores regionales del SII comenzaron a consultar por un conjunto de solicitudes de devoluciones similares, bajo la línea de los $ 25 millones en el año tributario 2007 y bajo los $ 10 millones entre 2008 y 2010. La Subdirección de Fiscalización rastreó cerca de 5.000 solicitudes de devolución y acotó la búsqueda a 122 contribuyentes. Esta lista fue enviada el 12 de octubre de 2012 al Departamento de Delitos Tributarios (Didet), donde Víctor Reyes y Juan Francisco Valdés comenzaron la investigación. Las citaciones pusieron rápidamente en alerta a los involucrados.
El contador Sergio Díaz había recibido $ 105 millones cuando le llegó la alerta. Tenía sus deudas canceladas y a su hijo mayor en un buen colegio de La Reina. Su mujer desde 2003, Mitzi Carrasco, seguía en el SII, pero alejada de su antigua amiga Marcela Rodríguez, la esposa de Iván Alvarez.
En 2010, Díaz abrió “Ploteos, Planos e Imágenes Aguser” con la perspectiva de abandonar la contabilidad definitivamente. Este trabajo le significaría una polémica aparte de su papel en el “fraude al FUT” por los trabajos realizados a la campaña de la Presidenta Michelle Bachelet por $ 174 millones (ver recuadro).
Con el caso FUT en curso, Díaz tuvo que reunirse con Alvarez para planear una estrategia judicial. Ambos consultaron diversos abogados y finalmente firmaron representación legal con Carlos Cortés y Sergio Rodríguez, quienes optaron por colaborar ante una eventual persecución penal. Sabiendo que le esperaba un trabajo en Guiñazú & Asociados -donde realizaría auditorías a Penta-, Alvarez renunció al SII el 26 de diciembre de 2012. Ese mismo día, tanto él como Díaz constituyeron sociedades en la notaría de Francisco Javier Leiva para intentar resguardar sus bienes: Alvarez armó “Inversiones Las Perdices SpA”, con un capital inicial de $ 105 millones, mientras que Díaz creó “Inversiones Los Robles SpA” con un aporte de $ 155 millones. Sólo el primero inscribió la sociedad en el Registro de Valores y traspasó efectivamente sus bienes.
-No encontré que fuera apropiado en medio de la investigación y no pretendía ocultar nada -aseveró Díaz.
Las autodenuncias de ambos fueron interpuestas el 18 de enero de 2013 en la Fiscalía de Las Condes. De acuerdo con intervinientes del caso, los abogados defensores intentaron negociar beneficios cautelares con el fiscal Carlos Gajardo, entonces en Ñuñoa, pero no encontraron la respuesta esperada y optaron por Las Condes. El actual jefe de la Fiscalía de Alta Complejidad no se resignaría.
Según varios testimonios, Mitzi recién se enteró de que algo andaba mal cuando en marzo llegó una citación de la PDI para Díaz. La relación se resintió. “Me enojé mucho, porque puso en riesgo mi trabajo. No lo quería ver en mucho tiempo”, comentó ella. Díaz se fue de la casa, pero volvió un par de semanas después. Los problemas continuaron: el 22 de mayo, el SII abrió un sumario administrativo a Mitzi que terminó con su destitución en noviembre de 2013. A esas alturas, tanto ella como su marido tenían a la justicia penal encima.
En septiembre de 2013, la causa había caído en manos de Gajardo. La jefa del Departamento de Litigación Penal del SII, Marisa Navarrete, había notado reticencia a denunciar de parte de su jefe, el subdirector jurídico Gonzalo Torres, por lo que decidió entregar toda la información a Gajardo. Este comenzó a presionar y el SII interpuso la acción legal el 13 de septiembre, permitiendo al fiscal comenzar las indagaciones. Como consecuencia, Navarrete fue aislada. No se le renovó contrato y este año puso un estudio privado. La fiscalía investigó la “omisión de denuncia”, pero el proceso se estancó.
Aunque el director Alejandro Burr y Torres dejaron sus cargos en marzo de este año, a Navarrete le extraña que varios de los altos mandos que estaban al tanto de la omisión sigan en Impuestos Internos.
A las 8 horas del 2 de diciembre de 2013, Sergio Díaz y Mitzi Carrasco fueron detenidos por el OS-9 de Carabineros. Al mismo tiempo, eran arrestados Iván Alvarez y el contador Hernán Díaz, al cual nadie dice conocer. Posteriormente caerían Horacio Mayquel, Francisco Civit, Juan Carlos Prieto y Orlando Carvajal. La madre de Mitzi, Leda Carrasco, llegó a hacerse cargo de sus cuatro nietos. Los dos mayores, de 18 y 16 años, ambos hijos del primer matrimonio de Mitzi, entendieron la dura situación; a los dos más pequeños se les dijo que sus padres andaban de viaje en Perú.
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El cáncer de colon terminó con las andanzas de Jorge Valdivia. Dejó los asados, las visitas al cabaret Sirena, bajó dramáticamente de peso y se cambió a una casa arrendada por su hija en Peñalolén. Era lo más seguro. Sus socios estaban en prisión y lo habían delatado. El martillero ocultó la situación lo más que pudo para no afectar su trabajo en Penta.
Sin embargo, un artículo publicado el 11 de abril de este año en el diario La Segunda lo desenmascaró como el reclutador de clientes clave en el llamado “fraude al FUT” y dio a conocer su prontuario policial, que incluía porte de explosivos y una acusación de abuso sexual a la hija de su última pareja estable, que él justificaba hablando de “extorsión”. Los controladores de Penta, Carlos Alberto Délano y Carlos Eugenio Lavín, le exigieron a Hugo Bravo el despido inmediato de Valdivia. Este cumplió la orden.
-Le bajaron la cortina y él se quedó solo. Por eso terminó tan resentido -comenta un amigo.
La enfermedad ya no tenía remedio. Se había expandido a su hígado y pulmón. Consciente de que el tiempo se agotaba, Valdivia decidió morir haciendo ruido. Citó a su abogado, Roberto Freeman, y juntos redactaron una declaración vinculando a tres sociedades de Hugo Bravo al “fraude al FUT”. El fiscal Gajardo recibió el escrito e interrogó al martillero a fines de junio. Este hecho permitió descubrir las devoluciones fraudulentas de Bravo, las boletas falsas de las esposas de Délano y Lavín y, posteriormente, por testimonio del propio Bravo, los supuestos aportes ilegales a las campañas de varios políticos de la UDI -como Iván Moreira, Laurence Golborne, Pablo Zalaquett y Ena Von Baer-, el RN Alberto Cardemil y el líder de Fuerza Pública, Andrés Velasco.
Un paro cardiorrespiratorio con falla multisistémica y coma hepático figuran como las causas de la muerte de Valdivia, el 28 de julio a las 13.45 horas. No más de 20 personas llegaron a su funeral. Sus restos están en el cementerio El Prado de Puente Alto.
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El ingeniero comercial Iván Alvarez (37) está en prisión preventiva acusado de fraude tributario, cohecho y lavado de activos, esperando la atenuante de cooperación eficaz. Sus abogados siguen siendo Carlos Cortés y Sergio Rodríguez, quienes deberán litigar tanto en el caso FUT como en la arista Penta.
El contador Sergio Díaz cumplió sus 48 años en la Capitán Yáber esta semana. Hoy es representado por Riquelme y Fodich, tras haber roto con los abogados de Alvarez. Pese a haber cambiado la cárcel por arresto domiciliario, su esposa, Mitzi Carrasco (47), sigue siendo imputada como autora de cohecho. “Si hubiera alguna responsabilidad sería sólo en calidad de cómplice. Muchas mujeres no tienen idea lo que hacen sus maridos”, argumenta Juan Pablo Buono-Core, quien fuera su representante legal hasta hace algunos días. Los abogados de Díaz asumirán su defensa. Su meta es conseguir un juicio abreviado que les permita cumplir la pena en libertad debido a su falta de antecedentes penales.
El ex gerente de Penta, Hugo Bravo (69) teme que sus hijos tengan que vivir con la imagen de un padre estafador, de acuerdo al informe psicológico que sus abogados presentaron en la acción laboral interpuesta contra Penta. Su psiquiatra, Armando Nader, pone en alerta la “posibilidad de suicidio”.
Ninguno de ellos estaría donde está si alguien le hubiera prestado atención a la correspondencia entre dos funcionarios del SII. En un mail enviado el 14 de enero de 2008 a Rosa González, el fiscalizador de la Quinta Región Eduardo Carvacho detectó devoluciones irregulares a la Inmobiliaria San Alberto Hurtado por $ 10.556.950. “La situación que subyace es la falencia del sistema, que en un proceso a través de internet autoriza la rectificatoria y la devolución sin tener utilidades acumuladas”, escribió.
En el sumario a Mitzi Carrasco, el fiscal del caso, José Miguel Figueroa, consultó a la Subdirección de Fiscalización por las medidas que se habían tomado después del aviso de Carvacho. La respuesta fue sencilla, ajustada al protocolo, pero también lapidaria.
-Esta Subdirección consideró que no era conveniente rebajar el corte de $ 10 millones dada la limitada capacidad fiscalizadora de este Servicio.
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