Por Bárbara Vallejos/Publicista y Magíster en Comunicación Estratégica
Para que en Chile se comience a legislar sobre un tema, primero debe morir alguien a causa de su propia lucha. En nuestro país existen muchos casos donde tras largas agonías o hechos inesperados, personas pierden su vida con sentimientos de injusticia. Finalmente, los debates sobre proyectos de ley, nacen de la tragedia, del sufrimiento, o de la muerte.Era el año 2012, cuando un joven fue brutalmente agredido por cuatro sujetos vinculados a un grupo neonazi en el Parque San Borja. Tras 24 días de agonía, el joven muere en la Posta Central producto de la golpiza. Era el caso de Daniel Zamudio, un joven que murió por su orientación sexual, dejando impune otro caso más de discriminación. Sin embargo, en cuatro meses se decide legislar para acabar con todo tipo de discriminación de modo que nunca más tengamos casos como el de Daniel en Chile.
Ricarte Soto, conocido animador de televisión y radio, decide tomar la lucha por los enfermos tras su diagnóstico de cáncer de pulmón el año 2010. Lo costoso de su tratamiento, los efectos físicos y psicológicos que produce la enfermedad, la realidad que viven a diario muchos de quienes padecen enfermedades crónicas o poco frecuentes, fueron motivo para enfrentarla desde otra perspectiva. “En algún momento me sentí incómodo por tener los medios para hacer todo rápidamente, porque en el cáncer hay que hacer todo rápido…Luego dije, por qué soy tan imbécil, si el problema no es que yo reciba este tipo de cuidados, el problema es que en Chile muchos enfermos de cáncer no tienen las posibilidades que yo tengo”. El 20 de septiembre, Ricarte muere, y su lucha queda inconclusa. El Fondo Solidario Universal de Medicamentos fue olvidado por la administración pasada, y es un tema pendiente del actual Gobierno, quien la incorporó a las medidas de los 100 primeros días.
Hace dos semanas salió a la luz pública el caso de una niña de trece años que fue violada por su padre. El embarazo -que fue diagnosticado de alto riesgo- abre el debate sobre el aborto terapéutico, debido a la inviabilidad del feto y por el riesgo que corría la vida de la niña durante la gestación y al momento de parir. Frente al tema, surgen voces del lado más conservador de la fuerza, que intentan imponer un discurso valórico, como la senadora Jacqueline Van Risselberghe, férrea opositora al aborto: “…ni por el caso de violación, ni por el caso de malformación congénita que sea incompatible con la vida, corresponde el aborto, porque es como ponerle un control de calidad a la raza humana”. Mientras que Ezzati frente al caso, llama a “no instrumentalizar el hecho”, relativizando su gravedad. Lamentablemente, este es el discurso hegemónico y la herencia de la dictadura.
Ser mujeres en un país dónde no está asegurado nuestro derecho a la vida en caso de padecer un embarazo con riesgo de muerte. Este es el país que tenemos el deber de cambiar. Ahora la pregunta es: ¿cuántas muertes más dejaremos pasar para comenzar a debatir ? ¿Cuándo nacerá la voluntad política de quienes legislan? ¿Cómo un país que se considera laico tiene una ley idéntica a la del Vaticano? En los países donde el aborto terapéutico está penalizado, el 60% de las muertes por embarazo no viable corresponde a mujeres pobres. Entonces, ¿qué estamos esperando?
El aborto terapéutico debe ser una realidad en Chile, porque ya no podemos seguir tolerando que más mujeres mueran por los valores de Van Rysselberghe, Ezzati y la Iglesia. Se debe entender que no es un tema valórico, Es un tema de dignidad y derechos humanos.
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