El rector de la Universidad Católica, Ignacio Sánchez, salió a rechazar el proyecto de ley que busca despenalizar el aborto, advirtiendo que en la Red UC no se practicarán métodos de interrupción al embarazo y que “si hay profesionales que están disponibles para realizarlos, deberán ir a trabajar a otros lugares”, colocando de esta forma al plantel al margen de una eventual legislación, a la vez que reinstala la discusión sobre el carácter público de la casa de estudios.
Sánchez respondió así a la decisión adoptada por el gobierno de enviar el proyecto de ley que busca despenalizar el aborto en tres casos: violación, inviabilidad del feto y peligro de vida de la madre.
En declaraciones a La Tercera, el rector de la UC explicó que “legislar sobre la interrupción del embarazo por riesgo materno no tiene sentido en nuestro país. Las posibilidades de actuar de acuerdo al correcto acto y decisión médica están presentes en Chile”, añadiendo que “si existen casos en que esto no se ha realizado, es un error médico que no debe solucionarse con una ley, sino con formación y acto profesional adecuado”.
En cuanto a la causal de violación que establece el proyecto, Sánchez precisó que no se puede reparar un acto que es cruel y violento con otro de similares características, como es “matar a un inocente”.
“La respuesta de la sociedad debe ser el acompañamiento y apoyo de la mujer violada que está embarazada. El Estado debe implementar medidas de prevención de estas situaciones”, mencionó.
Respecto a si los médicos de la UC podrán practicar la interrupción del embarazo, explicó que “los profesionales que trabajan en nuestra universidad adhieren de manera libre e informada a la Declaración de Principios, que explicita de manera clara que el respeto a la vida es un bien mayor y principal en nuestro quehacer médico”.
“Si hay profesionales que están disponibles para realizar abortos, deberán ir a trabajar a otros lugares en donde esta práctica se realice y acepte. En nuestra red UC Christus no se harán abortos, nuestros principios y valores más profundos no van a cambiar por un determinado proyecto de ley. Esto es definitivo”, dijo enfático el rector de la casa de estudios superiores.
Sin embargo, aclaró que es necesario distinguir dos situaciones diferentes, como que “toda embarazada con riesgo vital que requiere una terapia médica la va a recibir, ya que esto es el reflejo de una adecuada conducta médica”.
“También si se recibe a una mujer con una emergencia producto de un acto de tipo abortivo realizado en su hogar, se va a tratar en nuestro hospital para salvar la vida de la madre”, sostuvo, y añadió que “otra situación diferente es que una madre solicite un aborto sin estar en riesgo vital, o por las causales expuestas de malformación letal o violación”.
En estos casos, precisó que se derivarán a otro hospital, ya que “en nuestra institución no se realizarán estos procedimientos que tienen como objetivo primario eliminar la vida de un inocente”.
Esta no es la primera vez que Sánchez sale a dar un portazo a la idea de legislar sobre la materia, ya que en mayo de 2014 señaló que “soy representante legal (de la PUC) e iré al tribunal a explicar por qué no lo voy a hacer o no voy a avalar que esto se haga. La objeción de conciencia es algo que tiene que prevalecer”.
Esto volvió a abrir el flanco que ya se había abierto a principios del año pasado, cuando el debate acerca de las universidades públicas, privadas y el financiamiento que reciben del Estado, cayó sobre la mesa.
Sánchez ya había rechazado la posibilidad de que se entregaran recetas de anticonceptivos para controlar la natalidad, lo cual significaba que el personal médico de la Red Salud UC CHRISTUS –que mantiene un hospital, dos clínicas, red de toma de muestra para exámenes de laboratorio y 11 centros médicos– no entrega prescripciones de anticonceptivos a sus pacientes, salvo si se trata de un tratamiento curativo para, por ejemplo, tratar el síndrome del ovario poliquístico.
Ante la negativa de que instituciones médicas de la UC se nieguen a aceptar una ley de aborto, diputados y ex dirigentes estudiantiles salieron a rechazar la postura de Sánchez y lo emplazaron a no pedir fondos públicos “si no está dispuesto a cumplir ley”.
A través de su cuenta en Twitter, Boric explicó que el rector de la UC “tiene todo el derecho a estar contra el aborto. Pero que no pida recursos públicos para la PUC si no está dispuesto a cumplir ley”.
Por su parte, Jackson aseguró a través de la misma red social que “la amenaza del rector Sánchez (PUC) hacia sus médicos es violenta e inaceptable para institución q recibe $ públicos”
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