Hasta el Salón Montt Varas del Palacio de La Moneda llegó la Presidenta Michelle Bachelet para firmar el envío de un proyecto de ley sobre la despenalización del aborto en tres causales: violación, inviabilidad fetal y riesgo de vida de la madre.
A pesar de que parlamentarios de la Nueva Mayoría habían pedido al gobierno que respaldara alguna de las mociones que actualmente se tramitan en el Congreso, el Ejecutivo decidió presentar un proyecto propio.
El anuncio se da además en medio de la tensión surgida al interior del oficialismo luego de que la DC se mostrara en contra de legislar sobre la despenalización del aborto en una o más de las tres condicionantes. Esto provocó que personeros del PS y PPD criticaran la postura de la tienda de Ignacio Walker y la emplazaran a cumplir con el compromiso programático.
«Se trata de una situación difícil que debemos enfrentar como país maduro. Amamos la vida y nadie quisiera interrumpirla y menos que nadie una madre. Pero cuando está en riesgo en su vida, o la vida que se gesta es inviable o fruto de la violencia sexual se ponen en tensión los principios éticos, derechos y criterios de humanidad que están en juego», dijo Bachelet al inicio de su discurso.
«Sin embargo hay que tomar una decisión y no podemos evitarlo obligando a las mujeres a que carguen solas con las pesas consecuencias de no poder decidir por causa de una ley, porque atropellamos su dignidad, prolongamos sus sufrimientos, arriesgamos su vida».
En esta línea añadió que «el Estado como garante de los derechos de las personas y del bien común está obligado a crear las condiciones en las cuales esta decisión pueda tomarse para favorecer el despliegue de la vida humana en su más amplio sentido. Sin embargo la normativa vigente sobre interrupción del embarazo que lo prohíbe sin excepciones no responde al trato digno que el Estado de Chile debe otorgar a sus ciudadanas en estas situaciones».
«Además los hechos han demostrado que la prohibición absoluta y la criminalización de todas forma de interrupción del embarazo no han impedido ni impiden su práctica en condiciones de gran riesgo para la vida y salud de las mujeres (…) No es tolerable que se castigue con pena privativa de libertad a aquellas mujeres que se encuentran en esta difícil disyuntiva».
La Presidenta detalló que «por esa razón la tres causales de interrupción legas del embarazo que aborda el proyecto que presentamos hoy exigen la expresión de voluntad libre de la mujer, sin la cual dicha interrupción no puede tener lugar. En los casos específicos en que la mujer por diversas razones pueda ser incapaz de tomar esa decisión o cuando es menor de 14 años, el proyecto propone reglas especiales para asegurar una adecuada decisión».
«En una sociedad en que las mujeres son ciudadanas plenas y libres, ni el Estado ni nadie puede obligarlas a tomar una decisión en contra de su derecho y deseos de ser madres, eso lesionaría nuestros principios más básicos como sociedad civilizada. Pero de la misma manera, cuando su decisión es no continuar con el embarazo con alguna de las tres graves causas mencionadas, el Estado debe entregar alternativas».
«Al enviar este proyecto no nos mueve un voluntarismo, existe la dolorosa realidad de mujeres que sufren esas difíciles situaciones, existe una larga historia jurídica en Chile de la que podemos aprender, y existen los convenios y recomendaciones de organizaciones internacionales que apuntan en la dirección que hoy proponemos».
En este contexto, la Mandataria señaló que «en promedio, cada año se hospitalizan 16.510 mujeres con embarazos de menos de 22 semanas relacionados con el peligro de vida y cuando el embrión o feto presenta alteraciones estructurales congénitas o genéticas graves incompatibles con la vida extra uterina. De acuerdo con los antecedentes del Minsal, la estimación del número de muerte en nuestro país por malformaciones incompatibles con la vida sería alrededor de 500 casos al año».
«Respecto del embarazo por una violación, si bien no existen datos exactos que permitan dimensionar completamente la magnitud de esta situación, sabemos que existen niñas que producto de este vejamen han quedado embarazadas y sabemos que algunas de ellas son incluso menores de 12 años», añadió.
«Chile tuvo una importante tradición jurídica y de salud pública en este ámbito interrumpida arbitrariamente en los últimos días de la dictadura (…) Desde 1991 hasta el 2014 se han presentado 12 iniciativas en la Cámara de Diputados y el Senado que hemos considerado en la elaboración de este proyecto y obviamente tienen todo el reconocimiento que corresponde en el mensaje del proyecto de ley que vamos a enviar».
Sobre los meses en los que las mujeres podrán interrumpir el embarazo la Presidenta aseguró que serán 12 semanas de gestación.
Cuando la niña es menor de 14 años, «el límite se amplía a 18 semanas pues debemos considerar que las niñas y adolescentes muchas veces desconocen su estado».
Las menores deberán «actuar con autorización de su representante legal» pero también se debe dar a la niña «un espacio de decisión». Si su decisión no concuerda con la del representante legal, podrá acceder al juez de familia.
Asimismo, la norma legal incorpora la objeción de conciencia por parte de aquellos doctores que no quieran ejercer la práctica del aborto.
Al finalizar, la Mandataria hizo un especial llamado a los legisladores: «La forma en que debatamos esta ley es tan importante como su resultado. Necesitamos fortalecer los derechos de las mujeres, pero necesitamos también fortalecer la calidad de nuestro dialogo político. Y sé que la ciudadanía seguirá de cerca los debates y juzgará la altura de miras del mismo. Pido que el trabajo legislativo sea encarado con actitud de diálogo, sobre la base del respeto mutuo y la tolerancia».
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