Según los últimos datos entregados en el 2014 por el Departamento de Extranjería y Migración (DEM) del Ministerio del Interior, en Chile existen cerca de 440 mil personas inmigrantes, de las cuales cerca de 280 mil (70%) se encuentran trabajando, principalmente en rubros como la construcción, trabajo doméstico, aseo, servicios, minería, industria, agricultura; donde la precarización, indocumentación, flexibilización, discriminación y subcontratación se hacen latentes.
La inmigración en el mundo y en el país sigue en aumento. Mientras que a nivel global son más de 230 millones las personas que se han ido de sus tierras de origen con el objetivo de encontrar mejores condiciones de vida, en Chile son cerca de 440 mil los inmigrantes, donde alrededor de 280 mil se encuentran trabajando en distintos sectores de la producción. Si los datos se desglosan se puede establecer que en su mayoría son individuos peruanos (37%), seguidos por argentinos (15%) y bolivianos (7%), los que bordean entre 19 y 56 años.
Siguiendo con el análisis de las cifras, se puede determinar que Chile es el país de Sudamérica donde más creció el número de inmigrantes entre 1990 y 2013, pasando de 107 mil a 398 mil, donde del total de inmigrantes las mujeres son la mayoría, alcanzando un 55%.
La vida laboral de los inmigrantes en el país
En un documento sobre inmigración del Centro de Estudios Públicos (CEP) que data del 2013, se hace alusión en su contenido que un gran porcentaje de inmigrantes obtiene en promedio buenos salarios. Sin embargo, al revisar el texto se puede observar en el ítem “¿Qué ocupación tienen?”, cómo se va dando énfasis en ciertos oficios que claramente son mejores remunerados (siendo o no inmigrantes), como Gerentes de Comercios Mayoristas y Minoristas (sólo un 2,7%), Profesionales de nivel medio de servicios administrativos (2,2%), médicos (1,6%), Profesores de universidades y otros establecimientos de educación superior (1,5%). Mientras que la mayoría de los extranjeros tienen trabajos de Personal Doméstico (13,2%), Vendedores y demostradores de tiendas y almacenes (6,9%), Peones de la construcción de edificios (2,9%), Camareros y Taberneros (2,2%), entre otros.
No se necesitan de muchas estadísticas para darse cuenta que la mayoría de los trabajadores inmigrantes laboran en situaciones de mayor discriminación, precarización, flexibilización e incluso bajo la subcontratación, obteniendo empleos en la construcción (muchos de ellos sin siquiera contrato), industria, como trabajadores domésticos (en su mayoría mujeres), entre otros. Por otra parte, es conocida la realidad de miles de jóvenes mujeres que ejercen la prostitución como alternativa para poder subsistir.
En cuanto a la subcontratación, al parecer se está haciendo común que inclusive instituciones de educación superior contraten a inmigrantes bajo pésimas condiciones laborales. Un ejemplo de esto es la masiva llegada de inmigrantes a la Universidad de Santiago de Chile (Usach), donde estudiantes y trabajadores han denunciado el abuso patronal y las irregularidades cometidas por las empresas contratistas y avaladas por las autoridades del establecimiento. Debido a esto, en el segundo semestre del año pasado los trabajadores subcontratados de aseo y jardines protagonizaron una paralización en denuncia a esto y por mejores condiciones de trabajo, donde los inmigrantes también fueron parte, en especial las mujeres que son la mayoría, provenientes principalmente de Haití.
En este sentido, para el economista Manuel Hidalgo Valdivia “los migrantes interesan a las autoridades como mano de obra barata y no como personas. Así se explica la dilación en la adopción de una política migratoria explícita. En su ausencia, sigue imperando el Decreto-Ley 1094, de Extranjería, y su reglamento complementario. Esta legislación tiene un sesgo de hostilidad patente con otras naciones, lo que hace que la ley sea una norma selectiva en la admisión de extranjeros y muy rigurosa en el control de entradas y salidas” (Clarín, mayo de 2014).
La indocumentación y las leyes rígidas y discriminatorias hacia los inmigrantes han generado incluso que gran cantidad de ellos entren al país de manera ilegal, arriesgando sus vidas e integridad física, siendo criminalizados por el Gobiernos y sus ‘instituciones del orden’, donde han sido variados los casos de jóvenes colombianos, peruanos y bolivianos que han entrado a Chile a través de los pasos fronterizos los que además tienen minas antipersonales, ocasionando cientos de accidentes y muertes al año.
Por su parte, los diferentes gobiernos de turno vienen prometiendo hace años legislar nuevas normativas sobre extranjería, supuestamente para mejorar las condiciones laborales y de vida de los inmigrantes. En el caso del gobierno de Bachelet, durante su periodo de campaña prometió que se legislaría “por una perspectiva de inclusión, integración regional y un enfoque de derechos que aseguren la inserción efectiva de esta población al país y que permita una coordinación dinámica, cooperadora y eficiente de todos los entes públicos relacionados con la política migratoria”, lo que sigue siendo una promesa más.
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