«Acuerdo por Chile»: Senado inicia este lunes discusión del proyecto que habilita el nuevo proceso constituyente

El presidente de la Comisión de Constitución de la Cámara Alta, Matías Walker (Demócratas), dijo que espera un trámite rápido y que lo ideal es «no introducir mayores modificaciones al texto», al ser «fruto de un acuerdo». La idea –dijo–, en caso de plantearse modificaciones durante el debate, es que «estas surjan de común acuerdo». Uno de los que ya adelantó que habrá indicaciones fue el senador independiente por la Región de Magallanes, Karim Bianchi, quien afirmó que el documento tiene tanto de «traje a la medida», que se deben hacer cambios vía indicación. A su juicio, «no se puede seguir avanzando permitiendo que los partidos políticos mediante cuoteo hagan lo que quieran con nuestro país». A la sesión también están convocados el presidente del Consejo Directivo del Servel, Andrés Tagle, y la ministra de la Segpres, Ana Lya Uriarte.
Este lunes 26 de diciembre, a partir de las 15:00 horas, en el ex Congreso Nacional en Santiago, la Comisión de Constitución del Senado iniciará la discusión de las dos mociones, refundidas, que buscan dar continuidad al proceso constituyente y que son parte del «Acuerdo por Chile».

Se trata de la moción presentada por los senadores Álvaro Elizalde, Javier Macaya, Francisco Chahuán, Jaime Quintana e Iván Flores; y otra moción presentada por los senadores Juan Ignacio Latorre, Esteban Velásquez, Claudia Pascual, Ximena Rincón y Luciano Cruz-Coke.

Debido a que ambas mociones versan sobre la continuidad del proceso constituyente, la Sala acordó fusionarlas y analizarlas en conjunto.

El presidente de dicha comisión, Matías Walker (Demócratas), dijo que espera un trámite rápido con «la idea de ganar una semana, toda vez que esta semana regional no hay sesiones (de Sala) del Senado y, por lo tanto, esperamos despachar el proyecto de la Comisión de Constitución». Según consignó Cooperativa, el senador Walker señaló que lo ideal es «no introducir mayores modificaciones al texto», al ser «fruto de un acuerdo (…) y la idea es que, si hay modificaciones que surjan del debate, que hay que hacer precisiones, estas surjan de común acuerdo», en pro de una ágil tramitación.

Uno de los que ya adelantó que presentará indicaciones fue el senador independiente por la Región de Magallanes, Karim Bianchi. «Vamos a presentar indicaciones para mejorar la reforma constitucional y esas indicaciones van ir en la línea correcta, que es todo lo contrario a lo que señalan los partidos políticos», sentenció el parlamentario a través de un comunicado, apuntando al mejoramiento de los tres órganos que se harán cargo de la redacción del texto.

En tono crítico, el senador Bianchi afirmó que el acuerdo tiene tanto de «traje a la medida», que se deben hacer cambios vía indicación. A su juicio, «no se puede seguir avanzando permitiendo que los partidos políticos mediante cuoteo hagan lo que quieran con nuestro país».

Por su parte, la senadora Alejandra Sepúlveda, de la Federación Regionalista Verde Social (FRVS), sostuvo que «sin duda pueden existir modificaciones e indicaciones» para perfeccionar y mejorar el proyecto, siempre que respeten «la idea matriz y lo general» del mismo.

Dar esa discusión y el perfeccionamiento de la reforma «es absolutamente necesario, fundamentalmente en lo que tiene que ver con este grupo de expertos, que respetamos la idea, pero creemos que hay varias cosas que mejorar», indicó la senadora Sepúlveda.

Cabe mencionar que, además de los senadores, a la sesión están convocados el presidente del Consejo Directivo del Servel, Andrés Tagle, y la ministra de la Segpres, Ana Lya Uriarte.

La «trinidad» del acuerdo

Se estableció un Consejo Constitucional, compuesto por 50 personas elegidas por votación popular directa de acuerdo con el sistema electoral aplicable a las circunscripciones senatoriales, bajo sufragio universal y obligatorio, con listas abiertas compuestas por partidos o pactos de partidos, que podrán incluir a personas independientes. El Consejo Constitucional se integrará bajo el principio de paridad de entrada y salida y las elecciones se realizarán tentativamente el 14 de mayo de 2023.

El Consejo será integrado por escaños indígenas supranumerarios, asignados de acuerdo con el porcentaje de votación efectiva en la elección.

Este Consejo tendrá por único objeto discutir y aprobar una propuesta de texto de nueva Constitución, disolviéndose una vez cumplida la tarea encomendada. Las normas constitucionales propuestas se aprobarán por las 3/5 partes de las consejeras y los consejeros en ejercicio, sometiéndose la propuesta final a una aprobación del Consejo por el mismo quórum.

La Comisión Experta, estará conformada por 24 personas de indiscutible trayectoria profesional, técnica y/o académica, de composición paritaria, elegidos 12 por la Cámara de Diputados y Diputadas y 12 por el Senado, en proporción a la representación de las distintas fuerzas políticas y aprobada por 4/7 de los miembros en ejercicio de las respectivas Cámaras.

No podrán ser parte de la Comisión personas que tengan inhabilidad para ser candidatos a cargos de elección popular. Este órgano tendrá a su cargo la redacción de un anteproyecto que servirá de base para la discusión y redacción del nuevo texto constitucional, al estilo de una idea matriz del mismo. Las decisiones de la Comisión se tomarán por un quórum de 3/5 de sus miembros.

Una vez evacuada la propuesta de texto de la nueva Constitución y previa armonización, el Comité Experto entregará su informe al Consejo Constitucional; en dicho informe podrá formular observaciones que mejoren el texto.

Estas deberán ser conocidas por el Consejo Constitucional y serán votadas según las reglas siguientes: se entenderán aprobadas las propuestas de normas si cumplen con el quórum de 3/5 de sus miembros en ejercicio. Por el contrario, las propuestas de normas se entenderán rechazadas cada una por las 2/3 partes de los miembros en ejercicio. Todas aquellas propuestas que no se encuentran en alguna de circunstancias anteriores, se resolverán mediante una Comisión Mixta, compuesta por 12 personas, entre expertos y consejeros por partes iguales, que conocerán de la controversia y que se resolverá con el voto de las 3/5 partes de dicha instancia.

En caso de no lograr dicho quórum, la Comisión Experta, dentro del plazo de 5 días, por 3/5 partes de sus miembros, presentará una nueva propuesta al Consejo Constitucional para que se conforme a las reglas generales.

En tanto, el Comité Técnico de Admisibilidad, estará compuesto por 14 personas, juristas de destacada trayectoria profesional y/o académica, que serán elegidas por el Senado en virtud de una propuesta única que le formulará la Cámara de Diputadas y Diputados.

Ambas votaciones deberán contar con el apoyo de 4/7 de los miembros en ejercicio. Este Comité Técnico de Admisibilidad tendrá a su cargo la revisión de las normas aprobadas en las distintas instancias que se presenten en la Comisión Experta y/o el Consejo Constitucional, a fin de determinar una eventual inadmisibilidad de estas cuando sean contrarias a las bases institucionales

Podrá pronunciarse a requerimiento fundado de una quinta parte del Consejo Constitucional; o de dos quintas partes de la Comisión Experta. El Comité resolverá conociendo los antecedentes de derecho, aplicando las bases constitucionales, conforme a las normas e interpretación constitucional. Sus resoluciones se adoptarán dentro de tercero día, ampliándose por cinco días más para incorporar los fundamentos, por la mayoría absoluta de sus integrantes y no serán recurribles ante órgano alguno, nacional ni internacional. En caso de acogerse la inadmisibilidad, la norma impugnada no podrá incorporarse en el texto constitucional.

En caso de que la vulneración consista en la omisión de alguna de las bases institucionales, y previo requerimiento, el Comité de Admisibilidad le instruirá a la Comisión Experta la redacción de una propuesta, la que será deliberada por el Consejo Constitucional conforme a las reglas generales.

La propuesta final de Nueva Constitución deberá ser ratificada o rechazada por la ciudadanía mediante un plebiscito con voto obligatorio.

Fuente: El Mostrador