Un accidentado comienzo tuvo la sesión del Senado de este lunes, convocada especialmente para votar la tercera propuesta que realizaba el Presidente Gabriel Boric para elegir al jefe del Ministerio Público por los próximos 8 años.
Se trataba tal vez el nombramiento más importante de su mandato, en vista del papel de la institución persecutora en el combate de la delincuencia, hoy la principal demanda de la ciudadanía.
Sin embargo, el proceso no había sido sencillo. Tras las fallidas postulaciones de José Morales y Marta Herrera, el Mandatario optó sorpresivamente por el abogado penalista Ángel Valencia, lo que descolocó y molestó a ciertas bancadas oficialistas, que cuestionaban el perfil del candidato escogido.
También afloró una disidencia en un sector de RN, que prefería a Juan Agustín Meléndez, fiscal regional de Los Ríos, quien hoy ejerce como jefe subrogante del Ministerio Público, luego de que Jorge Abbott dejara el cargo a fines de septiembre por cumplir el límite de edad de 75 años.
Pese esos reparos, finalmente Valencia alcanzó los 40 respaldos para ser ratificado, cifra que superaba holgadamente el quórum de 33 votos necesarios.
Solo hubo 6 votos en contra y 3 abstenciones, una de ellas del presidente del Senado, Álvaro Elizalde (PS), quien optó por esa salida, en vez de inhabilitarse, para evitar cuestionamientos en vista de su lazo de amistad con el recién nominado fiscal nacional. “No puedo ir contra lo que dice la ley y sentar un precedente complejo para el futuro”, dijo el senador, argumentando que la Ley Orgánica del Congreso lo eximía de inhabilitarse por tratarse de un nombramiento que es facultad exclusiva del Senado.
Aunque el abogado penalista corría con cierta ventaja, pues tenía el apoyo de un grupo influyente y transversal de senadores (desde el PS a la UDI), entre ellos los integrantes de la estratégica Comisión de Constitución de la Cámara Alta, la discusión fue áspera.
De partida, en la sesión previa en la que la mencionada comisión recibió a Valencia y a la ministra del Interior, Carolina Tohá -quien concurrió en representación del gobierno para defender al candidato a fiscal nacional-, las senadoras Loreto Carvajal (PPD) y Yasna Provoste (DC) emplazaron al abogado por su rol en casos de abusos sexuales y de derechos humanos.
“No se trata de traicionar al Presidente, se trata de no traicionar a la ciudadanía con un personero que no cumple los estándares que corresponden en lo técnico… Los abogados tienen derecho a ejercer su profesión, pero también tienen derecho a escoger sus causas… El historial profesional de él habla de una conducta reiterada en favor de la defensa no precisamente de las víctimas”, dijo Carvajal.
“No puede haber relativismo moral, porque cuando una persona es deudor de alimentos recibe todo tipo de condenas, pero cuando es amigo o compadre podemos hacer vista gorda”, dijo, a su turno, Provoste, en una velada alusión al lazo de amistad que tiene Valencia con Elizalde, con quien es “compadre”.
Al igual que Carvajal, la senadora DC cuestionó la calidad ética del postulante. “A propósito de los principios, ¿le parece un abogado que defiende estas causas? Abusos a menores, violación a menores, abuso sexual y, además, como parte de su defensa (intenta) desacreditar el testimonio de las víctimas y particularmente de las mujeres y menores de edad, en violaciones masivas”, señaló Provoste en la sala del Senado, dirigiéndose a la ministra Tohá.
Luego en la sesión de Sala, Provoste y Carvajal sacaron a colación la copia de un mandato judicial de 2008 en el que Valencia aparecía asumiendo la defensa del exintendente y exalcalde, Felipe Guevara (RN), junto a Juan Domingo Acosta, en un juicio que involucraba a la Municipalidad de Lo Barnechea. A juicio de ellas, ese documento demostraba que el candidato a fiscal mintió en su exposición, pues dijo que no conocía a Guevara.
La denuncia obligó a que Elizalde pidiera un acuerdo excepcional para que Valencia pudiera ingresar al hemiciclo para aclarar los hechos. En su declaración, el abogado reiteró que no estaba faltando a la verdad, pues los mandatos judiciales se presentan sin necesidad de que concurra el representado y que él firmaba ese documento en su calidad de colaborador de Acosta, quien era el defensor del exalcalde.
La explicación, sin embargo, no dejó conforme a Provoste ni Carvajal. Esta última incluso dijo tener otra prueba de que estuvo presente en una audiencia en favor de Guevara. En todo caso, en esa audiencia el exintendente figuraba como ausente.
Todas estas acusaciones enrarecieron el inicio de la sesión, en la que supuestamente el gobierno ya llegaba con los votos asegurados. Aún así, las gestiones de las senadoras disidentes obligaron a los representantes del Ejecutivo a reforzar los apoyos.
De hecho, se vio a la ministra (s) de la Secretaría General de la Presidencia, Macarena Lobos, realizar una frenética ronda de conversaciones con senadores de distintas bancadas para ratificar el compromiso de votar a favor. Por su parte, el ministro (s) de Justicia, Jaime Gajardo, se acercó a dialogar con el jefe de senadores del PC, Daniel Núñez.
Otra prueba del nerviosismo que había en esos instantes, eran los paseos de Elizalde por detrás de la testera.
Según un senador de oposición, que finalmente votó a favor, en esos momentos había alrededor de 8 legisladores aún se debatían entre desmarcarse o apoyar la propuesta presidencial. Además, el suspenso se agudizó porque al inicio de la sesión nadie quería inscribirse para hablar. Muchos esperaban ver las señales de otros antes de anunciar su propia postura.
Sin embargo, con los primeros discursos, la tranquilidad volvió al gobierno. Incluso algunos senadores que estaban indecisos, como Ricardo Lagos Weber (PPD), Alejandra Sepúlveda (FREVS), Iván Flores (DC), Francisco Huenchumilla (DC) y David Sandoval (UDI), anunciaron que apoyarían la propuesta presidencial.
“Con reservas”, dijo, sin embargo, Lagos Weber. “Con dolor”, dijo a su turno Sepúlveda, quien justificó su respaldo por el difícil momento que está viviendo el Ejecutivo.
Aún así, hubo algunos parlamentarios que optaron por descolgarse en línea con la postura que lideraron Carvajal y Provoste. Ese fue el caso de los dos senadores comunistas, Daniel Núñez y Claudia Pascual.
“No le da la investidura moral que se requiere para ser fiscal nacional”, fue el duro cuestionamiento que hizo Núñez al momento de justificar su voto, recordando su defensa al exgeneral director de Carabineros, Bruno Villalobos, en el caso de derechos humanos de Patricio Manzano que investigó el ahora ministro de la Corte Suprema, Mario Carroza.
Tras la votación, la ministra Tohá valoró el apoyo, pero con cierta prudencia. “Creo que todos los que estamos en esta Sala hoy día no tenemos nada que celebrar, hay mucho que trabajar, tenemos mucho que reconstruir, ha sido tenso este proceso y es necesario sacar de él aprendizajes”, sostuvo la secretaria de Estado, quien luego a salida recalcó que las diferencias que afloraron en el debate “no tienen que ser un obstáculo para tomar tomar decisiones y colaborar” en una agenda de seguridad y de fortalecimiento del Ministerio Público.