Dos columnas sobre Indicaciones a la Reforma Laboral. Una a favor de Francisco Javier Díaz, subsecretario del Trabajo y otra en contra de Huberto Berg, director Berg Consultores
UNA PROPUESTA NECESARIA
Francisco Javier Díaz, subsecretario del Trabajo
EL MARTES pasado comenzó en la Comisión de Trabajo de la Cámara de Diputados la votación -en particular- del proyecto de ley que moderniza las relaciones laborales. El propósito de esta ley es claro: fortalecer la negociación colectiva y construir espacios de diálogo equilibrado al interior de la empresa, para de esa forma aportar tanto a la reducción de la desigualdad como a la productividad.
Luego de dos meses de audiencias públicas, se presentaron una importante cantidad de indicaciones por parte del Ejecutivo y diputados de distintas bancadas. El número total de indicaciones (más de 800) se ve abultado, pero lo cierto es que más de la mitad de ellas son ajustes técnicos o de simple referencia. Además, muchas indicaciones son similares entre sí, por lo que viene un importante trabajo de sistematización que permita ordenar el debate. Hay que recordar, finalmente, que el Ejecutivo posee iniciativa exclusiva en materia de negociación colectiva.
Las indicaciones introducen perfeccionamientos en cinco áreas principales: en materia de sindicalización; perfeccionamientos en la definición de servicios mínimos; perfeccionamientos en materia de medidas de género; perfeccionamientos en materia de negociación en sindicatos interempresa, confederaciones y federaciones; y una serie de perfeccionamientos técnicos en materia de procedimiento. Todas ellas, sin embargo, no alteran lo que son las ideas fundamentales del proyecto, el que a su vez replica lo que fue el programa de gobierno.
¿Se trata ésta de una simple reforma “sindical”, como acusan algunos, con un cierto tono peyorativo hacia los sindicatos? Ciertamente no. La reforma busca conciliar armónicamente la productividad con los derechos colectivos de los trabajadores. El proyecto se inserta, a su vez, en una agenda laboral mucho más amplia, que aborda capacitación, fortalecimiento de la Dirección del Trabajo, seguro de cesantía, entre otras materias, para promover mayor empleabilidad y mayor crecimiento.
¿Debe ser un objetivo aumentar las tasas de sindicalización y de cobertura colectiva? A nuestro juicio sí. Existe evidencia a nivel internacional que muestra una correlación positiva entre tasas de cobertura colectiva e igualdad. Un reciente artículo del FMI afirma que controlando diversas variables relevantes como cambio tecnológico o innovación, existe una correlación entre concentración de la riqueza y declive de la sindicalización, y por ende, el aumento de la desigualdad en economías avanzadas.
El actual marco legal es abiertamente insuficiente y no protege adecuadamente a los trabajadores. Esta insuficiencia provoca tensiones que es mejor abordar a tiempo. Al no encontrar un cauce adecuado para expresar demandas, pueden proliferar las manifestaciones y paralizaciones de hecho. Al mismo tiempo, como no existe posibilidad de conversar fructíferamente entre trabajadores y empleadores acerca de las realidades y necesidades concretas de las empresas, lo que termina ocurriendo es que esa demanda se traslada al poder político, cayéndose en una sobrerregulación de sectores económicos específicos.
Proponemos reformar una legislación que ya tiene 36 años de aplicación. Era esperable que se generara la gran discusión que se está dando. Nada más sano para una democracia que debatir abiertamente cómo piensa organizarse y distribuir los frutos del progreso de todos. El llamado es a analizar con espíritu constructivo esta reforma.
SE INSISTE EN UN GRAVE ERROR
Huberto Berg, director Berg Consultores
SI ALGUIEN pensaba que con las indicaciones al proyecto de reforma laboral que haría el gobierno se corregiría en algo esta iniciativa para evitar el gran daño que le va a causar al país y a sus trabajadores, al quitarles derechos esenciales que consagra nuestra Constitución con la excusa de protegerlos, se equivocó.
Las indicaciones no sólo no lo corrigen, sino que todo lo contrario, profundizan los errores e insisten en su objetivo final. Esto es, otorgarles a las cúpulas sindicales un poder absoluto que no se ha podido ganar con un sindicalismo moderno y propositivo, lo que no puede extrañarnos en lo más mínimo.
Cuando un proyecto de reforma laboral se basa en la vieja consigna comunista de empleadores explotadores versus trabajadores explotados, donde la “única” forma que tendrían estos últimos para hacer frente a dicha situación es ponerse bajo el amparo de estas cúpulas sindicales que conseguirán por la vía de la fuerza lo que les corresponde, claramente no se está pensando en el bien del país. Esto no es lo que queremos los chilenos. Tanto es así, que el proyecto liderado por los sectores más de izquierda de la Nueva Mayoría, y secundados en forma lamentable por partidos que sí se dicen demócratas, desde un primer momento pasó absolutamente por alto las opiniones de los propios trabajadores, que al igual que el resto del mundo -salvo los países gobernados por el Partido Comunista-, rechazan absolutamente la consigna de la lucha permanente al interior de las empresas.
Así lo demuestran las innumerables encuestas, incluida la Encla que realiza la Dirección del Trabajo, que señalan con toda claridad que al interior de sus empresas no se vive este ambiente de persecución y explotación con el que la izquierda insiste en tratar de convencernos a todos. Es más, en otras encuestas, los propios trabajadores declaran enfáticamente que el camino hacia el progreso es la capacitación, la iniciativa, el esfuerzo personal y el trabajo bien hecho -nada de lo cual es mencionado en la iniciativa del Ejecutivo-, y en ninguna parte se sugiere la huelga o la paralización absoluta de sus empresas para alcanzar los objetivos anteriores.
Lo que a muchos les cuesta entender es cómo se pretende instalar en el Chile de hoy -abierto al mundo, competitivo, con gente empoderada que busca calidad, buenos precios y buen servicio- un modelo de relaciones laborales como el que había en Chile en los años 60 y comienzos de los 70. En aquellos años teníamos una economía cerrada, donde había unos señores sentados en oficinas que asignaban precios a los distintos productos que los chilenos podíamos adquirir. Si en una empresa se declaraba la huelga, había que conversar con estos señores para que simplemente aumentaran los precios de los productos de dicha empresa, traspasándoles este mayor costo a los consumidores, que no tenían opción, así la empresa en cuestión podía acceder a lo que pedían sus trabajadores. En esta misma economía había que inscribirse con muchos meses de anticipación para tener la esperanza de poder comprar un televisor marca ANTU.
Otra prueba de que a los autores de este proyecto no les importa lo que opine la gente es el hecho que insisten en que el sindicato sea el único que pueda negociar colectivamente, a pesar de que en encuestas recientes los trabajadores han rechazado categóricamente esta situación. En definitiva, este no es un proyecto pensando en los trabajadores chilenos, sino sólo en las cúpulas sindicales.
Denos su opinión