Por María Fernanda Villegas A., Directora CETRA
Esta semana la Contraloría, en el marco de sus funciones fiscalizadoras, ha emitido un lapidario informe acerca del uso malicioso o fraudulento de licencias médicas por parte de 25.000 funcionarios públicos y que afecta a 778 reparticiones.
El cruce del registro de salidas fuera del país y de las nóminas de Rut de entrega de licencias en un determinado espacio temporal permitieron el hallazgo.
El asunto avanzó aún más y también se estableció otra anomalía dolosa, licencias extendidas a médicos que no estaban en los recintos sanitarios por razones de salud, pero que sin embargo, se les registra practicando partos en clínicas privadas e incluso en un hospital público. ¡ Es realmente Indignante!
No extrañaría en los próximos días otros hechos similares pudieran salir a la luz pública
Consignemos que el Ministerio de Hacienda venia poniendo en alerta el incremento exponencial de licencias médicas y el costo que esto tenía para el erario nacional. Por lo mismo, en el presupuesto 2025, se establecieron indicaciones a fin de hacer seguimiento al tema y ya hace meses se detectó e inició una investigación a un grupo de inescrupulosos médicos que entregaban estos documentos en volúmenes diarios evidentemente irregulares e insostenibles.
La reacción de la opinión pública y con toda razón, no se ha dejado esperar, condenando transversalmente estas malas prácticas y sumando rabia.
Al estupor inicial, correspondería de inmediato la acción reparadora de cada repartición pública centralizada y descentralizada donde se verificaron estas anomalías. Que a investigaciones eficientes les sigan sanciones ejemplificadoras. La SUSESO y otros entes también podrá iniciar indagaciones y procesos legales contra los médicos y trabajadores que incurren en conductas fraudulentas, las que incluso configurarían delitos penales dado el uso malicioso de estas licencias. Instrumentos que si bien son documentos privados, tienen evidentes implicaciones públicas que afectan las relaciones laborales y el sistema de seguridad social.
El problema sin duda es de la mayor gravedad y refleja la erosión de los sistemas, la decadencia y el déficit de probidad al que hemos llegado como país. La situación recuerda el famoso tango Cambalache, que fuera escrito en el siglo pasado, pero, cuyo texto viene como anillo al dedo cuando en su lenguaje arrabalero señala «Si es lo mismo el que labura noche y día como un buey, que el que vive de las minas, que el que mata, que el que cura, o está fuera de la ley.»
Lo ocurrido genera daños incalculables, empezando por la pérdida de dineros públicos -siempre escasos – y más en un sector tan sensible como es la salud.
La pregunta sobre lo que se podría haber hecho con esos recursos resuena y más cuando todos estamos ciertos de la falta de financiamiento para necesidades sanitarias de la población.
Otro resultado inmediato es la irreparable contribución al incremento de la debilitada imagen institucional de lo público y del funcionariado. Así esto constituye un verdadero golpe a la reputación social de instituciones públicas indispensables para el desarrollo del país, partiendo una vez más por municipios que son la puerta de entrada y el vínculo más directo de las comunidades con el Estado.
Otro efecto negativo del mal uso de las licencias que no podemos dejar de mencionar y que es la consecuencia más grave y profunda: la erosión a la fe pública; que es un bien fundamental necesario para el funcionamiento del sistema legal, para la protección de los derechos de las personas y para la estabilidad de la sociedad.
Estas circunstancias aumentan la desconfianza de los ciudadanos hacia la institucionalidad estatal debilitando de paso cohesión social y fragilizando la democracia. No es casual que en diversas encuestas los chilenos han reducido su adhesión al régimen democrático.
El escenario constituye una coyuntura compleja para los trabajadores del Estado y sus organizaciones dado que esta deleznable situación podría servir para alimentar a quienes con oscuros intereses o sectores con un fanatismo ideológico extremo buscan justificaciones para reducir el Estado, despedir funcionarios y transferir funciones al mundo privado. También siembra un manto de dudas frente al ejercicio de un derecho laboral esencial de cualquier trabajador que efectivamente enferme y que se le entregue licencia médica.
Sin embargo y como toda crisis se vislumbra una oportunidad. El informe mostró la potencialidad que la tecnología, la big data puede representar para una mejor y más transparente gestión pública. Por lo mismo, junto a las medidas inmediatas de orden administrativo y legales urge acelerar la agenda de modernización en el sentido antes indicado e incorporarlo al debate presidencial en este año electoral.
Ante esto, corresponde que las organizaciones sindicales y los gremios sean enfáticos en rechazar lo ocurrido y no amparar este tipo de situaciones. Por ello es destacable lo indicado por el presidente de Anef, José Pérez Debelli «no vamos a defender lo indefendible. Lo ocurrido conlleva faltas a la probidad y destitución». Esa es la reacción esperada. De otro modo se corre el riesgo de que la ciudadanía establezca un vínculo moralmente cómplice con los hechos que terminaría injustamente dañando también a las organizaciones.
Es de esperar que de este problema legal, administrativo, político y ético sea abordado con acciones apropiadas para superarlo de raíz y que no sea un hecho usado falazmente como una justificación que lleve a conclusiones y definiciones erradas que terminen minimizando o estigmatizando los indispensables servicios público y a su personal.