“No hay ninguna precampaña”, fue lo que la Presidenta Michelle Bachelet respondió tajante el 21 de abril en la mañana, durante un desayuno con la prensa acreditada en Palacio. En esa ocasión, fue la primera pregunta que se puso sobre la mesa a la Mandataria, ante las boletas que figuras como Rodrigo Peñailillo y otros integrantes del círculo bacheletista habían emitido entre 2012 y principios del 2013 al operador Giorgio Martelli. Fue evidente que el tema incomodó a la Presidenta, quien explicó que a ella le había costado mucho tomar la decisión de volver a Chile en marzo del 2013; dijo sí que, respecto de las personas que habían trabajado y elaborado “productos” antes de eso, no había delito e insistió categórica, una vez más, para cerrar el punto en esa conversación, en que no hubo precampaña.
Pero desde ese día el escenario ha cambiado radicalmente. Peñailillo, Alberto Arenas, Álvaro Elizalde y varios integrantes de la llamada G90 –círculo político en el PPD del ex ministro del Interior– tuvieron que dejar el Gobierno tras el ajuste de gabinete. Con eso, La Moneda buscó dar un golpe de timón, un giro para mejorar la conducción política, pero sobre todo sacar del seno de Palacio al corazón del comando de la campaña bacheletista.
Pero cada semana aparece más información sobre pagos desde el sector privado, de empresas como SQM y sus filiales, a miembros del bacheletismo durante el período previo a la llegada de Bachelet a Chile, cuando formal y públicamente anunció que sería candidata para las primarias de la Nueva Mayoría y para la presidencial de noviembre. La semana pasada salió a la luz pública que Martelli había pagado 330 millones de pesos entre el 2012 y 2013 a un grupo clave del comando presidencial que incluye a Peñailillo, al ex director del SII Michel Jorratt y varios integrantes de la llamada G90 –Gabriel Sepúlveda, Flavio Candia, Héctor Cucumides, Harold Correa–; asimismo, a la amiga personal de la Mandataria, Estela Ortiz, y Alicia Galdámez Jeria, prima de la Presidenta, además de otros personeros, como Fidel Miranda –hombre clave de Arenas–, Robinson Pérez –ex asesor jefe de Peñailillo–, la directora de Prodemu, Pamela Farías, y el asesor de la Secom, Claudio Santis.
En La Moneda, diversas autoridades confiesan que la precampaña “es un tema complejo”, que es una situación “muy delicada” y que efectivamente se ha transformado en “una complicación mayor”. Que esperan que los procesos judiciales avancen y decanten para poder hablar más directamente de esta situación.
A eso se sumaron las declaraciones de Jorratt tras su salida del Servicio de Impuestos Internos, donde no solo reconoció haber recibido presiones políticas desde el Ministerio del Interior para no indagar más en el caso SQM, sino que, de paso, es de los primeros que públicamente asume la suerte de precampaña, al declarar que hizo “varios informes durante 2012, que mostré a los medios, que tenían que ver con propuestas de reformas tributarias. Fueron más bien una especie de informes acumulativos que terminan con una propuesta ya más contundente de una reforma tributaria”.
Agregó que su “último pago fue en marzo de 2013” y que “obviamente no tenía sentido que esa empresa o Martelli requirieran esos informes, pero el contexto era otro”.
Públicamente La Moneda no se mueve un ápice del discurso de que al Gobierno no le corresponde comentar lo que distintas personas hicieron antes de entrar a sus cargos en la administración pública, que tampoco está en su competencia hacer investigaciones sobre lo sucedido en ese período, que es el Ministerio Público el habilitado para ello y que en democracia el Poder Ejecutivo no puede trasgredir las competencias de la Fiscalía. El ministro vocero, Marcelo Díaz, dijo el viernes que “es competencia de cada una de esas personas, son ellos los que tendrán que rendir cuentas y explicar o aclarar lo que hacían con anterioridad a esa fecha, nosotros respondemos por los actos de Gobierno y por los actos de los funcionarios de Gobierno”.
Y recalcan en Palacio que la Presidenta Bachelet regresó a Chile y anunció su candidatura el 28 de marzo del 2013, lo que es “un dato esclarecedor”. En privado son varios los que en La Moneda ponen el foco en que la Presidenta “efectivamente no sabía lo que se gestionaba en Chile mientras ella estaba en Nueva York” el 2012, mientras ejercía su cargo en ONU-Mujeres, y menos de los montos que se comprometieron usando su nombre. Agregan que, por lo mismo, la Mandataria sacó “al comando del Gobierno”, que hizo lo que debía y que ahora es problema de los involucrados directos.
No fue gratuito que en las semanas previas al ajuste ministerial Bachelet encargara a su jefa de gabinete, Ana Lya Uriarte –una de las personas de mayor confianza de la Presidenta–, que sondeara hasta qué punto estaban efectivamente involucrados funcionarios del Gobierno con la empresa de Martelli, Asesorías y Negocios, a través de la cual SQM hizo muchos pagos.
El comité político anterior, que lideraba Peñailillo, nunca reconoció ni en privado la figura de la precampaña y se aferró en todo momento al argumento de haber realizado efectivamente los informes solicitados por Martelli.
El actual equipo político deberá tratar de desactivar la bomba política que representa la precampaña, un conflicto heredado para ellos, considerando que ninguno estuvo involucrado protagónicamente en el comando presidencial.
En La Moneda, diversas autoridades confiesan que la precampaña “es un tema complejo”, que es una situación “muy delicada” y que efectivamente se ha transformado en “una complicación mayor”. Que esperan que los procesos judiciales avancen y decanten para poder hablar más directamente de esta situación.
Mientras tanto, esta semana el tema nuevamente puede instalarse en el patio de La Moneda, considerando que Martelli declararía ante el Fiscal Nacional, Sabas Chahuán, instancia en la que contará su versión de los hechos, del papel real que cumplió el 2012 y si efectivamente fue el vehículo para financiar la precampaña presidencial. Dicen que su estrategia jurídica la ha preparado solo, que ha comentado con algunos de sus cercanos que él solo fue parte de un engranaje, pero no el artífice de un financiamiento irregular.
La presión pública no es menor en este escenario y el ex timonel de la UDI, Ernesto Silva, en el programa ‘Estado Nacional’, de TVN, puso ayer el acento en el dilema que enfrenta Bachelet y precisó que la Presidenta “va a tener que transparentar esto” y, si lo hace, cree que “la ciudadanía le va a dar una segunda oportunidad”
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