Es la primera vez en la historia de la cuprífera estatal que Codelco cesa operaciones en una de sus plantas. Un 58% de los 350 trabajadores optó por adelantar su jubilación
La principal productora de cobre del mundo, la estatal chilena Codelco, ha comenzado este miércoles el primer cierre de una de sus plantas: la Fundición Ventanas, 150 kilómetros al norte de Santiago. El cese de las operaciones de una demanda histórica de los vecinos del polo industrial ubicado en la bahía de Quintero-Puchuncaví, considerado una de las cinco zonas de sacrificio del país sudamericano (áreas donde la concentración masiva de industrias contaminantes daña la salud de la comunidad). La histórica decisión anunciada en junio del año pasado inicialmente generó protestas por parte de los empleados, pero llegaron a distintos acuerdos con la empresa. En un país extractivista, el cierre marca un giro importante en la política ambiental chilena.
De los 350 trabajadores, un 58% optó por adelantar su jubilación, un 25% por recibir capacitaciones para trabajar en la planta de refinería de la división y el 17% por ser reubicado en otros asentamientos de la minera. Los cerca de 400 subcontratados conservarán su empleo durante el proceso de cierre que, según estimaciones, tardará unos cinco años.
“Todo esto ha sido desarrollado a través de un plan de transición laboral justa, en diálogo permanente con los dos sindicatos que representan a nuestros trabajadores y trabajadoras, así como de un acompañamiento a nuestras empresas contratistas”, señaló hace unos días el gerente general de Ventanas, Ricardo Weishaupt.
La planta de Ventanas seguirá fabricando cátodos de cobre. Este miércoles se ha iniciado el cierre de la fundición del mineral y la planta de ácido sulfúrico, que siempre han perdido dinero en esta operación. Entre las 16 empresas públicas y privadas que operan en el polo industrial levantado a mediados del siglo pasado hay termoeléctricas, refinerías de petróleo, regasificación de gas natural y descarga y almacenaje de combustibles. Los problemas medioambientales en la localidad de 32.000 habitantes comenzaron a comienzos de los noventa y se hicieron recurrentes. Uno de los últimos episodios más críticos ocurrió en la antesala del anuncio del cierre de la fundición: más de un centenar de vecinos resultaron intoxicados hace un año debido a los altos niveles de dióxido de azufre emanados de las industrias.
La ministra de Medio Ambiente chilena, Maisa Rojas, explica a EL PAÍS que el cierre “disminuirá sustancialmente las emisiones de dióxido de azufre (SO2) y, con ello, una fuente importante de contaminación”, pero que el Gobierno de Gabriel Boric entiende que la medida por sí sola no soluciona del todo la problemática que afecta a los habitantes de los municipios de Concón, Quintero y Puchuncaví. “Estamos ejecutando un plan de acciones, entre las que se cuentan la aprobación de una nueva red pública de monitoreo de calidad del aire, la reciente publicación de la nueva norma primaria de calidad del aire para el benceno y la puesta en marcha de nuevos equipos para medir contaminantes”, apunta a este periódico.
Desde la Fundación Terram, dedicada a realizar estudios y promover el desarrollo sustentable, celebran el cierre de la fundición y los acuerdos a los que llegó la empresa con los trabajadores. “Pero con este cierre no se acaba la contaminación en la bahía de Quintero”, aclara su directora Flavia Liberona, quien recuerda por teléfono que la semana pasada hubo varios eventos de contaminación por compuestos volátiles. “Hay que congelar el parque industrial. No puede ser que con la contaminación que hay en el aire, agua y suelo se siga admitiendo a evaluación de nuevos proyectos”, añade en relación a la construcción de una planta desaladora que provocó una huelga de pescadores a mediados de abril.
La fundición de Ventanas abrió en 1964 bajo la órbita de la Empresa Nacional de Minería (Enami). En 2005, en el Gobierno de Ricardo Lagos, el Estado dispuso transferirla a Codelco. Las exigencias para la emisión de dióxido de azufre, material particulado y arsénico han ido en aumento desde entonces. En 1997 entró en vigencia una normativa que obliga a las empresas a realizar estudios de impacto ambiental. “El problema es que las evaluaciones corren solo para las empresas que comenzaron a operar después de 1997 o las ampliaciones de las antiguas. Pero hay empresas que nunca han evaluado su operación principal”, critica Liberona.
La Superintendencia del Medio Ambiente es el organismo encargado de fiscalizar todas las empresas que cuentan con permiso ambiental. En el caso de las instalaciones previas a 1997, esa tarea le corresponde a organismos sectoriales como la Superintendencia de Electricidad y Combustibles. Marie Claude Plumer, Superintendenta del Medio Ambiente, dice a este diario que “varias” de las empresas construidas antes de 1997 han actualizado sus proyectos, lo que ha requerido su ingreso al Servicio de Evaluación Ambiental. Además, a través del Plan de Descontaminación -vigente en Concón, Quintero y Puchuncaví desde 2018-, “la mayoría de las empresas son fiscalizadas”. “Sin perjuicio de esto”, sostiene, “existen proyectos de ley en el Congreso que proponen crear instrumentos que permitan someter a evaluación las instalaciones anteriores al año 1997, con el objetivo de considerar los riesgos ambientales que implican estas actividades”.
Fuente: El País de España