Palabra autorizada. Así se asume en el mundo político-económico local, la visión de la economista Andrea Repetto sobre algunos de los temas que se han apoderado de la agenda nacional en el último tiempo, entre ellos los vinculados a la probidad y transparencia en el financiamiento a la política y, desde antes, las modificaciones a aspectos relevantes del Código del Trabajo.
Al primero volvió más recientemente a través de su participación en la denominada comisión Engel, mientras que el segundo es parte de su quehacer diario como directora del Centro de Políticas Laborales de la Escuela de Gobierno de la Universidad Adolfo Ibáñez. En la primera administración Bachelet, de hecho, integró la comisión Meller, una iniciativa presidencial dedicada al análisis de tópicos de Trabajo y Equidad y en marzo pasado expuso en la Cámara a la Diputados su opinión sobre el proyecto de reforma laboral que impulsa el gobierno, que hoy retorma su trámite legislativo en la comisión de Trabajo del Senado
“Ha habido avances, sin duda, pero aún hay materias a revisar”, plantea junto con reforzar la importancia del proyecto, cuyo objetivo principal -dice- es permitir una negociación más amplia de temas al interior de la empresa, “que cree nuevas fuentes de productividad y crecimiento, y asegure una distribución equitativa de los resultados del esfuerzo conjunto de trabajadores y empleadores”.
En términos gruesos, estima que ello se logra con la titularidad sindical, que asegura que haya contrapartes claras, institucionalizadas y permanentes de diálogo; con el derecho efectivo a la huelga, que junto a las nuevas normas de información y de servicios mínimos asegure el buen cuidado de la fuente laboral, común a trabajadores y empleadores; y, finalmente, por medio de una posibilidad más real y fluida de negociar adaptabilidades a las jornadas que beneficien a ambas partes.
– ¿Qué perfeccionamientos considera urgente en el paso del proyecto por el Senado?
– Hay varias áreas que creo importante revisar. Entre ellos, la norma respecto del piso cuando el sindicato no presenta un proyecto a tiempo, el problema del “sindicato del día después” y el uso abusivo de fueros que, en general, deslegitiman la actividad sindical, además la publicidad de las ofertas que realiza el empleador durante la negociación.
– Sectores de la Democracia Cristiana han planteado hacer ajustes en titularidad sindical, aspecto que usted planteó ante los diputados.
– La titularidad sindical es valiosa, porque permite negociar con quien tiene las facultades legales para representar de manera permanente los intereses colectivos de los trabajadores. Pero no puede significar que ello impida que otros trabajadores, en otro establecimiento o función en la misma empresa, por ejemplo, que no están representados por el o los sindicatos existentes, se queden fuera de la posibilidad de negociar. La representatividad del sindicato también es relevante.
– ¿Fue un avance el ajuste que se hizo en la Cámara de Diputados a la redacción de los servicios mínimos? Hay temor a que finalmente sea mucho contrapeso para la figura del reemplazo en huelga…
– La legislación laboral supone un conjunto de derechos y deberes de las partes. Es importante no analizar cada componente de la norma de manera aislada, sino que evaluarla como un todo. Por ejemplo, la regulación de la huelga no puede verse en forma separada de la titularidad sindical y el derecho a información. Es importante que la negociación se realice con una contraparte que represente de manera permanente los intereses de los trabajadores, y que tenga un acceso a información suficiente sobre la realidad de la empresa. Un sindicato bien informado sabe preocuparse de la empresa.
Con eso en mente, el proyecto busca que el derecho a huelga sea efectivo, impidiendo el reemplazo en huelga; si la huelga no significa costos para ambas partes, entonces no hay huelga. Sin embargo, esos costos deben ser acotados, y ahí los servicios mínimos juegan un rol clave. Estos deben buscar que la empresa pueda absorber el impacto de la huelga sin contratar reemplazantes, y sin causar perjuicios a la comunidad en cuanto a derechos como la salud y el transporte. Es importante seguir afinando esta norma en el Senado, en particular para que los servicios queden claramente definidos antes de la negociación colectiva.
– ¿Ve espacio en el Senado para un acuerdo transversal, que replique la cocina de la reforma tributaria?
– No se trata de buscar un “buen acuerdo político”; se trata de encontrar un buen balance regulatorio que asegure equidad y productividad.
Es natural que cada parte presione por obtener un poco más. Es el rol del Ejecutivo y el Congreso representar y beneficiar al conjunto de la sociedad.
“La ley hoy está muy desbalanceada”
– Usted ha insistido en que este proyecto representa una oportunidad histórica, pero desde la CUT y del mundo empresarial siguen las críticas. ¿Cómo entiende esta posición? ¿Hay mucha ideologización?
– La discusión laboral es difícil en cualquier parte del mundo. Se trata de una regulación clave con efectos importantes en el empleo, el crecimiento, la equidad y el bienestar de los trabajadores y sus familias.
La ley hoy está muy desbalanceada. La clave es encontrar un nuevo equilibrio que otorgue un mejor balance entre las partes. La discusión que viene en el Senado entrega espacio para definir mejor ese nuevo equilibrio.
– Desde el empresariado se insiste en que hay un error de diagnóstico e, incluso, se ha advertido que habrá más conflictividad. ¿Están viendo fantasmas dónde no los hay, como dijo el ministro Valdés?
– ¿Por qué el diálogo permanente con una contraparte institucionalizada podría llevar a más conflictos? Los trabajadores no pueden ser vistos simplemente como un factor de producción más, que hay que administrar eficientemente.
Las relaciones laborales estables, de colaboración, son positivas para todos.
“La idea es enfrentar mejor los ciclos”
– ¿Ha faltado análisis macro del proyecto? El ex ministro de Hacienda, Felipe Larraín, advirtió riesgo de pérdidas de empleo y ahora el mercado laboral comienza a interiorizar la desaceleración.
– Éste es un proyecto estructural, que puede elevar nuestra capacidad de crecimiento y de creación de empleo. En parte, la idea es justamente poder enfrentar mejor los ciclos que, por la naturaleza propia de la economía, van a seguir ocurriendo.
La adaptabilidad, por ejemplo, es esencial en ello. ¿Por qué negar al país la posibilidad de avanzar en este ámbito?
En todo caso, si hay normas en el proyecto que afecten la contratación de trabajadores, tendrán que ser revisadas en el Senado.
– ¿Sería prudente aplazar la entrada en vigencia de la reforma?
– Si la nueva ley consigue un buen balance entre las partes, no hay motivos para atrasarla más allá del natural rezago que significa el que los contratos colectivos existentes toman tiempo en perder vigencia.
Creo que es importante, sin embargo, acompañar el proceso con mayores espacios para la formación de dirigentes de organizaciones de trabajadores y de empresarios, y una modernización institucional de la Dirección del Trabajo, con recursos acordes a las nuevas labores que le entregará la ley.
«SON MUY VALIOSAS LAS ACLARACIONES DEL MINISTRO VALDÉS»
– ¿Le ve implicancias a que el proyecto lo lideren nuevos ministros? Rodrigo Valdés ya dijo no a negociación ramal y piso mínimo con IPC.
– Este es un proyecto del gobierno y no de ministros en particular. Los proyectos avanzan y se modifican con el diálogo en el Congreso (…) En todo caso, me parecen muy valiosas las aclaraciones del ministro de Hacienda. Por una parte, es importante tener en cuenta que la diversidad de empresas que producen en un mismo sector económico e, incluso, en una misma zona geográfica es enorme. Por ejemplo, los estudios basados en el Censo de Manufacturas del INE muestran que en un mismo mercado conviven empresas con diferencias de productividad de hasta un 600%. No podemos pedirles a esas empresas tan diversas que entreguen iguales beneficios colectivos. Al mismo tiempo, es importante reconocer que las economías son cíclicas, y que cuando la economía se debilita la dificultad para ajustar salarios se termina traduciendo en despidos. Es por ello que es un problema que el IPC sea parte del piso mínimo. En este aspecto, sin embargo, aún hay que introducir modificaciones al proyecto, en particular, qué sucede cuando el contrato anterior vence y no se presenta uno nuevo a tiempo. Según el proyecto, las cláusulas del contrato vencido pasan a ser parte de los contratos individuales, convirtiéndose en el nuevo piso mínimo. Esa es una manera escondida de mantener el IPC en el piso mínimo y es importante revisarlo
– Lo que sí reforzó Valdés, al igual que la ministra Rincón, es la necesidad de recuperar la gradualidad para los pactos de adaptabilidad.
– Yo soy una firme convencida que es en los pactos de adaptabilidad donde se juega buena parte de la nueva productividad y crecimiento que puede traer la nueva regulación. Es importante que ella se negocie colectivamente para asegurar la equidad de sus beneficios, pero también es importante no limitarla en exceso, para que genere sus frutos. Por ejemplo, me parece totalmente innecesario que se exija que la posibilidad de negociar estos pactos esté en los estatutos del sindicato para que sea factible, como dice el artículo 374 del proyecto. También se debe analizar si los quórums de representación exigidos para negociar -graduales o no- constituyen una limitación a estos acuerdos.
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