El proyecto de ley que reduce la jornada laboral de 45 a 40 horas ya está en marcha. En abril próximo pasará de 45 horas a 44 horas iniciando así el camino para llegar a las 40 horas en 2028. En paralelo a ese proceso, el Sector Público comenzará a dar pasos más concretos para también tener sus propias 40 horas laborales.
Si bien el tema ya se había conversado dentro del protocolo de acuerdo del año pasado donde se estableció formar una mesa de trabajo para comenzar a planificar cómo se podría implementar la reducción para los trabajadores públicos. Ahora ya se fijaron plazos.
Así lo afirmó el presidente de la Agrupación Nacional de Empleados Fiscales (Anef), José Pérez. “El compromiso del Ejecutivo es que durante el primer semestre de 2024 se ingresará un proyecto de ley para abordar la reducción de la jornada laboral”.
El dirigente explicó que se comenzará con un proyecto de ley que aborde a la administración central, puesto que ya tiene una jornada ordinaria y por lo mismo es más factible de iniciar el ajuste en el horario laboral.
“Las dificultades para implementar esta reducción en la jornada está puesto los sectores como educación, salud, y los sistemas de turno. Para la administración central, en su gran mayoría tienen jornada ordinaria, de 8:30 a 17:30, de 8:00 a 17:00, y uno las podría abordar como un primer buen ejercicio para avanzar en esta legislación de 40 horas”, puntualizó Pérez.
La principal razón es porque la realidad entre los sectores de la administración pública es distinta entre cada uno de ellos. Por ejemplo, los trabajadores de la administración central tienen un estatuto administrativo, otro distinto para los funcionarios del poder judicial, otro el sector educacional y el sector salud. Por esta razón, cada uno tiene sus particularidades y probablemente cada uno tendrá su fórmula para avanzar en la reducción de la jornada laboral.
Otro punto que también se debe definir es si la reducción de la jornada será para todos los trabajadores independientemente de si su condición contractual es de planta, contrata o a honorarios.
Por todo ello, Pérez enfatiza que deberá implementarse con “gradualidad dependiendo de la realidad de los distintos sectores que hay en el sector público”.
Fuente: La Tercera