Por Centro de Estudio de Seguridad Ciudadana
Hemos visto cómo las cifras son utilizadas para levantar y enterrar discursos. Siempre encontraremos alguna comuna donde las cifras subieron, pero también dónde bajaron. Siempre tendremos números más altos que algunos países, pero también más bajos que otros. Podremos cuestionar la fiabilidad de la fuente o decir que ya no se trata de números. En suma, en este tema, como en pocos, todos tienen algo que decir y siempre habrá ‘evidencia’ que respalde su argumento.
Por ejemplo, sabía usted que la tasa de robos con violencia o intimidación en Chile (87,4) o de robos en lugar habitado (95,9) son bastante menores que las de violencia intrafamiliar (149,0). Sabía usted que el delito que más aumentó en la comuna de Independencia, más de 900% de incremento, fue la violación.
Entonces, ¿cómo escoger a quién perseguir? ¿al que roba? ¿al que maltrata su propia familia? ¿Qué delito es más grave? ¿Por cuál haremos sonar las cacerolas?
Probablemente habrá tantas respuestas como intereses en juego. Pero el Estado, a través de la política pública, debe cautelar el interés general, de largo plazo, garante de derechos, que fortalezca la institucionalidad y que trascienda la inmediatez.
En Chile hemos aprendido y eso se refleja en avances sostenidos en la consolidación de instrumentos de medición; reducción y estabilización de la victimización general; en la instalación de un modelo preventivo que se basa en lo comunal y permite responder a las particularidades territoriales; entre algunos otros aprendizajes significativos. Sin duda aún hay mucho por aprender y por hacer mejor, como la necesaria coordinación interinstitucional horizontal y vertical, medición de resultados de iniciativas, mejoramiento de la capacidad investigativa inteligente, y bastante más.
Entonces, antes de seguir asumiendo una realidad que al menos es discutible, si la delincuencia se tomó las calles; y antes de decidir sobre una nueva agenda corta antidelincuencia, vale la pena poner racionalidad al debate. Valdría la pena, por ejemplo, analizar si la agenda corta anti-delincuencia del año 2007, cuyos énfasis fueron bastante similares a los de esta nueva, tuvo los efectos esperados sobre la reducción de la criminalidad. Más personas cumpliendo sentencias más largas sin un real mecanismo de reinserción efectivo y de amplia cobertura, no parece tener sentido. Entre más policías con mayores atribuciones o mejores policías, la respuesta apuntaría a la calidad.
Es nuestra responsabilidad entonces mirar el panorama completo de los datos y las cifras, de los aprendizajes y los errores, de las víctimas y los victimarios, del error judicial y del acierto, de las prisiones preventivas y los falsos positivos. Solo en un diálogo racional, que no se quede en la casuística y las pasiones, podremos avanzar hacia lo más parecido a un Chile seguro para todos y todas, en la calle y en el hogar.
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