Carlos Eugenio Lavín, formalizado por Fraude al fisco e investigado por financiamiento ilegal a la política, no es el único productor de «Los 33» que tiene cuentas con la justicia. Su socio en este emprendimiento cinematográfico fue investigado por la Fiscalía Anticorrupción de Perú por su responsabilidad en el lavado de dinero de US$ 8 millones para la mafia liderada por Vladimiro Montesinos, como parte del financiamiento ilegal para asegurar la reelección fraudulenta del tercer período de Alberto Fujimori.
El pasado 2 de agosto, cuando la avenida Apoquindo amaneció engalanada con la red carpet para albergar la esperada avant-première de la película Los 33, y Canal 13 desplegó todos sus esfuerzos técnicos para convertir a Las Condes en Hollywood, la ausencia del ex controlador de Penta y productor ejecutivo de la cinta, Carlos Eugenio Lavín, se hizo notar.
Quienes lo extrañaron, ciertamente, no fueron los fans de Mario Casas o de Antonio Banderas, sino el círculo de hombres de poder que conocieron de cerca su inédito interés por el cine, al invertir 20 millones de dólares en la película: entre ellos, el propio Mike Medavoy, productor hollywoodense del filme y amigo personal de Lavín, como asimismo Sebastián Piñera y Laurence Golborne.
El arresto domiciliario total, en que en ese momento se encontraba, impidió que asistiera a su fiesta más cara, pero tal vez fuera lo mejor. Días antes, Medavoy se había encargado de separar aguas entre la participación de su amigo en la producción de la película y el fraude al fisco por el que se encuentra formalizado y la investigación por financiamiento ilegal a la política, que se sigue en su contra.
La vinculación entre el financiamiento irregular a políticos –habiendo políticos presentes– y la cinta dirigida por la mexicana Patricia Riggen, no era negocio para nadie, menos para el «otro» productor de la cinta: Leopoldo Enríquez, banquero, millonario y amigo de Lavín.
Este empresario, quien fue jefe regional de la Banca della Svizzera Italia (BSI), controladora de AFP Plan Vital, tuvo responsabilidad en uno de los escándalos de corrupción y lavado de dinero más grandes de Perú.
Se le acusó de lavar 8 millones de dólares, desde su cuartel general en Chile, para la mafia liderada por Vladimiro Montesinos, el ex asesor de inteligencia de Perú, como parte del financiamiento ilegal para asegurar la reelección fraudulenta del tercer período de Alberto Fujimori, en el año 2000.
El arte de la inmersión
Leopoldo Enríquez es un hombre poco usual, de nombre trivial. En las pocas apariciones públicas que ha tenido estos últimos años, se presenta solo con su primer apellido: viaja mucho por el mundo, tiene gustos caros y prefiere pasar inadvertido.
De doble nacionalidad, suizo-española, este empresario con cédula de identidad chilena a nombre de Leopoldo Enríquez Blanco es Leopoldo Enríquez Fasnacht, un banquero que en los primeros años de la década del 2000 fue indagado por el ministro en visita Patricio Villarroel, en el marco del principal escándalo financiero, con arista política, del Gobierno de Ricardo Lagos: el caso Inverlink, de Eduardo Monasterio, y el fraude por más de 100 millones de dólares de Corfo.
Mientras se paseaba por tribunales prestando declaración ante el ministro Villarroel por la compra de AFP Plan Vital, en ese mismo período, el nombre de Leopoldo Enríquez Fasnacht aparecía en los principales medios de comunicación peruanos a raíz de la indagación efectuada por la División de Investigación Financiera (Dinfi) y por el fiscal anticorrupción, Alejandro Espino Fuentes.
En este caso, por el que el fiscal Espino llegó a pedir cadena perpetua para Enríquez y las cabezas superiores de la mafia, fuentes peruanas confirman que varios miembros de la organización se acogieron a la Cooperación Eficaz, método aplicado a los delitos de crimen organizado, mediante el cual se alcanzan importantes beneficios a cambio de la delación de los cabecillas de las organización.
Después de eso, el banquero empezó a utilizar solo su primer apellido y evitó toda figuración pública. Eso, al menos hasta que entró como productor ejecutivo de Los 33, junto a Carlos Eugenio Lavín, de empresas Penta, y apareció sonriente en una fotografía de El Mercurio al lado del productor hollywoodense Mike Medavoy, durante la primera visita de este en el 2011, apenas meses después después del rescate de los 33 mineros de la mina San José.
En esos días de luces, Enríquez concedió algunas entrevistas donde se mostró en su faceta más excéntrica, la de coleccionista de botellas de vodka Absolut. Con orgullo confidenció en esas páginas que viajaba por el mundo comprando estas botellas, que su colección alcanzaba a 1.500 y que, solo por una de estas, había pagado más de dos millones de pesos.
La operación Fujimori
Según el Informe Final de la Comisión Investigadora sobre la actuación y origen, movimiento y destino, de los recursos financieros de Vladimiro Montesinos Torres y su evidente relación con el ex presidente Alberto Fujimori, el «régimen de Alberto Fujimori y Vladimiro Montesinos se propuso crear un sistema económico al servicio de la corrupción, teniendo como requisito básico lograr un gobierno autoritario, que buscó anular a las organizaciones políticas y atomizar al movimiento social».
En noviembre del 2000, el ex ministro de Justicia de Perú, Alberto Bustamante Belaúnde, informó a la opinión pública de la existencia de cuentas bancarias de Vladimiro Montesinos Torres en tres bancos de Suiza. El Gobierno de Suiza dio a conocer que en esas cuentas el ex asesor del Servicio de Inteligencia Nacional de Fujimori poseía 48 millones de dólares. Como consecuencia de este hecho la justicia suiza decidió abrir una investigación contra Montesinos por el delito de lavado de activos en relación con las cuentas abiertas a su nombre en los bancos Bank Leumi de Israel, Fibi Bank de Zurich y el Bank CAI.
La investigación permitió establecer que el 30 de marzo del 2000, una semana antes de las elecciones generales que ganó fraudulentamente el ex presidente Alberto Fujimori, uno de los cabecillas de la mafia y testaferro de Montesinos, Luis Duthurburu, acordó con Leopoldo Enríquez comprar 7 certificados bancarios en moneda extranjera (CBME) por una suma ascendente a 8 millones de dólares, de origen ilícito.
Para poder lavar el dinero negro, la mafia utilizaba el sistema bancario, usando las cuentas de terceras personas.
La intermediación ilegal
En la investigación de la fiscalía anticorrupción contra la mafia de Montesinos –dedicada al tráfico de armas, de drogas y al soborno de políticos y que ascendieron a varios cientos de millones de dólares– uno de sus principales cabecillas, Luis Duthurburu, quien se acogió a la Cooperación Eficaz, admitió que 30 millones de dólares que correspondían en su mayoría al presupuesto del Ministerio de la Presidencia –destinado para la ejecución de obras sociales–, fueron desviados con la finalidad de financiar la campaña por la tercera elección de Alberto Fujimori.
Según las declaraciones de Duthurburu, que constan en el cuaderno de cooperación al que tuvo acceso el diario peruano La República, «el dinero iba a ser utilizado para el pago a medios periodísticos con el fin de manipular la información en procura de la re-reelección del ex presidente Alberto Fujimori para el año dos mil».
De esos 30 millones, 8 millones habrían sido lavados en la operación en que participó Enríquez desde Chile. El dinero, que en rigor pertenecía a Vladimiro Montesinos, apareció en una cuenta de Alberto Venero –uno de sus testaferros para el tráfico de armas– en el International Bank of Miami.
Para que el dinero llegara hasta ahí y se ocultara el origen ilícito del mismo, como el de su verdadero dueño, el arquitecto financiero de la mafia, Duthurburu, se contactó con el ex gerente de banca privada del Banco Interamericano de Finanzas (BIF), David Ellenbogen, para que se compraran certificados en moneda extranjera, equivalentes a los mismos 8 millones de dólares, herramienta que permitiría transferir los fondos sin despertar sospechas.
Para esto se utilizó la sociedad Perinvest, creada en 1993 en el paraíso fiscal de las Islas Vírgenes Británicas. Esta sociedad pertenece a la Banca della Svizzera Italia (BSI), una poderosa entidad bancaria de Suiza fundada en 1873, y que desde el 2001 controla en Chile la AFP Plan Vital.
Leopoldo Enríquez era el apoderado de Perinvest y, además, jefe regional del BSI para los países de la costa del Pacífico (de Chile a México).
De acuerdo a las investigaciones de la fiscalía peruana, la sociedad Perivest, cuyo giro es «la custodia de acciones y valores adquiridos por los clientes del BSI» –al momento de la transacción– había fijado domicilio en avenida Camino Real 845, una casona particular que en realidad pertenecía a Jorge Parodi Galliani, quien le alquiló la habitación a Leopoldo Enríquez en algunas oportunidades.
Pese a las contundentes pruebas, Enríquez no terminó enfrentando a la justicia, ya que la información que se proporcionó mediante la delación compensada sirvió para condenar a Montesinos y Fujimori a varias penas por peculado y corrupción, las que se sumaron a otras condenas por violación a los derechos humanos.
El Mostrador Cultura+Ciudad, intentó repetidamente comunicarse con Leopoldo Enríquez pero no fue posible dar con su paradero.
Medio millón de espectadores
A 18 días se haberse estrenado en Chile, la película que contó con la producción ejecutiva de Leopoldo Enríquez y Carlos Eugenio Lavín, ha llevado a más de medio millón de personas al cine. Una cifra sideral comparada con la realidad del cine nacional (solo alcanzada por Kramer vs Kramer).
El crítico de cine Leopoldo Muñoz en su habitual columna de LUN de los jueves, calificó la película de «propaganda política», debido al protagonismo de Laurence Golborne, quien al momento de entrar Lavín y Enríquez como productores ejecutivos, se vislumbrada como el candidato presidenciable de la UDI. La crítica fue censurada por el diario, motivando la renuncia inmediata del crítico y el rechazo de la Federación Internacional de la Prensa Cinematográfica (FIPRESCI), curiosamente de Argentina y no de Chile.
En cuanto a la recaudación obtenida en salas y su posterior venta a Netflix u otra plataforma de cine online, es un tema del cual nadie quiere hablar, ni siquiera el propio Enríquez Fasnacht, quien entrevistado por Carola Fuentes, en 2014, para el capítulo Mineros: la historia no contada, de ‘Informe Especial’, dijo «nadie, y esta es una respuesta honesta, sabe lo tú vas a recibir».
El que sí algo habló, en enero de este año, fue el ex gerente de empresas Penta, Hugo Bravo, quien –en plena declaración por demanda laboral– recordó que uno de los controladores del holding, Carlos Eugenio Lavín, le dijo que podía pagar su indemnización, gracias a los ingresos que se obtengan de Los 33.
La película prepara su estreno en Argentina, Brasil y, el próximo 13 de noviembre, hará su debut en Estados Unidos.
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