El Gobierno ya calienta motores para elaborar el proyecto de ley de Presupuestos 2025, el penúltimo que le corresponde diseñar a la actual administración.
Una primera acción fue el inicio del proceso de evaluación ex-ante de la oferta de programas estatales, que echaron a andar la semana pasada la Dirección de Presupuestos (Dipres) y la Subsecretaría de Evaluación Social.
En paralelo, ha habido otras acciones internas de la administración del Estado que dan cuenta del tono con el que se enfrentará un nuevo proceso presupuestario.
Quizá la principal es un oficio circular enviado el pasado 30 de abril por el ministro de Hacienda, Mario Marcel, a los ministerios del gabinete, fijando las instrucciones para la elaboración del erario del próximo año.
El documento trae una serie de novedades respecto a años anteriores, siendo la principal la fuerte restricción a los aumentos de personas en organismos con altos niveles de ausentismo laboral.
Así, Hacienda establece severas restricciones para la autorización de incrementos de gasto en personal, señalando que los servicios que tengan un ausentismo laboral mayor al 30% respecto a un año base no podrán requerir mayores recursos para contrataciones.
El criterio es que el ausentismo laboral esté relacionado con licencias médicas de 2023, exceptuando aquellos permisos parentales como enfermedad en el embarazo, pre y pos natal y enfermedad grave de hijo menor de un año.
El año base para la comparación será el 2018, por lo que las entidades que tengan un incremento superior al 30% en su ausentismo laboral en 2023 respecto a ese año no podrán solicitar nuevos fondos para contrataciones.
Ahora, en caso de que el indicador oscile entre 15% y 30%, se autorizarán aumentos de dotación solo en caso de que el servicio considere en su presupuesto 2025 un plan para reducir el ausentismo laboral.
La directora de Dipres, Javiera Martínez, explica que en las instrucciones para formular el Presupuesto 2025 se vuelve a enfatizar que la responsabilidad fiscal y el mejor uso de los recursos públicos deben ser “pilares rectores” para el sector público.
“Debemos priorizar que los recursos se destinen a iniciativas que hayan mostrado resultados positivos. Por eso, seguimos reforzando que los resultados de la evaluación y monitoreo de programas públicos deben ser prioritarios a la hora de proponer que se asignen recursos a un determinado programa público y solicitamos a las distintas reparticiones tomar medidas para reducir los niveles de ausentismo laboral en casos en que ha aumentado de manera significativa luego de la pandemia”, complementa la ingeniera.
Otras restricciones
El documento también establece algunas limitaciones, por ejemplo que los gastos en bienes y servicios de consumo consideren el nivel “suficiente” que permita mantener la operación regular de las instituciones, en un marco de “estrechez fiscal”, descontando los gastos por única vez y los desembolsos cuyos límites máximos están establecidos en glosas.
Otra medida de austeridad que resalta es que Hacienda y Dipres no considerarán las propuestas cuyo incremento de gasto sea mayor a la expansión promedio de los últimos tres años.
Teatinos 120, incluso, no analizará dicho anteproyecto hasta que la cartera respectiva presente una versión ajustada.
Cuenta pública y sala cuna
En otras instrucciones específicas, Hacienda señala en el documento que el gasto de estado de operaciones (GEO) que cada cartera presentará a Teatinos 120 como anteproyecto, no podrá exceder el 97,5% de lo que solicitaron para la Ley de Presupuestos de este año, considerando el marco de gasto comunicado, el marco adicional y el diferencial de reajuste en remuneraciones.
Eso sí, Hacienda hace un excepción para incorporar casos especiales que correspondan a gastos asociados a medidas anunciadas en la cuenta pública del próximo 1 de junio y/o gastos por aplicación de leyes que no fue posible incluir en el erario hasta el 97,5%.
También, en la circular se da continuidad a materias como identificar el gasto en combate al cambio climático; los programas que tengan como objetivo promover la igualdad de género; e individualizar a los beneficiarios y la forma de provisión del derecho a sala cuna en los servicios públicos.
Por último, Hacienda y Dipres solicitan a las carteras revisar su oferta programática, así como la que implementan otros servicios en ámbitos de políticas similares, para superar eventuales superposiciones y fragmentación de dicha oferta, poniendo el foco en programas con baja cobertura efectiva y gasto ejecutado.
Así, no se considerarán fondos en el Presupuesto para programas nuevos, “ya que la prioridad estará en la consolidación de la oferta programática existente”, dice la circular.
Fuente: DF