El consejo del organismo se trasladará este lunes hasta Arica donde se reunirá con una serie de autoridades de salud, comunales y del Ministerio Público, para abordar el caso donde Franco Vargas perdió la vida tras una instrucción militar.
El consejo del Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) informó hoy que este lunes sesionará en Arica para analizar y abordar el caso que dejó al conscripto Franco Vargas fallecido luego de una marcha en Putre, en la Región de Arica y Parinacota y, al mismo tiempo, se solicitó mantener la investigación dentro de la justicia civil.
Vargas, de 19 años, falleció el pasado 27 de abril luego de participar en una marcha de instrucción militar en el Regimiento Motorizado N° 24 “Huamachuco” en Putre. El ejercicio, dejó a otros 45 que presentaron un cuadro infeccioso de origen respiratorio y durante esta semana, se conoció que uno de los dos que se mantenían hospitalizados, sufrió la amputación de una de sus manos producto de una septicemia.
A raíz de lo anterior, es que se realizará una sesión ordinaria del consejo para analizar la situación en el caso de los jóvenes afectados.
La directora del INDH, Consuelo Contreras, previo al encuentro en la región nortina, además solicitó que la investigación se lleve a cabo en la justicia civil.
“Lo que ocurrió en Putre corresponde a violaciones a los Derechos Humanos. Estas las debe investigar la justicia ordinaria. Informes internacionales dicen que los tribunales militares carecen de independencia e imparcialidad”, sostuvo Contreras.
De acuerdo con lo informado por el organismo, la sesión de este lunes iniciará al mediodía y se recibirá al fiscal regional, Mario Carrera. Asimismo, se reunirán con el delegado presidencial regional, Ricardo Sanzana; el alcalde (s) de Putre, Javier Tito Huaylla; la seremi (s) de Salud, Marta Saavedra; y el alcalde de Arica, Gerardo Espíndola.
Cabe recordar que el INDH presentó una querella criminal por el delito de “apremios ilegítimos” de acuerdo al relato de los conscriptos afectados. La acción judicial fue declarada admisible por el Juzgado de Garantía de Arica. Sin embargo, el próximo 30 de mayo se realizará una audiencia para establecer si corresponde a los tribunales civiles investigar este caso, lo cual fue solicitado por el organismo de derechos humanos, que solicitó desde el comienzo la definición respecto a qué tribunal resolverá, si debe ser la justicia militar o la civil.