La sala de la Cámara Alta lo aprobó en su votación en general por 33 votos a favor y 4 en contra, y con ello, ahora, la Comisión de Hacienda comenzará su trabajo en particular. Sobre secreto bancario se estableció avanzar “a través de un procedimiento judicial más expedito que el vigente».
El gobierno dio otro paso adelante con el proyecto antievasión. La sala del Senado lo aprobó en su votación en general por 33 votos a favor y 4 en contra, y con ello, ahora, la Comisión de Hacienda comenzará su trabajo en particular.
La semana pasada la comisión de Hacienda ya lo había aprobado en general. Pero para que superara estas dos primeras vallas, el gobierno tuvo que firmar un protocolo de acuerdo con los senadores donde se fijaron varias materias a trabajar en una mesa técnica y de esa manera ingresarlas vía indicaciones.
Además, también entregó señales sobre las metas de recaudación fiscal y la necesidad de nuevos aumentos vía impositiva. Hacia el final del texto, en el eje “Implicancias para las Finanzas Públicas”, se menciona que “dado los incrementos estimados en los ingresos no tributarios, las metas de ahorro de gasto y los proyectos de ley en estudio sobre sala cuna y subsidio eléctrico, la mayor recaudación proyectada en este proyecto de ley permitiría cubrir las necesidades de financiamiento de las medidas sociales establecidas en el Pacto Fiscal, sin requerir que otros proyectos tributarios contengan un incremento neto de recaudación”.
Esta iniciativa en un principio buscaba recaudar unos 1,5% del PIB, pero en el protocolo se menciona que se “actualizará la estimación de la mayor recaudación que se alcanzará en régimen y en la transición intermedia”.
El ministro de Hacienda, Mario Marcel, afirmó durante la sesión que “en la medida que tengamos aprobada esta legislación antes de la presentación del presupuesto 2025 podremos incluir los mayores recursos de este proyecto en el erario fiscal del próximo año. Por eso valoramos mucho que se fijen plazos en este proyecto”.
Se explicó que el destino prioritario de los recursos, incluye el financiamiento de la Pensión Garantizada Universal, inversión en seguridad ciudadana, el apoyo socioemocional a la niños, niñas y adolescentes con foco en la prevención del delito a través de iniciativas en los establecimientos educacionales.
También se recordó que una mesa técnica integrada por asesores de los senadores y del gobierno trabajarán durante dos semanas para afinar algunos temas acordados en el protocolo de acuerdo. Entre ellos, la figura del denunciante anónimo y el levantamiento del bancario
Sobre secreto bancario se estableció avanzar “a través de un procedimiento judicial más expedito que el vigente, focalizado especialmente en casos de delitos tributarios y crimen organizado”.
Otro de los temas acordados está el “avanzar en la normativa antievasión tributaria, que incluye el combate a la informalidad y fortalecimiento y modernización del catálogo de delitos tributarios”.
También se incluyen como materias de acuerdo las siguientes: implementación de normas de cooperación eficaz; modernización de los tipos penales tributarios (materia a ser revisada por penalistas expertos); medidas contra la informalidad. Perfeccionar algunas reglas del IVA destinadas a combatir la evasión e informalidad.
Estas recomendaciones de la mesa técnica serán entregadas a la comisión de Hacienda del Senado para completar la discusión en particular del proyecto.
Otro de los cambios que se discutirán en particular es la gobernanza del Servicio de Impuestos Internos (SII) en varios aspectos.
Según el protocolo, lo que se busca acá es avanzar en alguna fórmula para que los subdirectores sean nominados por el Sistema de Alta Dirección Pública (ADP).
También se establecerá plazos máximos de permanencia en los cargos de decisión con un uso efectivo de los convenios de desempeño como instrumento para fijar metas de gestión a las autoridades y evaluar su cumplimiento.
En el proyecto se incorporará un consejo o comité externo para que “emita opinión sobre las estrategias de fiscalización del SII, evalúe su implementación y revise, con carácter vinculante, la juridicidad de las circulares de aplicación general que prepare el Servicio en el ejercicio de sus facultades interpretativas”. Se precisa que “el nombramiento de los integrantes de dicha entidad deberá garantizar su capacidad técnica e independencia”.
Fuente: La Tercera