El Juzgado de Letras del Trabajo de Calama acogió una denuncia por práctica antisindical en contra de Codelco, División Chuquicamata, y la condenó al pago de $20 millones por concepto de daño moral.
El Juzgado de Letras del Trabajo de Calama acogió una denuncia por práctica antisindical presentada en contra de la Corporación Nacional del Cobre (Codelco), División Chuquicamata, y la condenó al pago de una multa de 300 UTM -equivalente a $20.188.200-.
Asimismo, la ordenó cesar toda labor de vigilancia, seguimiento o monitoreo de los dirigentes sindicales, en especial del denunciante.
El juez Juan Pablo Flores Menéndez ordenó a la demandada pedir disculpas públicas por los episodios comprobados -ocurridos en octubre de 2023- al Sindicato de Trabajadores y Trabajadoras de Chuquicamata y, en particular, al denunciante, por medio de tres publicaciones en un diario de circulación comunal.
Los detalles de la sentencia contra Codelco
“Se trataba del seguimiento y vigilancia hecho a dirigentes de un sindicato, en particular al denunciante, justamente por esa calidad, en el contexto inmediatamente posterior a la reunión con un alto cargo gerencial, todo ejecutado por medio de personal y vehículos de una empresa contratista destinada a la seguridad, ordenado por el propio administrador del contrato que representaba a la denunciada”, señala la sentencia.
Lo anterior, continúa, “habiéndose dado la explícita instrucción de realizar un seguimiento, monitoreo y vigilancia permanente, en todo momento y lugar, incluso en el domicilio particular del actor, informando cualquier gestión de los dirigentes, situación que fue descubierta durante su ejecución por los afectados y reclamada formalmente a la empleadora”.
La resolución agrega que: “estas conductas empresariales envolvían claramente una forma de intervención ilegítima en el funcionamiento del Directorio del Sindicato –justamente en un contexto de acciones que se estaban desarrollando contemporáneamente en interés gremial– por cuanto el seguimiento, vigilancia y monitoreo no solo buscaba obtener indebidamente información sobre las gestiones de estos sujetos, sino que era una forma de constreñir las acciones que en defensa de sus asociados efectuaran los dirigentes, especialmente el denunciante, a través de una ineludible y matonesca generación de sensación de inseguridad, vulnerabilidad, invasión de la privacidad y temor, no solo propio, sino que del grupo familia“.
