Como similar a la ley que instaló en su tiempo el traidor González Videla o a los bandos de la junta militar que encabezó el general Pinochet, fue catalogado el proyecto de ley que penaliza las manifestaciones sociales.
La verdad es que sorprende que las organizaciones sociales y dirigentes políticos democráticos no estén reaccionando con más fuerza a las intenciones del gobierno por castigar las acciones de protesta de los distintos movimientos populares.
La simple lectura del proyecto debería provocar los peores recuerdos en quienes tengan memoria colectiva de los atropellos a las libertades que se cometieron en nombre del orden público y del derecho de propiedad. Lo mismo tiene que ocurrir con las actuales generaciones que sostienen el peso de la lucha por los cambios.
En el texto se propone castigar a quienes convoquen a movilizaciones y les hace responsables de lo que ocurra. Luego se enumeran las situaciones a sancionar y ocurre que no hay bien inmueble o espacio que esté libre de ser considerado. Una protesta en la punta del cerro San Cristóbal podría ser susceptible de cárcel si los ruidos molestos perturbasen la oración de los creyentes. Y no estamos diciendo que se requiera acciones de fuerza directas, sino que las descripciones que hacen los autores del documento son tan generales que pueden incluir cualquier acción de protesta. La calificación de desorden graves considera «impedir la circulación por las calles», como se comprenderá estamos ante una eventual norma legal que hace imposible el derecho constitucional y universal de reunión.
La siguiente perla conceptual es la diferencia que se realiza entre protestas pacíficas y protestas violentas y se indica que será toma pacífica si los estudiantes de un colegio se quedan dentro y violento si procediendo del exterior lo ocupan. Como cualquiera de nosotros puede percatarse, esta distinción no sólo es sutil sino que francamente ridícula. No se puede establecer en la vida cotidiana y sólo es una herramienta que conduce a la inamovilidad de las comunidades y de los movimientos sociales.
Los efectos de este proyecto de ley son universales y transversales. Que nadie se equivoque, aquí no se busca desarmar al movimiento estudiantil. No es sólo un truco para tirar el mantel en la mesa de la educación o hacerle un guiño al electorado duro de derecha. Es mucho más. Piñera y su gobierno pretenden asegurar la «paz de los cementerios». Quieren un país en que los dominadores tengan control social extremo, en un periodo en que se está luchando contra los más graves problemas que tenemos como sociedad y en que se avecinan nuevas dificultades producto de la inminente crisis a escala planetaria.
Su aprobación anula otros derechos como los contenidos en las ya precarias leyes de organización sindical y negociación colectiva y por cierto hace inviable que los sindicatos del sector público defiendan los intereses de sus asociados.
Tenemos que levantar un frente amplio en defensa de las libertades democráticas, ¡ahora! Este proyecto de ley debe ser rechazado por la oposición sin contemplaciones ni diálogos de ninguna especie. Estamos ante una «prueba de blancura democrática» histórica. Cada cual debe cumplir con su deber y quienes no tenemos la suerte de cobrar dieta parlamentaria estaremos observando.
CETRA
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