No queremos estar en negocios que no sean de nuestro giro”. Con esa frase, el administrador del Arzobispado de Santiago, Ramiro Montesinos, explica la decisión que tomó la Iglesia capitalina en abril de este año de vender su participación en la automotora Coseche, reconocida importadora de vehículos Chevrolet. Mientras la arquidiócesis que dirige el cardenal Ricardo Ezzati era dueña del 15% de la compañía, otras dos organizaciones católicas, la Corporación de Beneficencia Cáritas Chile y la Orden de la Madre de Dios, poseían el 30%.
No fue la única medida adoptada en esa línea: las autoridades del Arzobispado pretenden desprenderse de todas las acciones que actualmente poseen en grandes empresas que transan en la Bolsa. Según la información publicada por la Superintendencia de Valores y Seguros (SVS), la Iglesia de Santiago tiene títulos accionarios en, al menos, CMPC, Chilectra, Telefónica, Enersis, Muelles de Penco, Servicios Financieros Progreso, Norte Sur S.A., Oxiquim, Copec, Minera Valparaíso, Melón S.A., Automovilismo y Turismo S.A., Forestal Pasur e Inmobiliaria Sixterra. Y un dato curioso: el Arzobispado incluso registra acciones en SQM.
En todo caso, en ninguna de estas empresas tienen más de un 1% de participación y, según explican los encargados de administración en la Iglesia, estas inversiones que adquirieron, debido a herencias o donaciones de particulares, representan un porcentaje marginal para los ingresos de la arquidiócesis.
“Hay que liquidar esas acciones. Para nosotros no es una buena forma de obtener ingresos, porque es muy inseguro, incierto. No queremos tener acciones, porque es complicado. Si participamos somos un porcentaje mínimo, sin siquiera tener derecho a voto, y si hacen operaciones no éticas nos complica. Además, con todo esto de la colusión, tú no sabes”, señala Fernando Ramos, el vicario general del Arzobispado de Santiago.
Aunque no entregaron cifras específicas, aseguran que el valor de estos activos corresponden a no más de un 1% ($ 100 millones) de los ingresos anuales del Arzobispado.
La decisión de vender su participación en empresas responde a una política mayor. En los últimos dos años, la Iglesia de Santiago ha estado dedicada a ordenar y centralizar sus finanzas, ajustando modelos de financiamiento para que, en los próximos meses, puedan transparentar a la comunidad el detalle del dinero que manejan. Esto, en el marco del convenio firmado el pasado martes entre la Conferencia Episcopal y el capítulo chileno de Transparencia Internacional, donde las autoridades eclesiásticas se comprometieron a rendir cuentas a través de un sistema de transparencia activa.
Aunque cada diócesis y arquidiócesis a lo largo del país, así como cada congregación religiosa, se mueven con distintas lógicas y administran muy disímiles volúmenes de recursos, el Arzobispado de Santiago dio un primer paso y entregó a La Tercera información de sus estados financieros correspondientes al año 2015. Según informaron, en ese período registraron ingresos y gastos por más de $ 10 mil millones (ver infografía).
Ordenando las cuentas
Un consejo de asuntos económicos revisa las decisiones financieras más importantes del Arzobispado. La instancia en que participan el ecónomo Ramiro Montesinos y el vicario Fernando Ramos está integrada, desde 2015, por los laicos Juan Irarrázabal, abogado; Ricardo Labarca, arquitecto; Alberto Calderón, empresario, y María Teresa Ross, académica. Cuando los montos de inversiones son mayores a US$ 25.000 consultan al arzobispo Ricardo Ezzati, y si el costo supera los US$ 500 mil acuden directamente al Vaticano.
Para mayor claridad en los manejos administrativos y financieros, además de la contraloría interna que crearon hace 10 años, actualmente trabajan con la auditora externa Ernst & Young.
Aunque en la página web del Arzobispado figuran algunos índices parciales de ingresos correspondientes a los años 2012 y 2013, Montesinos explica que esos informes dejaron de publicarse debido a que los números tenían imprecisiones y no mostraban un consolidado de las distintas zonas y parroquias que conforman la arquidiócesis. Por eso, a partir de 2014 se decidió tener una contabilidad centralizada y ese año se elaboró el primer presupuesto anual consolidado.
Los gastos se asignan a las labores propias de la Iglesia y la vida pastoral, como la organización de peregrinaciones, el trabajo social de las vicarías o la congrua o remuneración que reciben los sacerdotes, (equivalente a $ 243.000). En materia de ingresos, las cifras del último año arrojan que un 31% ($ 3.300 millones) corresponde al famoso aporte del 1% del sueldo que se les pide como donación a los fieles católicos. Al contrario de las colectas de las misas, que suelen destinarse al mantenimiento de cada parroquia, el aporte del 1% es centralizado por el Arzobispado, según la situación económica de cada comuna. Un 1% de ese monto ($ 33 millones) es enviado como contribución al Vaticano.
Otro 47% de los ingresos ($ 5 mil millones) corresponde a donaciones privadas, principalmente católicos con recursos, que entregan financiamiento para una misión específica, como publicaciones de catequesis. Estos nombres se mantienen bajo reserva por la Iglesia. También tienen algunos aportes del Estado mediante programas sociales.
Las vías alternativas de financiamiento del Arzobispado no sólo apunta a fieles chilenos. También subsiste con dineros provenientes del extranjero, a través de agencias internacionales, como la ONG Adveniat, que recauda fondos en Alemania para el trabajo pastoral de la Iglesia en América Latina. Asimismo, la mantención de una cuenta bancaria en Estados Unidos, con el pago de sus respectivos intereses en dólares, es otra forma de obtener donaciones en el extranjero para el Arzobispado capitalino.
Propiedades en arriendo
Colegios, supermercados, estacionamientos y restaurantes forman parte de la extensa lista de los 127 inmuebles que el Arzobispado mantiene en arriendo en distintos puntos de la capital, a través de la corredora Leonel Ojeda. En total, estas propiedades le reportan $ 2.372.806.040, es decir, el 22% de sus ingresos anuales, según datos del propio Arzobispado.
De acuerdo a los registros comerciales, 388 bienes raíces figuran a su nombre, los cuales poseen un avalúo fiscal que supera los $ 103 mil millones. De cada inmueble, dicen en el Arzobispado, realizan un acucioso seguimiento, que les ha permitido terminar contratos al descubrir que sus recintos son utilizados para actividades que consideran inadecuadas. Por ejemplo, ordenaron cerrar una botillería junto a una parroquia.
También tienen arriendo con organismos estatales. La Universidad de Santiago (Usach) firmó hasta 2017 un acuerdo con la Iglesia para utilizar un edificio de avenida Ecuador, cuyo costo se fijó en UF 320 mensuales ($ 8.391.776).
Asimismo están prontos a arrendar la sede del Arzobispado en calle Erasmo Escala a la Universidad Alberto Hurtado.
Los locales comerciales ubicados en el perímetro de la Catedral Metropolitana, en plena Plaza de Armas, son otros recintos de propiedad del Arzobispado. Allí es posible encontrar desde librerías hasta restaurantes.
Las expropiaciones de terrenos son otra forma en que las arquidiócesis han obtenido recursos. Un caso simbólico data de diciembre de 2013, cuando el Estado le pagó por concepto de indemnización $ 382 millones al Arzobispado por la expropiación de 1.847 metros cuadrados en la cima del cerro San Cristóbal, donde estaban ubicadas unas antenas. Debido a que el valor de este bien raíz no era calculable -por no existir casos simila- res-, la Iglesia no arremetió legalmente contra el Estado.
En la mira del SII
Los arriendos de bienes para actividades comerciales que realizan no sólo el Arzobispado de Santiago, sino todos los obispados del país, comenzaron a levantar un debate al interior de la curia sobre si estaban cumpliendo cabalmente con sus obligaciones tributarias. Tras una discusión en la Conferencia Episcopal decidieron pedir un informe aclaratorio al Servicio de Impuestos Internos.
Las entidades de la Iglesia están consideradas como personas jurídicas de derecho público y gozan de exenciones tributarias, como no pago de impuesto territorial en los lugares donde realizan actividades de culto; las donaciones para construcción o reparación de templos están libres de tributos, así como las donaciones a corporaciones de beneficencia vinculadas; la remuneración de los sacerdotes no es considerada renta y las entidades religiosas no son contribuyentes de IVA y están exentas de impuestos de timbres y estampillas.
Sin embargo, en un oficio del 13 de julio de 2015, el SII respondió al episcopado que “como principio general, dada la naturaleza de las actividades propias del culto religioso, las iglesias no se encuentran afectas al Impuesto a la Renta, en la medida en que no lleven a cabo actividades comerciales o empresariales, o posean bienes susceptibles de producir rentas gravadas con el mencionado tributo”. Agrega que en tal caso “tendrán calidad de contribuyentes”.
Con el informe en mano, la Conferencia Episcopal pidió a las diócesis y arquidiócesis que este año hicieran por primera vez la declaración de impuestos a la renta. Así, la Iglesia de Santiago pagó al Fisco $ 26,4 millones por la venta de una propiedad. Las autoridades del Arzobispado sostienen que no tributaron por los arriendos, porque estos eran inferiores al 11% del avalúo fiscal. En todo caso, sí pagan anualmente $ 238 millones en contribuciones por los bienes raíces que no están dedicados al culto. Los dedicados al culto están exentos de impuesto territorial.
La Iglesia en la SVS
Una revisión al sitio web de la Superintendencia de Valores y Seguros (SVS) permite conocer que no sólo el Arzobispado de Santiago forma parte de las listas de accionistas de distintas empresas que transan en la Bolsa. Junto a esta entidad, es posible encontrar los arzobispados de La Serena, Concepción y Antofagasta en firmas tan diversas como la Compañía de Acero del Pacífico (CAP), Iansa y la Empresa Eléctrica de Iquique. En el caso de estas tres empresas, las entidades religiosas figuran como accionistas minoritarios, con menos del 1% de la sociedad.
Diez obispados, en tanto, también se encuentran dentro de estos listados. El que encabeza este ranking es el Obispado de San Felipe, que posee acciones en 12 empresas, entre las cuales se encuentran CCU, Enersis, Copec y Compañías CIC.
El Obispado de Valparaíso registra, según los antecedentes recabados desde el sitio de la SVS, paquetes accionarios en cinco firmas, mientras que el Obispado de Rancagua figura en la lista de accionistas de cuatro empresas.
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