Este año, 238.162 alumnos se sumaron por primera vez a la gratuidad escolar, en el marco de la puesta en marcha de la Ley de Inclusión. Estos jóvenes se añadieron a los que ya asistían a colegios sin tuición, por lo que, en total, 1,8 millones de escolares están cursando sus estudios sin costo.
Para el próximo año el gobierno proyecta aumentar aún más la base de beneficiados y sumar a casi medio millón de estudiantes. “El proyecto de la Ley de Presupuestos ha considerado que pueden incorporarse hasta 470 mil estudiantes en 2017”, explicó Andrés Palma, secretario ejecutivo de la reforma educacional.
Para todos los colegios que no cobren mensualidad a sus alumnos, la Ley de Inclusión ha establecido el Aporte por Gratuidad. Para recibirlo, el sostenedor del colegio debe estar constituido como una entidad sin fines de lucro. El presupuesto de dicha subvención ascendió a $ 85.000 millones este año y, para el próximo, el proyecto de las arcas fiscales establece que aumentará a $ 186.000, creciendo más del doble. Esto se explica no sólo porque el gobierno espera sumar más alumnos, sino porque el aporte por gratuidad pasará de $ 5.809 a una cifra cercana a los $ 7.000.
“Al añadirse a la gratuidad, los establecimientos reciben más recursos, ya que obtienen este aporte, que son fondos de libre disposición para los colegios, y pueden acceder a la Subvención Escolar Preferencial (SEP) para sus Planes de Mejoramiento Educativo (PME)”, señaló Palma.
Según cifras entregadas anteriormente por el Mineduc a la Comisión de Educación de la Cámara, de los 6.092 recintos subvencionados del país, cerca de 1.000 figuraban sin fines de lucro antes de que se pusiera en marcha la Ley de Inclusión, en marzo de este año.
En tanto, otros 5.000 pueden potencialmente retirar utilidades, pero para seguir recibiendo fondos estatales deberán convertirse en sin fines de lucro. El plazo para hacerlo vence en diciembre de 2017.
Según explicó Palma, a fines de septiembre los sostenedores de 640 establecimientos habían iniciado el trámite para ser sin fines de lucro, es decir, 13% de los que tienen que hacerlo, mientras que 294 habían logrado concretar el cambio jurídico, que equivale al 5%.
Eso sí, aún no hay una cifra definitiva de cuántos aceptarán no cobrar copago el próximo año. “Los establecimientos tienen plazo hasta el 31 de diciembre para renunciar voluntariamente al copago, por lo que no hay una cifra aún”, dijo Palma.
Sin embargo, según el diputado Jaime Bellolio (UDI) no será sencillo que el gobierno cumpla sus proyecciones. “La ley es muy mala. El aspecto que obliga a los sostenedores a comprar el inmueble donde funciona el colegio tiene a miles de sostenedores trabados y les imposibilita tomar una decisión”, señaló el legislador.
“El gobierno saca cuentas alegres de algo que ha demostrado que no funciona. Le pediría a Andrés Palma que abandone el realismo mágico y se preocupe de lo que está pasando. ¿Cómo explican que tan pocos sostenedores se hayan transformado en sin fines de lucro?”, agregó Bellolio.
Para el senador Jaime Quintana (PPD), en cambio, es una buena señal la proyección de beneficiados y el aumento presupuestario del Aporte por Gratuidad. “Avanzar en eliminar el copago es un gran aporte, porque la Ley de Inclusión es la reforma educacional. Ir avanzando es muy necesario y beneficioso para el sistema educacional chileno”, señaló el legislador. Añadió que los problemas que puede haber con la Ley de Inclusión están focalizados en “un solo sector: los sostenedores más grandes”.
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