Un diseño técnico de calidad, responsable, idealmente consensuado. Con esa lógica, el gobierno ya trabaja diversas fórmulas para su propuesta de reforma previsional. Entre los temas que están en carrera destacan construir un modelo de rendimiento para alinear rentabilidad a comisiones, la creación de tablas de mortalidad unisex y elevar la edad de jubilación con compensaciones fiscales o en tramos.
También, acotar el riesgo de exposición de los ahorros de quienes estén prontos a jubilar, limitando el acceso a los fondos A y B, y flexibilizar los requisitos a los empleadores para promover el Ahorro Previsional Voluntario Colectivo (APVC).
El trabajo se hace en varios frentes. Por ejemplo, el Ministerio del Trabajo afina el proyecto de ley que eleva el monto de la Pensión Básica Solidaria (PBS) y lo enviaría al Congreso la próxima semana. Mientras, la Superintendencia de Pensiones (SP) se aboca a los ajustes al Decreto Ley (DL) 3.500, que establece el ahorro individual obligatorio en una administradora de fondos de pensiones (AFP).
En el grupo técnico del gobierno son enfáticos: el destino del 5% de aumento en la tasa de cotización, con cargo al empleador, determinará el diseño final de cambios al sistema previsional, pero también apalancará o no el apoyo político a un eventual proyecto de ley. El principio oficial es que los cinco puntos porcentuales irían a financiar el Cuarto Pilar o Pilar Solidario Colectivo. Pero en el gabinete admiten que la moneda de cambio en la negociación política estará en cómo se distribuirá ese excedente de cotización entre las cuentas individuales y el Cuarto Pilar.
Altas fuentes del Ejecutivo comentan que también está relativamente zanjado que para asegurar la viabilidad de los cambios en el Congreso debiera tramitarse un solo proyecto y rechazar el intento de separar temas o ir por una ley corta. “La experiencia de la reforma de 2008 nos indica que es la alternativa para asegurar la viabilidad legislativa”, dice un personero del equipo económico.
El gobierno también analiza fórmulas para ligar el retorno obtenido por la gestión de la AFP a lo que cobra para vincular la rentabilidad a las comisiones.
Una opción es modificar la elaboración del benchmark (punto de referencia), para lo cual se analiza el modelo de administración de los fondos del seguro de cesantía que contempla los fondos de Cesantía Individual (FCI) y de Cesantía Solidario (FCS). En ambos, la rentabilidad de referencia se calcula tomando un índice financiero por cada tipo de activo (como intermediación financiera nacional, renta fija nacional y fija extranjera, renta variable nacional y variable extranjera).
La Administradora de Fondos de Cesantía (AFC) cobra una comisión base de 0,49% anual sobre el saldo de los fondos, pero el desempeño en la inversión está ligado: hay un premio o castigo de hasta 10% si se supera/pierde más de 0,35% del retorno del benchmark en el FCI y de 1% para el FCS.
Las AFP, en cambio, no tienen esa carga. Por ley, deben mantener un 1% de encaje en cada fondo en caso de incumplimiento a la rentabilidad mínima de la industria. Si el retorno real anualizado promedio de los últimos 36 meses de los fondos A y B es menor a 4% bajo el promedio de las otras AFP para esos fondos, la gestora debe cubrir la diferencia en un plazo de cinco días. Para los fondos C, D y E, no puede ser menor a 2% inferior a la rentabilidad promedio de la competencia.
Los críticos de esa industria fustigan que el encaje se ha transformado en el principal activo financiero de esas empresas, llegando a $ 1.163.647 millones en septiembre último. Otros expertos lo consideran una herramienta para alinear incentivos desde las AFP a la rentabilidad de los fondos.
En el gobierno aclaran que aunque el tema se ha tratado en las conversaciones entre regulador e industria, esta no ha propuesto nada en la materia. Pero en privado, las AFP señalan que si bien los benchmarks fijos (como el del AFC) permiten definir con certeza el riesgo de un fondo, lo hacen a costa de la flexibilidad para adaptarse al vaivén del mercado. “Cuando la crisis subprime impactó los fondos en 2008, las AFP no tenían inversión en High Yield (deuda de empresas riesgosas en mercados desarrollados). Tiempo después tenían 15% de los fondos en esos activos, un cambio en la estrategia de inversión que permitió recuperarse antes que los mercados”, aseguran en una gestora.
Por eso, en el sector coinciden en que en vez de benchmarks fijos lo óptimo sería definir un nivel de riesgo para cada fondo, es decir, fijar un nivel límite de volatilidad y determinar la máxima pérdida tolerable. “Esto permite que los equipos de inversión puedan armar portafolios mucho más eficientes. Por ejemplo, una cuota que represente al mercado ruso puede equivaler a dos cuotas que replique el mercado alemán en términos de riesgo”, explica un alto ejecutivo de una AFP.
Y agregan otra fórmula: cambiar desde la comisión sobre ingresos que rige hoy, a un cobro sobre saldo administrado. AFP Capital, Cuprum y Habitat estarían abiertas. Modelo, Planvital y Provida, no.
Otra alternativa, lanza otro ejecutivo, es diferenciar cobros y/o no cobrar comisión si sigue cotizando tras la edad de jubilación.
Usar una sola tabla de mortalidad, lo que en teoría permitiría terminar con la discriminación a las mujeres al momento de pensionarse, es un cambio paramétrico que trabaja el gobierno. Pero el punto, detallan conocedores del proceso, es tener relativa certeza de cuán efectiva sería la medida para terminar con la diferenciación que hoy se hace al tramitar la jubilación de un afiliado hombre o mujer y el monto de la pensión que puede obtener. Dadas las actuales variables utilizadas por las AFP, amparadas en el diseño original del DL 3.500, un hombre y una mujer con iguales ahorros previsionales y en edad legal de jubilación por vejez obtienen una pensión diferente, en desmedro de la mujer.
Desde el gobierno aseguran que la decisión presidencial -en la cadena nacional lo planteó Bachelet- es terminar con las diferencias de género en materia previsional. Según las proyecciones del INE, para el quinquenio 2015-2020, la esperanza de vida al nacer para hombres será de 76,68 años y para las mujeres de 82,81 años. Esta diferencia termina reflejándose en la pensión obtenida: la mujer recibe una menor, porque debe financiar más años de sobrevivencia.
La Comisión Bravo propuso eliminar las tablas diferenciadas por sexo, reemplazándolas por tablas unisex con un cálculo uniforme del riesgo de longevidad. Esto se complementaría con la eliminación de la modalidad de pensión por retiro programado y, a su vez, la homogeneización de la edad legal de jubilación para hombres y mujeres.
Entre los técnicos del gobierno involucrados en esta fase del proceso reconocen que la propuesta hecha por la Asociación de Aseguradores sobre el punto también genera simpatía. Esta consiste en que una mujer, al momento de jubilar, cotice en el Sistema de Consulta y Ofertas de Montos de Pensión (Scomp) el monto que obtendría según la expectativa de vida del género y luego lo hiciera con los indicadores masculinos.
La diferencia que el Scomp arroje entre ambos montos se cubriría con cargo al Fisco, mediante el 5% recaudado por el aumento de la tasa de cotización propuesta o con impuestos generales.
El gremio estimó un costo inicial de US$ 140 millones para el mecanismo, que en régimen alcanzaría los US$ 410 millones.
Alineado el apoyo en torno a la necesidad de aumentar la edad de jubilación legal de la mujer, hoy de 60 años, cómo materializar la postergación y acotar el costo político de proponerlo se ha vuelto un nudo para los técnicos.
Lo que está claro, comenta una fuente allegada a este proceso, es que esa alternativa si es obligatoria deberá tener un componente de compensación, indefectiblemente de cargo fiscal, si es voluntario un componente de incentivo (se estima que tributario no es viable, porque ayudaría a los sectores de altos ingresos y a los de ingresos medios y medios bajos no les resultaría beneficioso) o concretarlo de manera gradual y progresiva, mediante la postergación de la edad legal de jubilación según tramos de fechas de nacimiento. Este modelo se usa en Canadá y un formato similar en Estados Unidos.
Otro tema que también se ha debatido es impulsar tablas diferenciadas por ingreso o nivel educacional, como sugirió la Comisión Bravo, pero en el staff a cargo del tema no creen contar con los datos necesarios para un mecanismo de ese tipo.
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