El Registro Civil y los funcionarios del sector público vuelven a entrar a escena, aunque sea de manera inicial. Y es que luego del largo paro nacional de 39 días del 2015, las autoridades aún no cumplen a cabalidad con los acuerdos; por lo menos no en materia de mejoras en las condiciones laborales y perfeccionamiento de la gestión pública.
La tensión y el descontento al interior del Servicio ya venían en aumento, sin embargo, el día miércoles 12 ocurrió un hecho que refleja el poco diálogo por parte de autoridades. El director regional, Israel Chamorro, dio la orden de quitar unos lienzos y carteles de la ANERCICH (Asociación Nacional de Empleados del Registro Civil de Chile) donde se expresa la disconformidad de los funcionarios ante la gestión impulsada por la dirección y los problemas que se producen y afectan a los usuarios.
Lo anterior generó el repudio de dirigentes nacionales y funcionarios que inmediatamente denunciaron lo ocurrido y volvieron a manifestarse este jueves 13: “el director regional, Israel Chamorro Jorquera (militante de la Democracia Cristiana), nos usurpó, nos robó unos lienzos que teníamos de la Asociación, no los quiso entregar, y por eso fuimos a la Comisaría a poner una denuncia por robo que está siendo llevada por la Fiscalía Centro Norte”, comentó a La Izquierda Diario la presidenta de la ANERCICH, Nelly Díaz.
La dirigente nacional no sólo afirma que al interior del Registro Civil hay relaciones bastante tensas con las autoridades, sino que también existen otras irregularidades y problemáticas que se relacionan con el ingreso de ‘operadores políticos’ al Servicio, quienes hoy ocupan cargos de dirección y pertenecen a partidos políticos tradicionales:
“Nosotros llevamos más o menos seis meses denunciando esto mediante cartas, correos y peticiones de reuniones a instituciones como el Ministerio de Justicia, la Contraloría, las direcciones del Registro Civil y otras medidas, pero jamás nos escucharon, por eso hoy estamos evidenciando esto en forma pública”, afirma Díaz.
Según Nelly Díaz, el Servicio “se está llenando de operadores políticos, que son contratados con grados altos, lo que significa que ganan harta plata (…) Lo otro que está pasando es que están tratando a las funcionarias de forma grosera por el Director regional metropolitano y por otros directores regionales, es decir, las autoridades ni siquiera se refieren a los trabajadores con las mejores palabras, ni tampoco a los dirigentes”.
Para la dirigente sindical, el gobierno estaría “castigándolos” como respuesta al paro nacional del año 2015: “posterior a la paralización de 39 días, ingresaron alrededor de 100 operadores políticos (…) Yo creo que son represalias y que hoy en día estamos sufriendo consecuencias de la movilización, que el gobierno quiere seguir castigándonos y nos manda a operadores políticos que no hacen ningún aporte a la gestión pública”. “Tenemos a directores regionales que tienen más de 10 horas de atraso, que no están en sus puestos de trabajo, que andan haciendo campaña política, y que hoy en día no responden al Servicio, sino a sus partidos políticos de siempre”, asevera Díaz.
En palabras de la líder de la Asociación, hoy “se trata de pelear por mejoras en las condiciones laborales” de las y los funcionarios, donde se apunta también a una mayor calidad en el servicio público a favor de la población. La dirigente asegura que “hay un acoso constante, donde el colega no se puede enfermar, no puede faltar; si tú quieres pedir un permiso administrativo para ir al médico, tienes que pedirlo con seis días de anticipación, es decir, hay muchas situaciones que se están dando que no son normales”.
Sobre lo anterior mencionado, cabe recordar que los funcionarios públicos emitieron un comunicado donde afirman falta de información e irresponsabilidad por parte de las autoridades ante el proceso del Censo, difundido por medio de La Izquierda Diario.
Esta situación que denuncian funcionarias y funcionarios del Registro Civil vuelve a poner en el tapete la endeble realidad que se palpa al interior del sector público y que, aunque las autoridades no se quieran hacer responsables, tiene directa relación con las políticas impulsadas por los gobiernos y autoridades de turno. “Viene una autoridad con gente que no hace nada, que gana millones de pesos, y al mismo tiempo el gobierno dice que se debe hacer un ajuste fiscal y que no hay recursos; entonces por qué no hacen un ajuste con ellos, que son cero aporte, en pos de mejorar las condiciones de trabajo y vida de los colegas”, arremete Díaz.
“Hoy en día los tienen sacando fotocopias y ganando más de 2 millones al mes. Llegan y al mes están ganando 700 mil pesos; al próximo mes les están pagando 1.200.000 pesos; y al tercer mes ya reciben 2 millones de pesos; pero resulta que un funcionario de carrera con 40 años de servicio jamás podría aspirar a ganar eso y, por otra parte, el gobierno dice que no hay dinero fiscal”, reflexiona Díaz ante el conocido argumento de que los funcionarios públicos “exigen demasiado” y que la economía “en estos momentos no da abasto”.
Por todo lo anterior es que las y los funcionarios del Registro Civil se encuentran hace un par de días realizando protestas al interior del Servicio, “donde igual dejamos entrar a las personas, pero paramos nuestras funciones por 15 minutos, lo que igual seguiremos haciendo los próximos días”. La dirigente es enfática en afirmar que durante la semana siguiente continuarán las manifestaciones y se convocará a una jornada nacional de protesta, donde se involucrarían todas las regiones del país. Díaz también comentó que por el momento el funcionamiento de la institución pública será normal: “en cualquier acción que nosotros hagamos, no nos olvidaremos de los usuarios”, asegura.
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