El acuerdo en la Cámara para reformar la Constitución

Fue hace tres meses, en el seno de la Comisión de Constitución de la Cámara de Diputados, que comenzó a dibujarse por primera vez la opción de un acuerdo político transversal para reformular normas de la Constitución.

Por los mismos días en que la Presidenta Michelle Bachelet anunciaba el envío de un proyecto para modificar el capítulo XV de la Carta Magna, estableciendo que será una Convención Constituyente la encargada de debatir los contenidos de la próxima Constitución, los diputados Cristián Monckeberg -presidente de RN-, Arturo Squella (UDI) y el ex presidente de la Cámara Baja Osvaldo Andrade (PS), todos integrantes de la Comisión de Constitución, se sentaron por primera vez a la mesa para buscar -de forma paralela- reformas “viables” y “abordables” a la Carta Fundamental.

Tras un trazado inicial, el grupo comenzó a reunirse periódicamente y en reserva en las sedes del Congreso en Santiago y Valparaíso, alcanzando mínimos comunes donde se pudieran pactar cambios concretos.

Al trabajo se sumó luego el ex presidente de la Cámara de Diputados Aldo Cornejo (DC) y el presidente de la Comisión de Constitución, Fuad Chahín (DC), además del “consejo técnico” aportado por algunos expertos, como los abogado Rafael Ruz y Pablo Celedón y el secretario general de la Cámara de Diputados, Miguel Landeros.
Finalmente, el grupo logró acordar un proyecto de reforma constitucional en base a 19 modificaciones a la Carta Magna que fue ingresado al Parlamento el jueves pasado por Andrade y que se basa, en algunos casos, en proyectos ya en trámite en el Congreso.

El texto, al que tuvo acceso La Tercera, plantea no solo reformas que atañen directamente a los legisladores, como un nuevo sistema de reemplazo de cupos parlamentarios, sino también restricciones que afectan al Ejecutivo, entre ellas dotar al Congreso de la facultad de “calificar las urgencias” presentadas por La Moneda, afectando así una de las claves del sistema presidencialista, como es el manejo de los ritmos de los proyectos de ley. El texto apunta también a modificaciones en el Ministerio Público.

Aunque lo concordado en la Comisión de Constitución por distintos sectores es para algunos demostración de que se podría avanzar con éxito en el Poder Legislativo, lo cierto es que este entendimiento envía una compleja señal política para los partidos.

Mientras para algunos en Chile Vamos los cambios apuntarían a un reconocimiento de que hay que modificar la Carta Magna -algo en lo que no coinciden todos-, en el oficialismo no es indiferente que en los “antecedentes generales” del proyecto se plantee que se “pretende avanzar en el perfeccionamiento de nuestra institucionalidad a partir de lo ya acordado el año 2005”, y “explorar la posibilidad de extenderlo a otras materias”. Esto, en momentos en que La Moneda se apronta a presentar su proyecto de Nueva Constitución.

“Nosotros creemos que para reformar la Constitución ya están las condiciones, las reglas del juego y la presentación de este proyecto es muestra de que ese es el camino que hay que seguir, de que el camino para reformar la Constitución pasa por el Congreso”, explicó el diputado Squella, mientas que Monckeberg aseguró que “entendemos que la Constitución se tiene que ir modificando, no negamos que eso es una concesión de nosotros, pero de entender que se puede modificar por acá, en el Congreso”.

Desde el oficialismo, en tanto, Andrade precisó que “vamos a empezar a conocer muy pronto el proyecto de reforma constitucional de la Presidenta, que es la forma de reformar la Constitución, pero ha parecido razonable dar una señal política de que hay un grupo diverso capaz de ponerse de acuerdo”. Chahín, en tanto, sostuvo que “lo más importante de esta reforma es que muestra la capacidad de ponernos de acuerdo en cambios urgentes a la Constitución”.

Reformas

1 Calificar urgencias presentadas por el gobierno

Es uno de los puntos más sensibles de la propuesta, ya que apunta directamente a morigerar lo que algunos califican como un “excesivo” presidencialismo del sistema político. El proyecto de ley mantiene la facultad del Ejecutivo para presentar urgencias en el despacho de un proyecto, pero dejando en manos de cada Cámara la opción de “calificar” dicha urgencia, quitando así margen de acción al Ejecutivo en el manejo de la celeridad de las iniciativas.

“El Presidente hará la urgencia y la Cámara respectiva determinará si ella será discusión inmediata, suma o simple urgencia”, dice el texto. La medida, además, propone que tanto la Cámara Baja como el Senado puedan acordar que el plazo de la urgencia “quede suspendido” mientras estén pendientes en comisión “dos o más proyectos con urgencia”.

2 Nueva elección para vacante parlamentaria

En base a un proyecto de ley de 2011, se busca permitir la elección complementaria como mecanismo para llenar la vacante de un diputado o senador. En la actualidad, la Constitución establece que las vacancias por muerte, incapacidad o inhabilidad “se llenan con una persona designada por el partido político”, lo que ha sido cuestionado por algunos sectores, considerando que se trata de un cargo de elección popular. Si bien el proyecto apunta a que en ese tipo de casos el cupo sea “provisto por la Cámara que corresponda” entre una terna sugerida por el partido al que pertenecía el legislador, plantea que en causas como asumir un cargo de ministro o sufrir una condena inhabilitante -entre otras- se proceda a “la realización de una elección complementaria”, salvo que reste menos de un año para el “próximo acto eleccionario”.

3 Elimina sanción a acusados constitucionalmente

Yasna Provoste en 2008 y Harald Beyer en 2013. Ambos fueron destituidos por el Senado ejerciendo como ministros de Educación, la primera en la administración de Michelle Bachelet y el segundo, de Sebastián Piñera. Junto con la destitución, el juicio de la Cámara Alta implica también una sanción para el afectado: la imposibilidad de ejercer un cargo público por cinco años. Algo que buscan erradicar los diputados firmantes del proyecto, apelando a que “una pena de esa naturaleza debe ser aplicada por un tribunal de justicia y no por un ente de carácter político”, y que “la sanción de inhabilidad para el ejercicio de cargos públicos como pena accesoria a la destitución la consideramos exagerada”, señala el proyecto. Como resguardo, los legisladores buscarían una restricción para que el Mandatario de turno no pueda designar al ministro destituido en otra función.

4 Asistencia obligatoria de ministros

La décima reforma constitucional propuesta por el grupo transversal en su proyecto apunta a las facultades fiscalizadoras de la Cámara de Diputado. Entre ellas, permitir la interpelación a gobernadores regionales y “extender la obligación de comparecer a comisiones especiales investigadoras hasta el año siguiente a la expiración en el cargo respecto de los ministros de Estado, los demás funcionarios de la administración y personal de las empresas del Estado o aquellas en que éste tenga participación mayoritaria”.

Una queja constante de los diputados ha sido precisamente en torno a la imposibilidad de contar, muchas veces, con la asistencia de autoridades a las comisiones de ese tipo, considerando que en la actualidad son “invitados” a las sesiones, sin que tengan el deber de presentarse cuando son requeridos.

5 Término del fuero para delitos de opinión

En diciembre del año pasado, el diputado Gaspar Rivas fue declarado culpable por el delito de injurias en contra de Andrónico Luksic por el Octavo Juzgado de Garantía de Santiago. Meses antes, en el hemiciclo, el parlamentario había proferido duros epítetos contra el empresario, que repetiría luego en medios de comunicación. Para ser condenado, previamente Rivas tuvo que ser desaforado.

Esto, debido a que de acuerdo a la Constitución, los legisladores son inviolables por las opiniones que manifiesten en el ejercicio de su cargo. Para algunos legisladores, el escenario actual genera una desigualdad entre los parlamentarios y el resto de la ciudadanía. Así, aunque el proyecto no propone eliminar el fuero, sí propone el término de éste cuando se trate de delitos de injurias y calumnias.

6 Prohibición de repostular para fiscales regionales

El texto señala que la posibilidad actual de fiscales regionales de postularse en una región distinta a aquella en que desempeña el cargo “ha desnaturalizado” la intención original de la Constitución, que les restringe ser designados nuevamente por el periodo siguiente en su actual puesto (que dura ocho años). Aunque no lo mencionan en la reforma, al “prohibir” a los fiscales regionales repostularse en cualquier fiscalía, se intenta recoger una aspiración de los gremios y fiscales del Ministerio Público para terminar con la denominada “silla musical”, en que fiscales regionales son asignados en otras zonas del país, impidiendo “promover la carrera funcionaria”, según explican los diputados. En otra de las modificaciones legales el proyecto establece suprimir los cargos de fiscal judicial de la Corte Suprema y de las cortes de Apelaciones.

7 Regular por ley el derecho a reunión

“Nuestra Constitución hoy dispone que las reuniones en las plazas, calles y demás lugares de uso público se regirán por las disposiciones generales de policía. A nuestro entender, el ejercicio de esta garantía constitucional corresponde sea regulada por ley”, señala el proyecto de reforma constitucional.

La idea de los parlamentarios es otorgar un marco legal al derecho de reunión consagrado en la Carta Magna para evitar que el criterio quede en manos de la autoridad de turno.
Internamente, los parlamentarios apuntan a que la autorización a marchas o manifestaciones estén reguladas con criterios de antemano, evitando así que esto sea visado estrictamente por quienes estén a cargo del Ejecutivo.

“Buscamos evitar un posible sesgo por parte del gobierno ”, explican en privado algunos de los firmantes.

8 Inhabilidad para postular al Congreso

En un contexto de desaprobación a la labor del Congreso (un 6% de los chilenos confía en el Parlamento, según la CEP de abril-mayo), la reforma constitucional propone una nueva inhabilidad para postular al cargo de parlamentario.

En concreto, los legisladores especifican que no podrán postular quienes en los ocho años previos a la elección hayan sido condenados por crimen o simple delito.

“En el pasado, la Cámara fue duramente cuestionada por elegir entre sus autoridades a un ex alcalde destituido de su cargo por haber sido condenado por el delito de fraude al Fisco. Una norma como la propuesta evitaría que se repitan hechos como el descrito”, dice el proyecto. En 2013, el destituido alcalde de Coquimbo Pedro Velásquez asumió como vicepresidente de la Cámara de Diputados, generando una fuerte polémica.

Otras reformas

1 Reconocimiento del principio de transparencia en la Constitución.

2 Reconocer el derecho a la información.

3 Cambios a la nacionalidad por gracia.

4 Eliminación referencia pena de muerte.

5 Reconocimiento del debido proceso.

6 Cambia exigencia en ingreso de leyes.

7 Indemnización por error judicial .

8 Suprime cargo de fiscales judiciales.

9 Plazo para observaciones a proyectos.

10 Acusación constitucional a gobernadores regionales.