Los principales contenidos del proyecto de pensiones ya están en conocimiento del comité político. Parlamentarios oficialistas aseguran que el tipo de gobierno corporativo de la nueva institución pública es lo que aún no zanjan a nivel de Palacio. Lo que está en juego es la gestión de unos US$ 640 millones por año, según cálculos de la Asociación de AFP. El texto legal podría darse a conocer hacia el final de esta semana.
El diablo está en los detalles”, dice el presidente de la Comisión de Hacienda del Senado, el PS Carlos Montes, al dar cuenta de la escasa información que en las últimas semanas han recibido por parte del gobierno sobre el proyecto definitivo de reforma previsional. Los contenidos centrales del texto ya están en conocimiento del equipo político y hasta el viernes el tema clave que seguía pendiente, confirman en la instancia parlamentaria y también en La Moneda, se refería al tipo de gobierno corporativo que tendrá la nueva entidad pública creada para recaudar y gestionar los recursos provenientes del aumento de 5% en la tasa de cotización obligatoria. La decisión, que aún no se zanja, es si la nueva institución seguirá el modelo de una empresa pública con representatividad de la administración de turno, o si se tratará de un organismo autónomo con el voto del Congreso.
Lo que está decidido, en todo caso, es que tendrá carácter legal, límites de inversión y un objetivo de rentabilidad determinado para los recursos gestionados, esto alineado con un modelo de negocios con un rol social definido. Lo que la nueva entidad deberá gestionar no es menor, ya que la reforma se sustenta en un aumento en la tasa de cotización obligatoria desde el actual 10% a un 15% en un período de seis años. Esto implicaría un aumento de 0,8% anual en el monto destinado a la cotización obligatoria adicional, es decir, unos US$ 640 millones por año, según cálculos de la Asociación de AFP.
Tanto en el gobierno como entre parlamentarios oficialistas coinciden en que construir una entidad al estilo de una empresa pública -no necesariamente que lo sea- requiere de una definición institucional en cuyo mandato legal se establezca una regulación ad hoc, aunque alineada a la que rige al régimen de las administradoras de fondos de pensiones (AFP). Esto, combinando un rol económico, comercial y también social, junto a un directorio representativo de la administración de turno. El referente en este caso es BancoEstado, acota el diputado DC Pablo Lorenzini, integrante de la Comisión de Hacienda de la Cámara Baja, quien plantea que la impresión que recogió de las últimas conversaciones con el ministro de Hacienda, Rodrigo Valdés, es que el Ejecutivo vería con más simpatía una línea de este tipo.
El modelo autónomo, en tanto, implicaría un cuerpo colegiado, propuesto por la administración de turno y sujeto a la validación del Congreso, al estilo del Consejo del Banco Central, cuyos integrantes son nombrados por el gobierno de turno, pero visados por el Senado. Esta figura de algún modo tiende a replicar al consejo de inversión del Plan de Pensiones de Canadá (CPP), comité que monitorea el funcionamiento del sistema de ese país, el tipo de inversiones que se hacen con los ahorros previsionales de ese país y los retornos que se obtienen. De este modelo surgieron algunas de las ideas que tiene el proyecto del gobierno.
“Aún no hemos tenido una última conversación con el ministro Valdés, pero se nos ha informado que el proyecto ya está en conocimiento del comité político. Nuestra expectativa es que el principio rector de la reforma se mantenga, en el sentido de que aquí lo que buscamos es aumentar las pensiones actuales y futuras, pero también demostrar que las AFP no han sido capaces de generar buenas pensiones, que se requiere un cambio importante. La Presidenta ha comprometido este objetivo y entendemos que no hay cambios en esa línea”, afirma el senador Montes.
Sin embargo, admite que “quedan las dudas finales en el tipo de institucionalidad nueva que se propone para gestionar el 5% de cotización adicional, sus facultades y también restricciones. Esa definición está pendiente y es el ministro de Hacienda quien debiera zanjarlo. No descarto alguna sorpresa en este punto”, añade.
* El factor Guillier
El proyecto sería dado a conocer esta semana por la Presidenta Bachelet, coinciden en el grupo parlamentario y también en el gabinete presidencial, posiblemente entre jueves y viernes. En Hacienda, sin embargo, desestimaron que haya una fecha precisa.
El tema se zanjaría este fin de semana, en todo caso, pues si bien en Palacio evaluaban hasta hace un par de semanas el lunes 31 de julio como el día para la puesta en escena, los continuos cambios para la jornada de recolección de firmas para la candidatura presidencial del senador Alejandro Guillier obligaron a pensar otras alternativas, aclara el senador Montes. Hasta el viernes pasado, acota el presidente de la Comisión de Hacienda de la Cámara Alta, la inclinación era darlo a conocer en los próximos días.
Otra decisión pendiente es cómo se tramitarán los contenidos de la reforma. Así como el Ejecutivo definió que la batería de cambios propuestos se canalizará en cuatro proyectos distintos, su envío al Congreso también seguiría el mismo camino.
Lorenzini asegura que la idea de ingresar los proyectos por cámara distintas -en función de la discusión legislativa inicial- fue propuesta a Valdés por el grupo parlamentario y asegura que el ministro está analizando la opción. Así, detalla que la idea planteada al jefe económico fue que el proyecto que crea la nueva entidad pública ingrese a trámite a través del Senado, dado que implica un cambio constitucional y, por ende, requiere la aprobación de tres quintas partes de los diputados (72 de 120) y senadores (23 de 38), pero además en materias de este tipo el voto de la sala es clave para evitar reveses en el Tribunal Constitucional.
En tanto, el proyecto que propone subir 5% la cotización previsional obligatoria y su distribución entre cuentas individuales de los afiliados y un Sistema de Ahorro Colectivo sería vía Cámara de Diputados. Así también el texto que crea el llamado Cuarto Pilar Solidario y el que establecería un mecanismo de compensación para que las AFP respondan por el desempeño de las inversiones que hacen con los ahorros previsionales, con cargo a las comisiones que cobran (administración e intermediación) y que requeriría fijar objetivos de rentabilidad.
El diputado precisa que ingresar los proyectos vía Cámara Baja responde a que en los tres casos se trata de modificaciones importantes al DL 3.500 de 1980, que dio origen al sistema de AFP. “Lo hemos conversado en los almuerzos parlamentarios con el ministro Valdés y le hemos planteado que obviamente esta reforma no va a ser resuelta en este gobierno. Es muy compleja, estamos hablando de US$ 190.000 millones en ahorros de terceros y hay que tener cuidado en el debate. Lo importante es dejar esto establecido en el Congreso, instalado para debatirlo y el ministro a inicios de esta semana debería informarnos cuál fue su decisión, pero nuestra impresión es que está bastante de acuerdo en tramitar los proyectos por cámaras distintas”, señala.
* Las medidas más resueltas
A mayo pasado, las AFP registraban 10,3 millones de afiliados, de los cuales 5,2 millones eran cotizantes activos, según datos de la Superintendencia de Pensiones (SP). Las pensiones autofinanciadas promediaban $ 214.848 y con Aporte Previsional Solidario (APS) subían a $ 230.528.
Tanto Montes como Lorenzini coinciden, en todo caso, en que así como hay un tema en duda importante con el tipo de gobierno corporativo de la nueva institución, también hay cosas que ya están resueltas en los proyectos de ley. Por ejemplo, la definición dada por la Presidenta Bachelet en cuanto a que el 5% de excedente de cotización se distribuirá en un 3% hacia las cuentas individuales de los afiliados y el restante 2% irá al Sistema de Ahorro Colectivo, que operará como seguro solidario.
También el funcionamiento del Cuarto Pilar. Este distribuirá el 2% en tres objetivos solidarios: un 1% irá a un componente intergeneracional (los actuales cotizantes ayudan a los actuales pensionados; los cotizantes jóvenes ayudan a los cotizantes mayores) y entre 0,6% y 0,7% a un componente intrageneracional (solidaridad entre cotizantes de altos ingresos con aquellos de menores ingresos). El restante 0,3% a 0,4% de excedente irá a financiar el bono de incentivo para la postergación voluntaria de la jubilación de la mujer, precisan en el equipo técnico.
Otros temas que ya están listos o muy afinados son los relacionados con educación previsional y de participación de los afiliados en la elección de los directores independientes que representan a las AFP en las empresas en que han invertido los fondos de pensiones, proceso que se concretará a través de la Comisión de Usuarios vía head hunter.
* El guiño a las mujeres
Un tema que tiene tranquilos a los parlamentarios oficialistas es que el proyecto no establece ninguna obligación de mayor cotización para las mujeres y sí un mecanismo de incentivos para la postergación voluntaria de la edad de jubilación femenina, desde el actual mínimo legal de 60 años a umbral de 65 años. Se trata de un bono que premiará los años de postergación del retiro que ayudará a elevar en un máximo de 14% la pensión final para quienes amplíen por cinco años sus cotizaciones obligatorias.
El beneficio será un aporte adicional a los complementos fiscales vigentes para pensiones autofinanciadas por el sistema de AFP (incluidas rentas vitalicias) y se financiará desde el Sistema de Ahorro Colectivo.
“La postergación voluntaria de la edad de retiro hasta los 65 años incrementará la pensión entre 35% y 50%, dependiendo de la densidad de cotización. El efecto bono, que se suma al efecto anterior, implica un aumento promedio de alrededor de 14%”, señaló en su última cuenta pública el superintendente de Pensiones, Osvaldo Macías.
Un cálculo que estuvo en la mesa técnica a cargo es que entre la pensión autofinanciada, el Aporte Previsional Solidario (APS) fiscal para las pensiones de hasta $ 304.062 (en julio próximo cambiará el valor), el bono por hijo nacido vivo, las futuras prestaciones del Pilar Colectivo y el nuevo bono para postergar la jubilación, las mujeres podrían aumentar su pensión final en torno a 80% promedio.
Dos alternativas se evaluaban en esta línea. Un bono proporcional a los años de retraso de la jubilación, que implicaría que por cada año aplazado la pensión subiría del orden de 2,8% (rango de 2,5%-3%, la opción más probable). El otro era un beneficio de tipo exponencial mediante un bono que premiaría con tasas diferentes, crecientes, cada año de postergación de la jubilación, hasta llegar a 14% para quienes la retrasen en cinco años.
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