La Agrupación Nacional de Empleados Fiscales (ANEF),encabezado por su presidente, Carlos Insunza, y miembros del Directorio Nacional recibieron el apoyo trasversal de los diputados Gabriel Silber (DC), Guillermo Tellier (PC), Tucapel Jiménez (PPD), Gastón Saavedra ( PS) y Maite Orsini (RD), quienes se mostraron dispuestos a definir acciones en el seno de la Comisión de Trabajo del Congreso, que irían desde la instalación de un Defensor del Trabajador del Estado hasta una interpelación al ministro del Trabajo, Nicolás Monckeberg, para que dé cuenta de los más de 500 despidos en los 25 días del Presidente Sebastían Piñera.
Según Gabriel Silber (DC), llegaron a la ANEF “un grupo de parlamentarios para apoyar de manera trasversal y cerrar filas con la Agrupación y su presidente, y apoyarlos en lo que hemos visto en estos 25 días de instalación del Gobierno de Sebastián Piñera: una suerte de purga política contra funcionarios públicos, que pueden o no estar de acuerdo con las ideas del gobierno, pero en caso alguno han sido evaluados respecto de los servicios que prestan.(…). Al día de hoy vamos en más de 500 trabajadores sin siquiera mediar una evaluación técnica si este funcionario hace bien o mal su trabajo. Aquí el común denominador que ha primado es que piensa distinto a mí”.
En la oportunidad los parlamentarios informaron a los medios de comunicación que solicitarán una reunión con el Contralor General de la República para que un equipo especial de dicha cartera, pueda velar por el respeto a los trabajadores y la función pública después que se ha visto en estos 25 días, la instalación de figuras denominadas “delegados presidenciales o ministeriales”, instalándose una administración paralela al régimen regular de funcionamiento del Estado.
Tras el apoyo trasversal, Carlos Insunza agradeció a los parlamentarios la disposición de iniciar las conversaciones la próxima sesión de la Comisión de Trabajo de la Cámara de diputados y llegar a un acuerdo. “Lo que estamos viendo hoy es el despido masivo de trabajadores y trabajadoras que cumplen funciones permanentes de línea en el Estado, muchos de ellos con más de un período presidencial en esas funciones, y por tanto, estamos frente a una situación que vulnera los derechos de los trabajadores, pero además afecta al Estado en el ejercicio de sus funciones”.
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