Una intensa agenda de reuniones, tanto con representantes de gremios empresariales, empresarios y embajadores en Chile, viene desarrollando desde antes que asumiera en el cargo, hasta estos días, el ministro del Trabajo, Nicolás Monckeberg.
Más allá del carácter protocolar, que se dio especialmente con los embajadores de Suiza y Nueva Zelanda, cada una de las citas se ha desarrollado con agenda abierta en materias vinculadas al mercado laboral. Es en contexto que el secretario de Estado, según varias de las contrapartes de los diálogos, ha aprovechado de sondear qué rigideces observan los privados en la legislación que dificultan una mayor contratación de trabajadores asalariados. El programa de Sebastián Piñera en esa línea se enfoca en duplicar la capacidad de crear nuevos empleos, mejorando su calidad y aumentando significativamente la tasa de incremento de los salarios. La meta es tener 9 millones de personas empleadas hacia finales del mandato.
INVITADO DE PIEDRA. En el marco de esos mismos acercamientos con los privados, emergió en el debate la propuesta de cambios a una traba regulatoria que tanto a nivel técnico como empresarial ha afectado la contratación: el régimen de indemnización por años de servicio (IAS). La norma general actual establece que en caso de despidos por necesidades de la empresa o por desahucio, el empleador deberá pagar al trabajador un finiquito equivalente a la remuneración del último mes por cada año de servicio con un tope de 330 días de salario (11 años).
El planteamiento de que el sistema de indemnización es una de las principales trabas de la regulación laboral que afecta al empleo también fue expuesto por la Sociedad de Fomento Fabril (Sofofa) al Gobierno.
Hasta ahora el Ministerio del Trabajo ha reactivado en el Congreso la creación de un estatuto laboral para jóvenes que estudian y trabajan y próximamente se espera que haga lo mismo con el proyecto de ley de la primera administración de Piñera, que regulaba la modalidad de trabajo a distancia.
Los cambios al sistema también son apoyados por el economista de la Fundación Chile 21, Eugenio Rivera. “Desde el punto de vista técnico la propuesta de un seguro a todo evento equivalente a un sueldo por año de servicio, con un tope de 7 u ocho años es razonable”, dijo.
Cecilia Cifuentes del ESE de la Universidad de Los Andes comparte la necesidad de cambios en las IAS, pero también advierte la urgencia de revisar el efecto de la Reforma Laboral en el empleo. “En lugar de contratar más gente, incentiva una mayor automatización en las empresas porque las máquinas no se pueden ir a huelga”, advierte.
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