Por Karen Medina Eguiluz / Periodista y Licenciada en Comunicación Social. Magister en Ciencias Sociales y en Políticas Nacionales. Ex seremi del Trabajo y Previsión Social de la Región de Valparaíso, durante el gobierno de Michelle Bachelet. Directora de Consultoría Trabajo Digno
Los logros alcanzados en Chile en materia de trabajo decente corren serio peligro si se concreta la contrarreforma laboral anunciada por el Presidente Sebastián Piñera.
Contraviniendo la Reforma Laboral de la ex Presidenta Michelle Bachelet, el mandatario ha anunciado poner fin al derecho a huelga y reinstalar los grupos negociadores, que ya intentara estos últimos meses a través de dictámenes de la Dirección del Trabajo. A la vez los asesores del gobierno de derecha trabajan también en un proyecto de ley que pondría fin a los 11 años de indemnización por años de servicio.
Cuando nos disponemos a conmemorar los 70 años de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, el próximo 10 de diciembre, es bueno recordar que “toda persona tiene derecho a trabajar en unas condiciones justas y favorables”, que fue una premisa ratificada por las Naciones Unidas en 1948, demanda que las organizaciones sindicales chilenas y del mundo entero aún mantienen vigente.
Décadas después, en 1999, la Organización Internacional del Trabajo – OIT – acuña el concepto de trabajo decente, estableciendo que los derechos en el trabajo, las oportunidades de empleo, la protección social y el diálogo social, son sus cuatro objetivos centrales.
El trabajo que dignifica y permite el desarrollo de las propias capacidades no es cualquier trabajo y a la vez no es decente el que se realiza sin respeto a los principios y derechos laborales fundamentales, ni el que no permite un ingreso justo y proporcional al esfuerzo realizado, sin discriminación de género o de cualquier otro tipo, ni el que se lleva a cabo sin protección social, ni aquel que excluye el diálogo social y el tripartismo”.
Implica el deber de los Estados garantizar la oportunidad de las personas de conseguir un empleo digno en condiciones de libertad, igualdad, seguridad y dignidad humana para lograr la erradicación de la pobreza y el hambre, el crecimiento económico sostenido y el desarrollo sostenible, y bienestar económico y social para todos, que implica la necesidad de agendas que nos permitan avanzar hacia una sociedad inclusiva e igualitaria.
Por lo demás, el derecho al trabajo sustenta la gobernanza de las sociedades.
El 27 de abril del 2011 el Gobierno de Chile, encabezado por Sebastián Piñera, hizo entrega a la OIT del instrumento de ratificación del Convenio de la OIT N° 187 sobre Trabajo Decente.
Ese mismo contrato social fue acuñado en Chile en una inédita firma tripartita el año 2013, con representantes del ministerio de Trabajo y Previsión Social, la CPC y la CUT.
Coherente con los objetivos de la OIT, el programa de Gobierno de la Presidenta Bachelet avanzó con la Reforma Laboral.La Ley 20.940 viene a garantizar condiciones de diálogo para todos los actores y equilibrio en el proceso de negociación colectiva, fortaleciendo la herramienta negociadora, reconociendo el derecho a huelga y estableciendo el piso mínimo, la titularidad sindical, el derecho a la información contable, los derechos de género y las materias sustantivas que se planteen para más y mejores derechos, en consonancia con una productividad e inversión que también cree en su recurso humano.
No obstante y a pesar del Convenio 187 ratificado por su primer mandato, es una realidad la contrarreforma que ha indicado el Presidente Piñera. En cadena nacional y en consonancia con la agenda empresarial, el jefe de estado anunció su interés por grandes cambios, como lo es recuperar los grupos negociadores y terminar con el derecho a huelga. Y más allá de debilitar la negociación colectiva, propone poner fin al derecho a los años de indemnización por años de servicio.
De ser efectiva su agenda, nuestro país retrocederá severamente en materia de derechos laborales, precarizando las condiciones de trabajo, dejando en evidencia una violación flagrante al convenio 187 que el propio primer gobierno de Piñera ratificara el 2011, y dando cuenta que los “Tiempos Mejores” no consideraban los derechos de las y los trabajadores, y que el trabajo decente y sus logros en Chile sólo han quedado en el papel.
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