El 2018 fue uno de los años más complejos en la historia de Carabineros. Al mega fraude de la institución uniformada, se sumó la denominada «Operación Huracán» que redujo considerablemente la credibilidad de la ciudadanía en la institución, y finalizó con el asesinato del comunero mapuche Camilo Catrillanca, llevando la crisis de uno de los organismos más importantes del país a cambiar la agenda pública.
Sin duda este 2018 quedará marcado como el año negro para Carabineros de Chile. Al mega fraude destapado en 2017, se sumó a principios de este año el escándalo de la “Operación Huracán”, un operativo amparado en la Unidad de Inteligencia Operativa Especial de la institución, por el que se detuvo a ocho comuneros mapuches imputados por asociación ilícita terrorista en el sur del país.
Más tarde, en enero de este año, la fiscalía dio a conocer que las supuestas pruebas presentadas por la policía uniformada, principalmente mensajes de WhatsApp, habían sido manipuladas con el objeto de incriminar a los detenidos, entre ellos el vocero de la Coordinadora Arauca Malleco (CAM), Héctor Llaitul.
A partir de esa fecha se sucedieron una serie de diligencias por parte del Ministerio Público que determinaron la existencia de un montaje por parte de Carabineros, lo que terminó con más de una decena de funcionarios formalizados, entre ellos, el ex director de Inteligencia, Gonzalo Blu.
Un par de meses después, a tres días de asumir en el gobierno el Presidente Sebastián Piñera, el cuestionado general director, Bruno Villalobos, dejaba su cargo a petición del mandatario.
De esta manera, se intentaba iniciar una nueva etapa en donde su sucesor, Hermes Soto, tendría como misión reformar Carabineros, para lo cual, además, se solicitó la salida de gran parte del alto mando.
Sin embargo, los efectos del fraude -cuyo monto ha ido aumentando con el tiempo-, no apaciguaron la profunda crisis por la que atraviesa esta importante institución que hasta hace algunos años contaba con estándares significativos de confianza.
Posteriormente, y para cerrar un año nefasto para la institución, la muerte de Camilo Catrillanca a manos de personal del Gope terminó por minar la poca credibilidad de la policía uniformada.
Esto, ya que a poco más de un mes de su muerte, se dieron a conocer distintos registros audiovisuales que, por un lado derrumbaban la tesis del enfrentamiento que se argumentó desde un comienzo, y por otro, se confirmaba que sí existieron vídeos del procedimiento policial, los que fueron ocultados por los carabineros que participaron del hecho.
Dicha situación provocó un terremoto en La Moneda, desde donde no tuvieron otra opción que solicitar la renuncia a Hermes Soto, convirtiéndolo en el general director de Carabineros que menos duró en su cargo: 280 días.
Para el especialista en seguridad pública y profesor de la Universidad de Santiago, Jorge Araya, hay un efecto acumulativo que detona durante este año.
“Yo no creo que lo que ha pasado este año trágico para Carabineros sea una cosa que tenga su explicación dentro de este mismo año, sino que en el devenir de la institución que venía marcando una serie de falencias en términos de su estructura orgánica, su sistema operativo, la formación policial. Lo que han hecho ahora es cuajar, madurar, reventar esta serie de falencias que se venían acumulando por años”.
El experto aseguró, además, que hasta mediados de 2010, existía un desconocimiento de estas falencias de carabineros. “A partir del 2010 la sociedad chilena se pone más exigente en de estándares empiezan a ser más evidentes estas falencias.
Una mirada con la que coincide el diputado socialista y miembro de la comisión parlamentaria que investigó el fraude en carabineros, Leonardo Soto, quien en conversación con este medio sostuvo que los problemas en carabineros han existido siempre, “pero ha habido algunos mecanismos de respuesta interna que han impedido que estos hechos sean de alarma pública como ocurre en la actualidad”.
Ejemplo de ello, señaló el diputado “está el caso degollados en donde la Dipolcar completa participó en el asesinato de opositores de la dictadura, además de todas las maniobras de ocultamiento de este tipo de situaciones. Además de distintos tipos de fraude vinculados al uso de gastos reservados durante principios de los 90?”.
En ese sentido, argumentó, “ha habido episodios de tanta o igual gravedad que ahora, en tiempos en que no existía la computación, donde la Contraloría prácticamente no fiscalizaba, sin duda tiene que haber habido mucho abuso y eso ha ido instalando una cultura interna que ha hecho crisis. Una cultura de impunidad, de falta de transparencia, donde todo lo que ocurre en Carabineros está oculto a la ciudadanía, y opera como mecanismo de silencio, en términos de abusos policiales, o de fraude”.
Para el ex jefe de la división Seguridad Pública del Ministerio del Interior y actual director del laboratorio de seguridad, Eduardo Vergara, el asesinato de Camilo Catrillanca a manos del Estado constituye “la mayor crisis político-policial que ha vivido Chile desde el retorno a la democracia”.
Con ello, asegura, “la trama de mentiras y encubrimientos que terminó con la salida del general director arrastró a la institución a su peor crisis de credibilidad”.
¿Una crisis sin solución?
Si hay algo en lo que la mayoría de los actores involucrados en este tema coinciden, es que se requiere una amplia y profunda restructuración de Carabineros que abarque distintos aspectos como la formación y su relación con el poder civil.
Para el diputado Leonardo Soto, es tal el grado de “la cultura anómala y distorsionada” que existe en esta institución que tiene que haber un cambio sistémico y estructural. En esa linea, dice, tiene que haber un nuevo diseño constitucional de la relación con el poder civil.
De otra forma, advierte, vamos a estar condenados a repetir eternamente estos escándalos que tienen cansado al país.
En tanto, Jorge Araya sostiene que se deben tomar medidas profundas y urgentes. Reformar la Ley Orgánica Constitucional de Carabineros que permita que la carrera policial está sujeta al poder civil y esté condicionada en su desarrollo a indicadores de mérito, de eficiencia policial y no por la antigüedad.
Asimismo, propone, que los 60 mil funcionarios de Carabineros refuercen su formación retornando a las aulas a un proceso de reforzamiento donde los temas de derechos humanos, y procedimientos policiales sean vistos y puedan hacerse las correcciones necesarias.
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