Por estos días, las oficinas del Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) están convulsionadas. Durante meses -desde el estallido social del 18 de octubre- no solo se ha multiplicado el trabajo de sus funcionarios y consejeros, también ha comenzado a abrirse una grieta profunda -de marcado corte jurídico- sobre la naturaleza y carácter de las violaciones a los derechos humanos. Un debate que ha terminado en duras discusiones y recriminaciones cruzadas y que tiene al organismo encargado de velar por los derechos humanos en medio de una verdadera guerrilla.
Las cosas ya comenzaron a tensionarse más de la cuenta el 15 de enero, días después de que el INDH diera a conocer su Informe Anual sobre la Situación de Derechos Humanos en Contexto de Crisis Social, un documento que -dados los días que se vivían en el país- generaba altas expectativas en el mundo de los DD.HH.
Ese día, 31 representantes de las organizaciones de la sociedad civil ligadas al organismo pidieron una cita extraordinaria con los cuatro consejeros elegidos con sus votos: Branislav Marelic, Margarita Romero, Consuelo Contreras y Yerko Ljubetic. El tono no fue bueno. “Fue una pasada de cuenta”, resume un asistente a esa cita, que partió a las 18.30 y terminó a las 22 horas en la sede del INDH ubicada en Av. Eliodoro Yáñez, en Providencia.
Los representantes de las organizaciones -Corporación Humanas, Fasic, Londres 38, entre otras- no estaban conformes con los términos del citado informe y -peor aún- con el rol jugado por la entidad en el marco del estallido social.
Parte importante de los dardos fueron dirigidos a la labor de Sergio Micco (DC), que el 30 de enero cumplió seis meses en la dirección del organismo. Una gestión tensionada por un consejo directivo de 11 miembros, hoy partido en dos. El primer grupo compuesto por los consejeros electos por la sociedad civil, a quienes se suman el abogado PS Salvador Millaleo y Debbie Guerra, designada por la entonces Presidenta Michelle Bachelet. El segundo bando -en tanto- está integrado por el abogado Carlos Frontaura, exasesor de la Fundación Jaime Guzmán; Sebastián Donoso, designado por el Presidente Sebastián Piñera; el exdiputado DC Eduardo Saffirio y el ingeniero cercano a RN Cristián Pertuzé.
Esta semana fue Contreras quien -en declaraciones a La Segunda- rompió la reserva de los debates del consejo y aseguró que estaba en marcha un intento por cambiar el criterio de funcionamiento del organismo, ya que había consejeros que consideraban que los civiles también pueden cometer violaciones a los derechos humanos. Sus palabras llevaron a que el director (S), Cristián Pertuzé -Micco está de vacacio-nes-, aclarara que el INDH no está considerando modificar su mandato, que establece que solo puede presentar acciones judiciales en actos cometidos por agentes del Estado.
Lo cierto es que Contreras abrió una compuerta que había estado celosamente cerrada hasta entonces, tanto así que ni siquiera se habían publicado las actas del INDH desde el estallido, lo que mantenía ocultas las tensiones internas.
“Fui malinterpretada, jamás hablé del cambio del mandato del instituto. Hablé del alcance del debate. Recalqué que, a nuestro juicio, es el Estado el que por acción y omisión puede violar los derechos humanos. Los privados no violan derechos humanos”, aseguró Contreras a La Tercera.
Fue en la cita del 15 de enero -reiteran las mismas fuentes- que Ljubetic, Contreras, Marelic y Romero recibieron los duros reproches de las organizaciones civiles: que el INDH está tomado por la derecha y que es funcional al gobierno de Piñera. La peor parte de la jornada se la llevó el consejero Marelic, quien en 2018 fue removido de la dirección del instituto con la venia de ocho de los 11 consejeros y luego reintegrado al INDH a través de un fallo judicial. Los representantes de las organizaciones le enrostraron ser parte del sector conservador, pese a que en 2016 lo postuló al INDH la fundación Londres 38, dedicada a la memoria de los torturados y muertos en un centro de detención de la Dina.
Cercanos a Marelic aseguran que al consejero -militante PS- lo amenazaron con funas y lo motejaron de “momio”. Una versión que descarta otro de los asistentes, que sí reconoce que esa tarde Ljubetic, Contreras y Romero aseguraron ante las organizaciones que el informe anual que firmaron no los representaba completamente y que era una versión de consenso en un escenario de divergencias entre los 11 consejeros del INDH.
Incluso -a modo de explicación-, Ljubetic apuntó a Micco, según tres consultados. “Yerko dijo que no había la fuerza suficiente al interior del INDH para defender los derechos humanos y planteó que había un intento de la actual dirección de cambiar el instituto”, asegura un integrante del consejo que participó de esa reunión.
“Acusete”
Lo que siguió a esa reunión fue un duro debate en el consejo del organismo el lunes siguiente. Marelic informó de la cita con las organizaciones civiles y sus reproches. No solo eso, también emplazó a Ljubetic a reconocer sus dichos sobre Micco. Fue entonces que Consuelo Contreras le enrostró con un “acusete”, según reconocen dos consejeros.
Ljubetic, dice un testigo, reafirmó sus dichos. Recordó y calificó como “desafortunadas” las declaraciones de Micco -quien en un programa de Canal 13- señaló que descartaba que en Chile hubiera una violación sistemática de los derechos humanos. Una intervención que aún le cuesta una controversia interna con los consejeros y los funcionarios del INDH.
La alocución de Marelic irritó más a Carlos Frontaura y a Sebastián Donoso que a Micco, que había sido directamente cuestionado. El asunto, afirma un tercer consejero, derivó también en una discusión en duros términos entre Romero y Donoso. “Margarita Romero le dijo a Donoso que ella sabía lo que eran las violaciones a los derechos humanos, porque había sido torturada y que él no sabía nada, porque hablaba desde la derecha. Él le contestó que defiende los derechos humanos de todos”, relata un asistente. Uno de los presentes añade que tras el intercambio de palabras, la doctora y expresidenta de la Corporación Parque por la Paz Villa Grimaldi tomó sus pertenencias y se fue.
Así las cosas, Eduardo Saffirio es de los que creen que el ambiente al interior del INDH está en un punto crítico y no tiene posibilidades de mejora en el corto plazo. Peor aún, acusa que hay un intento de desestabilizar la gestión de Micco, tal como se hizo con Branislav Marelic. “Hay gente que cuestiona a Micco porque no le ha pedido la renuncia a Piñera. Quieren que él sea un peón funcional a la oposición y esa no es la labor del INDH, como tampoco lo era andar apoyando al gobierno de la señora (Michelle) Bachelet”, dice Saffirio.
¿Renuncias?
Quienes han estado cerca de Micco en estos meses reconocen que el personero DC se ha visto afectado por las críticas a su gestión y por los tironeos internos del consejo. Tanto así, que aunque en su círculo aseguran que no ha puesto su cargo a disposición, en el gobierno y entre los miembros del consejo reconocen que en momentos tensos ha verbalizado que está dispuesto a irse. “Lo dijo una vez saliendo de un consejo, pero fue más bien una expresión. Nada en serio”, dice uno de los integrantes de la instancia.
En todo caso, cercanos a Micco señalan que no ve dramatismo en la eventualidad de que sea relevado del cargo, ya que considera que este está a disposición de la mayoría del consejo del INDH que lo eligió. Agregan que desde su nombramiento se le ha pedido la renuncia. “En la sesión del 8 de agosto del consejo, se discutió si una persona católica y tradicionalista podía ser su director”, recuerda un asesor.
Que no cuenta con la simpatía de la mayoría del consejo es un hecho irrefutable. El 5 de noviembre, Micco pidió un voto de confianza, ante las críticas desatadas por señalar que no había sistematicidad en las violaciones a los derechos humanos ocurridas desde el estallido social. No obtuvo un apoyo unánime. Así queda de manifiesto en el acta del consejo del 11 de noviembre.
“Usted no ha escuchado a una parte importante de este consejo, ha dirigido la institución durante la crisis con solo una parte de él. Se ha reunido con autoridades nacionales e internacionales acompañado de algunos consejeros y no precisamente con la parte que representa la diversidad”, afirmó la consejera Romero.
En ese mismo consejo también se aprobó la propuesta de Micco de rebajarse el sueldo a $ 4.830.000 (era de $ 5.500.000). Quedó en acta que la rebaja solo sería aplicable a la dirección actual del INDH. “Esa es una de las cosas en que he discrepado con Sergio. No debió hacer eso”, dice uno de sus cercanos en el consejo.
El informe de la discordia
A principios de noviembre, el INDH decidió guardar el informe original que la Unidad de Estudios del INDH, a cargo del antropólogo Osvaldo Torres, venía realizando desde enero del año pasado. Ese trabajo abarcaba siete temas: análisis a la reforma a Carabineros desde una perspectiva de DD.HH.; una propuesta para regular legislativamente el derecho a reunión; análisis de las políticas de reinserción social para las personas privadas de libertad; políticas de búsqueda de personas detenidas desaparecidas; prevención de violencia de género (para lo cual se encargó estudio a la Fundación Semilla); análisis de barrios críticos y relacionamiento de las comunidades con empresas del Estado.
Si el informe original ya provocaba discrepancias entre los 11 consejeros del INDH, las diferencias se agudizaron cuando el trabajo se abocó a la situación de los derechos humanos en Chile entre el 18 de octubre y el 30 de noviembre.
Pero todo eso se había mantenido bajo reserva.
Hoy, los consejeros reconocen que los nudos principales fueron dos. Primero, cómo calificar las violaciones a los derechos humanos, ya que determinar si estas eran generalizadas, masivas o sistemáticas era clave, porque dependiendo de la elección se dejaba abierta la puerta para que se invocara responsabilidad penal internacional.
Las posturas se radicalizaron en ese entonces, pero hoy dos consejeros del lado disidente a Micco reconocen que es complejo probar la sistematicidad.
Otro nudo fue si los particulares pueden o no violar los derechos humanos a la luz de los episodios de vandalismo en el contexto de protesta social. Una línea de discusión que pusieron Micco, Donoso, Frontaura, Saffirio y Pertuzé sobre la mesa.
“Se discutió eso a la luz de una tendencia: el efecto horizontal de los derechos humanos, que plantea que los civiles pueden vulnerar los DD.HH., sobre todo cuando detentan una estructura de poder. Al final, en el informe quedó la versión que está de acuerdo con la doctrina de los organismos internacionales, la cual implica que el Estado es siempre el responsable, ya que tiene el deber de prevenir y resguardar y dar acceso a la justicia”, comenta el consejero Salvador Millaleo.
“No hay que dramatizar. Tenemos múltiples diferencias y no solo en el eje político, también en otros temas, pero que no necesariamente coinciden con este eje, como en derechos indígenas, de las mujeres y migrantes… Pero podemos seguir navegando”, enfatiza el consejero cercano al PS.
Las discrepancias también abordaron otro punto, como si era necesario establecer el contexto de los abusos policiales, pero los consejeros elegidos por las organizaciones civiles se opusieron señalando que eso podía interpretarse como una justificación al actuar de Carabineros. Lo mismo pasó con la cuestionada práctica de “el que baila, pasa”. El informe terminó consignando que cuando hay amenaza de violencia física, es una afectación al derecho de la persona y se trataría de una agresión. “Es verdad que discutimos por eso y varios defendimos la idea de que esa era una violación al espacio privado de las personas”, dice Pertuzé, quien reconoce que el punto fue motivo de discusión.
Otra victoria del grupo alineado con Micco fue la idea de incluir en el informe una alusión a la libertad religiosa y una condena a la quema de iglesias en contexto de protesta. “Es de especial atención para el INDH que un total de nueve iglesias católicas y una evangélica hayan sido objeto de daños de diversa intensidad y que algunas estén blindadas para protegerse de potenciales actos de vandalización, lo que constituye una afectación a la libertad de práctica de creencias debido al estado en que quedaron dichos sitios de culto”, dice el texto en su versión final.
El equipo especial de Micco
La controversia en torno a qué diría el informe anual del INDH tuvo un ingrediente adicional: la decisión de Micco de contratar a un equipo paralelo a la Unidad de Estudios para la redacción final del informe anual.
Se trata de los abogados Yohanna Villablanca y Rodrigo Pérez de Arce y el administrador público Yamil Musá. Este último luego se sumó al equipo de asesores personales de la dirección, donde está también la periodista y premio nacional Mónica González; Carlos Bellei, actual jefe de gabinete; Loreto Ricardi, jefa del área jurídica, y Francisca Ortega Frei, actual jefa de asesores.
Los consejeros de minoría leyeron esa decisión como un intento por imponer el criterio oficialista en el documento que fue dado a conocer el 23 de diciembre. “Por reglamento, la Unidad de Estudios tiene la tarea de presentar el informe anual del consejo. Las contrataciones adicionales para ese trabajo regularmente las hace la misma unidad cuando hay un tema que no es de su expertise. Nunca antes vimos que el director contratara a todo un equipo paralelo”, dice una de las consejeras.
En el entorno de Micco defienden que siempre ha habido colaboradores externos. “En el Informe 2019 participaron tres personas de las nuevas generaciones y de gran calidad académica, que fortalecieron la heterogeneidad del informe”, aseguran.
Esta semana, el director del INDH mantuvo distancia de las revelaciones que han azotado al organismo. En su entorno dicen que regresará de vacaciones a fines de febrero. Pero su desembarco está lejos de ser tranquilo: se activará el debate por la reestructuración interna del INDH, ya que antes de tomar su descanso Micco presentó una primera propuesta que ya desató críticas de sus adversarios internos.