“Este es un momento muy importante para repensar no sólo cómo tener un mejor Estado, sino también cómo favoreceremos que los trabajadores tengan más fuerza, más herramientas y una capacidad real de negociación para hacer valer sus propios derechos”, señala María Fernanda Villegas, ex Ministra de Desarrollo Social, Bachiller en Teología de la Pontificia Universidad de Valparaíso, con estudios en Pedagogía y Gerencia Pública con enfoque de género, quien desde el Consejo asesor de la CUT está impulsando vigorosamente que la voz de los trabajadores sea escuchada dentro del proceso constituyente.
Con ella conversamos sobre esta inédita iniciativa, que preside el ex Director de la OIT, Juan Somavía, y que tiene como objetivo acompañar un interesante proceso de construcción de una propuesta Constitucional nacida desde el mundo sindical.
“El costo económico y social de esta pandemia
la han pagado los trabajadores”
“Si algo hemos aprendido del COVID 19 es precisamente que el rol del Estado es imprescindible, esencial e irremplazable. Para todos aquellos que querían tener un Estado reducido, pequeño, que prácticamente no incidiera, ha sido una derrota clara y contundente”, señala María Fernanda.
– Hace algunos días el COVID alcanzó nuevamente la cifra más alta de la pandemia en Chile y este jueves pasaron a cuarentena casi 14 millones de personas, es decir, 69,6% de la población nacional. ¿Qué significa esta crítica situación para el mundo laboral y qué rol debería jugar el Estado?
Ciertamente que esta es una situación inusual, es una situación respecto a la que pocos actores en el mundo han tenido una respuesta, pero si hay quienes se han visto afectados son precisamente los trabajadores y trabajadoras.
Esta es una pandemia que, si bien no discrimina a quien contagia, la verdad es que cuando uno ve la cantidad de muertos, la cantidad de problemas que han tenido los sectores más pobres, más humildes, más carenciados de la población, uno puede constatar que los trabajadores han sido los más afectados. Esto ha significado para los trabajadores un cambio de vida drástico: Decidir si se mueren por el COVID-19 o se mueren de hambre. Y esa disyuntiva ha estado presente en miles de hogares tanto en Chile como en otros lugares del mundo.
Si algo ha quedado de manifiesto en el mundo es que aquellos países que tienen estados mejor dotados, más robustos son los que han podido dar una pelea más de igual a igual con el COVID.
En ese sentido, el Estado debe abocarse a la protección de quienes son los más débiles, a encausar todas las medidas económicas, sanitarias, políticas para que la población pueda efectivamente resguardarse a la espera de que la ciencia nos dé una salida.
¿Cuál es tu evaluación de cómo lo ha hecho el Estado en Chile?
Mal. Definitivamente mal. Nosotros tuvimos mucho tiempo para adecuarnos, porque sabíamos lo que venía, lo que estaba ocurriendo en Europa y no tuvimos la capacidad de adaptarnos a tiempo.
En segundo lugar, el costo económico y social de esta pandemia la han pagado los trabajadores y trabajadoras. Los millones de recursos que han puesto los trabajadores a partir del 10% que han debido retirar de sus fondos de pensiones y del gasto de los seguros de desempleo que han sido utilizados para sobrevivir.
El Estado no ha llegado a tiempo con las medidas sanitarias, no ha sido capaz de establecer trazabilidad cierta, que podría haber contenido la pandemia, pero adicionalmente ha sido miope al intentar entregar los soportes sociales y económicos que la población necesita para hacer una cuarentena efectiva.
Ha ido entregando recursos de a poco. Recordemos el año pasado la entrega de las cajas con alimentos, sin considerar las dificultades territoriales ni las necesidades diferenciadas de las familias en Chile, tratando de generar respuestas parciales, hiperfocalizando el gasto social en un momento de tragedia y de pandemia, cuando lo que debió haber hecho desde el primer día es haber entregado un ingreso universal garantizado, sobre todo en los meses más álgidos, de tal manera que la gente pudiera estar medianamente segura y tranquila en sus hogares.
El proceso de vacunación se está haciendo con récords globales. Pero eso no es casual, tiene que ver con que nosotros contamos con un sistema de salud secundario, a través de los CESFAM, que ha vacunado a nuestra población durante décadas.
El Gobierno ha fallado, tanto en lo sanitario, político, económico y en las respuestas sociales; ha sido incapaz de proteger a la mayoría del país.
¿Cuál es la respuesta a su juicio que deberían adoptar los trabajadores del país en este contexto?
La pandemia nos desnudó de cuerpo entero en lo que realmente somos: Un país con una tasa de sindicalización muy baja todavía, con un empleo informal, con empleos subprotegidos, hace que estos trabajadores tengan la imposibilidad de organizarse. Ahí tenemos una primera dificultad.
En segundo lugar, los trabajadores organizados han sido poco escuchados, como el Colegio Médico, la Sochimi, los actores del sector Salud, los profesores que han querido decir: Enfrentemos la pandemia juntos. Los propios municipios no han sido escuchados. Los trabajadores tampoco lo han sido.
Una evidencia de eso es que se planeó volver a clases, pero no se incluyó como norma de prioridad la vacunación de los profesores. Eso es de sentido común. Lo es también que los trabajadores organizados del comercio, el retail y los grandes supermercados, entre otros, no sean reconocidos como prioritarios por el Minsal, pero sí lo son respecto a hacer atención de público aun en cuarentena, teniendo permisos que los obligan a trasladarse hacinados en buses y en el metro. Esas incoherencias son complejas de entender.
Más allá de las acciones que los sindicatos han hecho, yo creo que no han sido suficientemente escuchados en sus demandas. Es un estilo de gobernar de no escuchar a los otros.
El rol que les cabe a los trabajadores organizados es: en primer lugar, denunciar cuando no se protege a su gente. En ese sentido quiero hacer mención a los sindicatos y gremios del sector salud, que han tenido que salir a exigir públicamente la protección y cuidado de sus trabajadores, porque simplemente no tenían mínimos dignos para hacer un trabajo seguro para la población.
Han debido ser los trabajadores del comercio los que han tenido que decir que no se les estaba entregando oportunidades de trabajo, ni se estaba haciendo una relación adecuada en relación con el subsidio al desempleo; no calificaban para el Ingreso Familiar de Emergencia, ni para el Subsidio de clase media.
Entonces, los trabajadores que tienen organización tienen que tener la capacidad de hacer valer su voz para denunciar aquellos actos que están en contra de la norma, contra la ética, contra el sentido común.
En vista de que vamos a vivir muy pronto un proceso tan importante como el constituyente, este es un momento muy importante para repensar no sólo cómo tener un mejor Estado, sino también cómo favoreceremos que los trabajadores tengan más fuerza, más herramientas y una capacidad real de negociación para hacer valer sus propios derechos.
“Desde el mundo del trabajo la definición de igualdad
y no discriminación es central”
En ese contexto ¿Qué rol debería jugar el Consejo asesor de la CUT?
El Consejo Asesor para el proceso constituyente de la CUT está enfocado precisamente en revertir estructuralmente estas dimensiones que han quedado desnudas a raíz de la pandemia. Es decir, la profunda asimetría de poder entre las trabajadoras y trabajadores, el hecho de no tener garantizados derechos sociales y tener un artículo 1 que dice que todos nacemos libres e iguales, pero un articulo 19 que establece un Estado subsidiario, con un rol secundario, que sólo participa en aquellas cosas que no son prioridad, o que no sean negocio. Estas son las cosas que queremos transformar.
Este Consejo Asesor, que ha convocado la CUT, presidido por Juan Somavía, pretende colaborar a que haya una propuesta desde los trabajadores organizados, desde los sindicatos, sobre lo que los trabajadores quieren que sea la nueva Constitución, para poder hacerlo llegar a los 155 miembros que liderarán el proceso constituyente., hombres y mujeres que van a ser electos seguramente el 11 de abril.
La idea de este Consejo es colaborar a que los intereses de los trabajadores adecuadamente resguardados, con fundamentos técnicos, con apoyo y asesoría de gente que viene trabajando en el mundo social, del trabajo y sindical desde hace mucho tiempo. Entonces, somos colaboradores de un proceso para hacer escuchar la voz de los trabajadores en el proceso constituyente y ante quienes van a redactar la nueva Constitución.
-En ese sentido, a tu juicio ¿Cuáles son los tres puntos centrales que deberían estar presentes en la nueva Constitución, desde el mundo del trabajo?
Desde el mundo del trabajo, la definición de igualdad y no discriminación es central. Es decir, erradicar todos los elementos que signifiquen algún tipo de discriminación con efecto negativo sobre algún grupo de la población.
Esto apunta a enfrentar: la brecha salarial entre hombres y mujeres que hoy alcanza al 30%; la discriminación de las personas en situación de discapacidad, que son las personas que tienen menos acceso al mundo del trabajo, por tanto, están condenadas a la pobreza; erradicar la trata o el trabajo mal denominado “negro” o irregular y todo lo que signifique discriminación por alguna razón ideológica, religión, nacionalidad, sexo, orientación sexual, etc.
Un segundo aspecto es garantizarles a todos los ciudadanos y ciudadanas y a todos los trabajadores y trabajadoras, un mínimo piso digno. Y eso está dado porque tengamos una concepción de un Estado solidario que se hace responsable de ciertos mínimos garantizados que tienen que ver con los derechos sociales de la población. Especialmente hago mención a la salud, educación, vivienda y trabajo.
Y en lo específico, en materia del trabajo, lo primero es superar esta noción que nos acompaña y que ha dado lugar a tanta discriminación que es distinguir entre lo que es el trabajo remunerado y no remunerado. Es decir, el trabajo de cuidado y el trabajo de reproducción de la vida que hacen las mujeres debe ser reconocido no una vez al año, si no que reconocido económica y socialmente en la Constitución.
Y, en tercer lugar, los trabajadores deben tener más herramientas para negociar. Y eso implica abrir las puertas para la negociación ramal, por ejemplo, de tal manera de que el sindicato tenga realmente la posibilidad de equilibrar poderes en una sociedad tan desigual como la chilena.
-Cómo experta en temas de desarrollo y protección social ¿De qué manera visualizas los desafíos del mundo del trabajo en lo que resta del siglo XXI?
Hay tres revoluciones en curso y pendientes y depende de cómo las desarrollemos también tendrá que ver el devenir de los trabajadores hoy y futuros, de nuestros hijos y nuestros nietos. Uno es pensar un modelo de desarrollo sustentable ambientalmente.
Pese a que todavía hay personas que no creen en el calentamiento global, existe. Ya es un hecho de la causa. Esto es algo que el mundo sindical tiene que abordar. Cómo el trabajo humano y la producción y reproducción no se oponen a vivir en un ambiente libre de contaminación y sustentable, lo cual debe quedar resguardado en la Constitución.
Un segundo aspecto tiene que ver con la revolución de las mujeres, respecto del género. No vamos a conseguir un siglo XXI más equitativo, un mundo más igualitario, una mejor distribución del ingreso, una sociedad menos violenta si no alteramos la realidad respecto de las mujeres. Y esto no es una solicitud. Es un derecho y es un elemento que las mujeres ya han puesto de relieve en las calles desde hace mucho tiempo y que ya no estamos dispuestas a esperar años y décadas de nuevas regulaciones. Este es un segundo tema que, de alguna manera traspasa al mundo laboral y al mundo sindical, que son realidades que surgen en un contexto machista. Entonces también repensar las organizaciones en su conjunto, incluyendo los sindicatos será parte de las tareas que tengamos post COVID.
Y una tercera revolución de este siglo XXI tiene que ver con pensar el tema de los puestos de trabajo. Nosotros tenemos una pérdida estructural de puestos de trabajo. Un cambio drástico en la economía, en la aparición de elementos y nuevas formas de pensar el mundo del trabajo. Eso va a producir obsolescencia de muchas fuentes de trabajo y va a afectar duramente a países subdesarrollados, como Chile, que no han logrado hacer un paso a un nivel de desarrollo superior. Nosotros seguimos produciendo todavía elementos básicos, cobre, madera, litio, etc. Cómo hacemos para pensar un modelo de desarrollo con la participación de los trabajadores para que Chile deje ese estado de precariedad y demos un salto para reconocer nuestras riquezas en nuestra diversidad cultural.
Yo soy optimista. Siento que, así como en un tiempo récord la ciencia ha sido capaz de encontrar una vacuna, debemos correr con la misma rapidez para salvar al planeta y para producir una redistribución en los ingresos. Esa es la tarea en la cual tenemos que participar todos y todas desde el lugar en donde estemos.