Por Nolberto Díaz (Vice Pdte CUT Chile) y Gabriel Boric (Diputado)
El debate sobre la reforma laboral del Gobierno ha despertado un interés que ha desbordado a las organizaciones de trabajadores más clásicas. Sin embargo, antes de entrar en el proyecto mismo, debemos preguntarnos sobre el rol, necesidades y situación actual de los trabajadores en nuestro país, para entender qué es lo que está en juego con esta reforma.
Hablar sobre el sistema laboral es referirnos al conjunto de instituciones y normas que rigen a la totalidad de los trabajadores de nuestro país. Estos son la gran mayoría de los chilenos y chilenas, actuando en el proceso de mayor duración de sus vidas, y en la actividad que, junto con dormir, más horas de su tiempo consumirá. Estamos hablando de los padres y madres que crían a prácticamente la totalidad de los niños y niñas de este país, y de aquellos que atienden y apoyan a la gran mayoría de nuestros adultos mayores. Se trata de las más esenciales neuronas y músculos con los que cuenta nuestro país. Es, sin duda, la columna vertebral de nuestra sociedad.
Detenernos en la relevancia de los trabajadores permite entender el impacto que puede tener cualquier reforma de este tipo. Fijar una mayor o menor jornada laboral impacta directamente en el tiempo disponible para que todas esas personas tengan y hagan familia. El clima laboral, y los niveles de estrés a los que estén sometidos los trabajadores, afecta su salud y bienestar y, por tanto, demanda más o menos del conjunto de nuestro sistema de salud. La existencia o ausencia de prácticas democráticas al interior del lugar de trabajo fortalece o debilita la condición y hábitos ciudadanos del mayor y más relevante segmento de nuestra población. La posibilidad, o falta de la misma, que tengan los trabajadores para hacer valer sus intereses y necesidades afectará las prioridades y dirección del conjunto del cuerpo social.
Detenernos en la relevancia de los trabajadores permite entender el impacto que puede tener cualquier reforma de este tipo. Fijar una mayor o menor jornada laboral impacta directamente en el tiempo disponible para que todas esas personas tengan y hagan familia. El clima laboral, y los niveles de estrés a los que estén sometidos los trabajadores, afecta su salud y bienestar y, por tanto, demanda más o menos del conjunto de nuestro sistema de salud. La existencia o ausencia de prácticas democráticas al interior del lugar de trabajo fortalece o debilita la condición y hábitos ciudadanos del mayor y más relevante segmento de nuestra población.
A pesar de estas consideraciones, la legislación laboral actual se centra escasamente en el interés de los trabajadores. Una de las transformaciones más importantes de la dictadura, el Plan Laboral de 1979, regula y organiza a los trabajadores desde el punto de vista de las necesidades de la empresa, es decir, como un recurso productivo. Así, reduce el ámbito de la acción del sindicato exclusivamente al marco de la empresa como unidad, y restringe el proceso de negociación colectiva mediante una excesiva regulación y situándolo como una solución de excepcionalidad. De esta forma, la dictadura nos heredó, y la Concertación profundizó, una legislación laboral concebida desde la mirada de que el conflicto entre trabajadores y empleador es un problema para la producción que debe ser reducido a su mínima expresión. Contra esta mirada, afirmamos que la existencia de intereses contrapuestos es un elemento ineludible de toda democracia moderna, y que es necesario dotar a los trabajadores de las herramientas legales y las condiciones políticas para ejercer su derecho de exigir mejores condiciones en la repartición de la riqueza. Más aún, no hay posibilidad de una sociedad plenamente democrática, y de combatir la profunda desigualdad que nos aqueja, si no revertimos desde sus premisas el modelo laboral que nos ha regido estos últimos cuarenta años.
Desde este punto de vista, es muy preocupante la situación del “proyecto de ley que moderniza las relaciones laborales” presentado por el Gobierno. E l17 de marzo, junto a un gran número de organizaciones sindicales, dirigentes y académicos publicamos una declaración alertando sobre el carácter pro empresarial de la reforma del Gobierno. Estas críticas, junto con muchas otras que vinieron desde distintos sectores sindicales, centros de estudio e incluso figuras ligadas a la Concertación, como la ex directora del Trabajo María Ester Feres, fueron sistemáticamente desoídas por la ministra del Trabajo.
Interpelamos al Gobierno de la Presidenta Michelle Bachelet a reconsiderar su posición. Esta reforma es un retroceso para las necesidades de las grandes mayorías de Chile, y el Gobierno planea aprobar esta reforma sin siquiera reconocer esta discusión. Proponemos las siguientes indicaciones a modo de reencauzar este proyecto en el marco de las demandas históricas de las organizaciones de trabajadores y los cambios que ha sufrido el mundo del trabajo en Chile:
-Establecer negociación colectiva por rama con fuero y derecho a huelga. Sin empezar por aquí, la mayoría de los trabajadores en Chile queda, de hecho, excluido de este derecho.
-Frente a la regulación en materia de huelga: aclarar las hipótesis de reemplazo en la huelga, eliminar los servicios mínimos universales, mantener la actual norma en la reanudación de faenas, adecuar al estándar de la OIT el actual artículo 384 del Código del Trabajo y eliminar las trabas burocráticas en su tramitación.
-Eliminar completamente lo que propone el proyecto sobre pactos de adaptabilidad.
-Eliminar las diversas modalidades de la negociación colectiva.
-Establecer fuero y derecho a huelga para los trabajadores más precarizados.
Hacemos un llamado al conjunto de los trabajadores del país a informarse, organizarse y movilizarse. Es urgente dar una señal potente que obligue al gobierno a revisar esta reforma. Como lo ha demostrado la lucha de los estudiantes, sólo la acción en unidad es capaz de ampliar los límites de lo políticamente posible.
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