Por Rabindranath Quinteros/Senador
El empresariado se ha mostrado especialmente inquieto ante el proyecto de ley que amplía y fortalece la negociación colectiva en las empresas y ha re-iniciado una campaña del terror, descalificando la iniciativa que moderniza las relaciones laborales, acusándola de ser pro-sindical y generar desempleo.
Por medio de voceros oficiosos como el presidente de la Asociación de Emprendedores de Chile, Juan Pablo Sweet, la dirigencia empresarial de organismos como CPC y SOFOFA, dejan en claro que no son partidarios de la simetría de las relaciones entre trabajadores y empleadores, y que prefieren las empresas en que no existan sindicatos ni liderazgos laborales.
Resulta curioso, y hasta contradictorio, que el empresariado chileno, formado en colegios y universidades católicas, omita los planteamientos de la doctrina social de la Iglesia y siga promoviendo un estilo de gestión empresarial que niega los derechos básicos de los trabajadores -como su organización en sindicatos- y prefiera a los “grupos negociadores”, sin fuero ni protecciones.
La modernidad empresarial no puede aparecer sólo cuando hay que firmar acuerdos de libre comercio que amplían mercados para sus productos, para transformarse en conservadurismo cuando se trata de mejorar las relaciones laborales y reconocer a los sindicatos. Este comportamiento representa una cultura empresarial que no le hace bien al país ni menos a su desarrollo productivo.
El proyecto del Gobierno imprime mayor adaptabilidad y dinamismo al mercado laboral, al permitir que trabajadores –debidamente representados por sindicatos – y empleadores puedan acordar la aplicación de pactos sobre condiciones especiales de trabajo relativas a la jornada laboral y extender las materias a negociar colectivamente.
También promueve la titularidad sindical, elimina los grupos negociadores cuando en una empresa hay sindicatos, elimina los reemplazos en las huelgas y crea los servicios mínimos en caso de huelga legal.
Está demostrado que la mayor productividad se logra con empresas que invierten en capital humano, innovación y tecnología, promueven climas laborales de colaboración/cooperación, respetan la organización de los trabajadores y acogen la negociación colectiva amplia para concordar materias como los incentivos salariales.
La propuesta del Ejecutivo apunta a generar una nueva cultura en las empresas donde los sindicatos dialoguen con sus empleadores. El sindicalismo, en tanto, debiera valorar estos avances y construir una mayoría que otorgue legitimidad social a esta reforma laboral, dejando en evidencia la minoría que descalifica la iniciativa sin valorar el avance legislativo que este proyecto significa para el mundo del trabajo.
En el Congreso vamos a escuchar todas las opiniones. Ése es el espacio para analizar y perfeccionar el proyecto del Gobierno. Lo que no resulta presentable es que se pretenda paralizar este necesario debate a través de campañas negativas por parte del empresariado.
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