Este miércoles comienza la discusión de la Reforma Laboral en el Senado y las diferencias persisten luego del ingreso de indicaciones del Ejecutivo y el Parlamento. “Hay muchos senadores que están vinculados a actividades empresariales y que debieran inhabilitarse”, dijo la senadora Adriana Muñoz.
Diferencias en el Gobierno, presión del empresariado y molestia de los trabajadores, ese es el escenario en el que se comenzará a debatir, en particular, el proyecto que moderniza las relaciones laborales luego de la presentación de indicaciones por parte del Ejecutivo y de los parlamentarios.
Será la Comisión de Trabajo y Previsión Social del Senado la instancia que revisará el articulado del proyecto y en el cual, se espera, se zanjen las diferencias expresadas al interior del oficialismo luego del ingreso de las enmiendas.
En particular el conjunto de indicaciones presentadas por un grupo transversal de parlamentarios autodenominados propyme, que incorpora aspectos como el aumento del número de trabajadores para formar un sindicato y que estarían siendo estudiadas por el Gobierno que aún no define su apoyo.
Adriana Muñoz, senadora PPD e integrante de la Comisión de Trabajo de la Cámara Alta, criticó a los parlamentarios patrocinantes de dichas enmiendas, “hay muchos senadores que están vinculados a actividades empresariales y que debieran inhabilitarse, hay muchos intereses en disputa”, sentenció.
Para el abogado en derecho laboral de la Universidad Diego Portales, José Luis Ugarte, las indicaciones presentadas por los parlamentarios y el Gobierno representan un retroceso incluso respecto del actual sistema laboral creado en dictadura.
“Se va a dejar sin la posibilidad de formar un sindicato y sin posibilidad de negociar colectivamente a cerca de un millón de trabajadores, o sea, el subir el quórum mínimo no es un problema menor, tiene un impacto significativo”, advirtió.
A juicio del abogado, el sector empresarial ha sabido sacar provecho de un gobierno que aparece dividido en lo ideológico lo que ha permitido a ese sector instalar su postura y manejar el debate a partir de sus necesidades.
De hecho, el presidente de la Confederación de la Producción y el Comercio, CPC, Alberto Salas, insistió con las presiones y aseguró que “acudirán a todas las instancias posibles para modificar el actual proyecto”.
Desde la Comisión de Trabajo del Senado señalan que el debate en particular del proyecto se hará de forma parcelada, por lo que se estima que a mediados del mes de octubre se discutirán los puntos más sensibles, entre ellos las indicaciones presentadas por los parlamentarios pro pyme.
Finalmente, la investigadora de Fundación Sol, Valentina Doniez señala que con las indicaciones de los senadores de la llamada Bancada propyme, como el aumento del número de trabajadores para formar un sindicato, se consolida la desconfianza hacia la actividad sindical. Además, aseguró que esta reforma no logra modificar de manera sustancial el Plan Laboral de José Piñera e impuesto durante la Dictadura.
“Desde nuestra perspectiva, no cambia los pilares del Plan Laboral, no cambia en lo más sustantivo que es, por ejemplo, el nivel de negociación en el que se desarrolla, en cuanto a huelga hemos visto cómo la letra chica es lo que ha primado, por lo tanto es demasiado generoso decir que es un piso mínimo”.
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