Ya lo había adelantado esta mañana el presidente del Senado, Jorge Pizarro (DC): en la Nueva Mayoría “no había piso” para aprobar el proyecto de ley de resguardo del orden público, conocido también como la “Ley Hinzpeter”. Y un par de horas más tarde, en Valparaíso, la Cámara de Diputados rechazó la iniciativa por 51 votos en contra versus 43 a favor, propinándole una dura derrota a La Moneda en su intento por sacar adelante uno de sus proyectos estrella, que buscaba, entre otras materias, crear una sanción especial para los encapuchados en las manifestaciones.
“Esos proyectos nosotros los hemos rechazado clara y categóricamente porque no estamos de acuerdo con reponer la detención por sospecha, no hay que confundir los temas de seguridad con orden público, de manera que los vamos a volver a rechazar, no hay piso”, dijo Pizarro esta mañana tras una reunión en el Palacio de La Moneda con el ministro secretario general de la Presidencia, Cristián Larroulet.
El articulado ya había sido rechazado durante el primer trámite en la Cámara, enviado al Senado y luego a la Comisión Mixta, donde se concordó la propuesta que finalmente fue rechazada hoy en el hemiciclo.
“El proyecto fue rechazado porque los delitos que intenta tipificar ya existen y si bien es posible introducir limitaciones a la expresión de los movimientos sociales, estas deben ser precisas, claras y no interpretables para dar lugar a arbitrariedades”, sostuvo el diputado PS Marcelo Schilling en Radio Cooperativa.
“Lo que hacía (el proyecto) era criminalizar, convertir en delito común la protesta social y eso naturalmente es inaceptable en una democracia”, agregó.
Por su parte, el DC Matías Walker considera que “este es un proyecto que cae en el populismo penal. No hay un solo profesor de derecho penal que haya venido a este Congreso Nacional a apoyar este proyecto, salvo el profesor Juan Domingo Acosta, que es asesor del gobierno”.
Por el contrario, el diputado de RN Cristián Monckeberg lamentó el rechazo de la iniciativa, lo que calificó como una “mala señal”.
“La Concertación nos notificó por el diario que se viene un bloqueo legislativo. Me parece una muy mala medida”, dijo, enfatizando que “acá hay una orden digitada desde el comando de la presidenta electa y eso me parece una muy mala señal”.
Antiencapuchados
El texto legal sancionaba a quienes empleen la fuerza contra los integrantes de las Fuerzas de Orden y Seguridad Pública y los funcionarios de Gendarmería, en el ejercicio de sus funciones, con la pena de presidio menor en su grado medio (541 días a 3 años), siempre que la agresión se verificara a mano armada; si por consecuencia de la coacción la autoridad hubiere accedido a las exigencias de los delincuentes.
La iniciativa además castigaba con la pena de presidio menor en su grado mínimo a medio (61 días a 3 años y un día) a quienes cometieran desórdenes públicos graves, es decir, aquellos que llevaran a paralizar o interrumpir, valiéndose de violencia o amenaza, algún servicio público, tales como los hospitalarios, los de emergencia y los de electricidad, combustibles, agua potable, comunicaciones o transporte; o los impidieran o alteraran; y también la libre circulación por puentes, carreteras, caminos u otros bienes de uso público semejantes, resistiendo el actuar de la autoridad.
También se sancionaba a quienes impidieran o dificultaran la actuación del personal de los Cuerpos de Bomberos u otros servicios de utilidad pública.
Respecto a los encapuchados, el texto legal castigaba con el máximo rigor en la aplicación de la pena a los responsables que actuaran con el rostro cubierto o utilizando cualquier otro elemento que impidiera, dificultara o retardara su identificación; y particularmente cuando esto ocurriera en el marco de actos, manifestaciones o espectáculos públicos que congregaran la presencia masiva de personas.
Fuente: www.elmostrador.cl
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